Santander contratará auxiliares de seguridad para vigilar las playas mientras UGT insta a requerir vigilantes

El Ayuntamiento de Santander está en el proceso de contratar a una empresa de seguridad para el control de los accesos a las playas del municipio este verano. Dado que el Consistorio no cuenta con personal propio para asumir estas funciones, la idea es externalizar el nuevo servicio a prestar para que sea su personal quien responda ante los posibles conflictos que pudieran producirse en caso de aglomeraciones, esperas en las inmediaciones de los arenales o los cierres cuando el aforo esté completo. Pero en el perfil profesional que busca el Ayuntamiento surge ya el primer roce con un sindicato: fuentes municipales han señalado que se requerirán «auxiliares de vigilante de seguridad y similares» -que son personas formadas en seguridad pero «no habilitadas para ir armadas»- mientras que UGT ha instado a la Administración local a contratar vigilantes.

El municipio ha matizado que requerirá a la empresa que se lleve el contrato que todos sus empleados vayan perfectamente uniformados, que dispongan de sistemas de comunicación entre ellos y, también, que deberá designarse un coordinador del equipo. Este último, por ley, siempre deberá ser un titulado como vigilante de seguridad, figura con mayor cualificación, y mayor salario, que el auxiliar. Entre las prerrogativas de los primeros están el derecho a llevar porra, esposas y arma (siempre dependiendo del servicio que se haya encomendado) y las distintas responsabilidades que pueden asumir en el desempeño de sus funciones.

UGT ha reclamado que el Ayuntamiento de Santander no elija una «opción barata y menos fiable» a la hora de poner controladores en la entrada de las playas. Su Federación de Servicios ha instado a recurrir a vigilantes para respaldar a la Policía Local en el control de aforo y el distanciamiento social ya que, según Alberto González, responsable de Seguridad Privada del sindicato, «las fórmulas alternativas no darían los mismos niveles de seguridad y de garantía para los ciudadanos».

«No tendría sentido que no fueran profesionales de la seguridad privada los que se encarguen de colaborar y complementar la vigilancia, cuando la propia Ley de Seguridad Privada y el Ministerio del Interior les habilita específicamente para ello, tal y como ha sucedido durante el estado de alarma y en todas sus fases de desescalada», ha señalado. González ha añadido que «sólo los vigilantes cuentan con la formación y capacitación profesional adecuadas y avaladas por el Ministerio del Interior, se rigen por un convenio colectivo que garantiza sus condiciones laborales y están autorizados legalmente para la prevención de infracciones administrativas con la protección jurídica que les otorga la ley». El portavoz sindical añade que«no sería aceptable que una Administración pública lo obvie y se decante por otras opciones más baratas pero menos fiables».