Intervención se negó a supervisar la refinanciación de la deuda del Racing

El Gobierno encargó al exinterventor general, Gabriel Pérez, un informe sobre el expediente por el que la Oficina de Proyectos Europeos (OPE) – la antigua Coordinadora de Empresas Públicas– y el Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF) deben llevar a cabo las actuaciones procedentes para ceder de forma gratuita todas las marcas al considerarlas «devaluadas», después de que el propio Racing se negase a pagar 500.000 euros para recuperarlas de forma voluntaria, y el aplazamiento de las deudas que, en conjunto, alcanzan los 2.42.000 euros.

Sin embargo, el alto funcionario, atendiendo a la naturaleza jurídica de las dos empresas públicas y teniendo en cuenta que la función interventora se ejerce sobre actos que ya se han producido, se negó a emitir un informe, incluso a pesar de que de forma privada y en conversaciones le reiteraron su petición, según explican fuentes conocedoras del proceso. No obstante, ante el «interés mostrado» –según valora en un documento interno remitido por escrito a la secretaria general de la Consejería de Economía–, Intervención avanzó que fiscalizaría todas las operaciones relacionadas con esta cuestión que realizasen la OPE, prevista para este año en el plan anual, y el ICAF, iniciada y pospuesta en 2017 a petición de la empresa pública y que acababa de retomarse.

A pesar de que todos los trámites ya estaban decididos, según consta en la documentación consultada por este periódico, el Gobierno decidió guardar en un cajón esta doble operación hasta el pasado 25 de enero. Fue entonces cuando el gabinete Miguel Ángel Revilla reactivó en su reunión semanal de la cesión de las marcas y la refinanciación de la deuda a un plazo de 10 años –más de 200.000 euros anuales–, aunque no hizo pública su decisión. La firma, prevista para el 2 de abril, culmina un proceso para ayudar al club que en estos tres años se ha topado con reticencias por parte de los servicios jurídicos y de la propia Intervención, como han reconocido en múltiples ocasiones desde el Gobierno cada vez que se preguntaba por el tema. Se da la circunstancia de que el pasado febrero el consejero de Economía, Juan José Sota, destituyó al interventor general y colocó en su puesto a Pedro Pérez Eslava, por entonces director de la Agencia Tributaria, director de la OPE y uno de los diseñadores de la operación del Racing.

El engranaje diseñado pasa primero por la cesión de las marcas de forma gratuita a la Fundación Racing, que se anunció hace ya nueve meses, y, a su vez, las usará como garantía con el propio Gobierno, el mismo que las regala al considerar que sean devaluado, para avalar la deuda. Una operación de ingeniería financiera que, según el ICAF, «no supone ningún riesgo, ya que es un derecho reconocido desde 2012 y provisionado en su totalidad». Así se lo recordaron sus responsables el miércoles por la mañana a los miembros del Consejo de Supervisión de la empresa pública durante la reunión de más de dos horas que mantuvieron. Los términos del acuerdo pasan por aplazar el pago durante la próxima década con un tipo de interés del 4,95%, que se aplicará desde la fecha en la que se tenía que haber solventado la deuda (21 de marzo de 2017).

¿Y cómo piensan avalar la refinanciación de la deuda? Pignorando las mismas marcas que la Fundación Racing recibirá en cesión de forma gratuita después de que el propio club declinase ejercer su derecho de compra sobre los derechos deportivos y el escudo por 500.000 euros. Es decir, que el club no lo quiere pagar y lo recibe a través de su fundación sin poner un solo euros. Para ello, el Ejecutivo cuenta con un informe jurídico encargado a Río Miera Abogados, que apunta a que las marcas desligadas del club no tienen ningún valor. Cuando se rubrique el acuerdo entre las instituciones, el Racing pagará la primera amortización el 30 de octubre de 2018.