Intervención ratifica la mayoría de las irregularidades en los contratos del SCS
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Sanidad defiende que las conclusiones no incluyen «hechos graves», pero el informe definitivo mantiene la existencia de fraccionamientosPor mucho que la Consejería de Sanidad trate de edulcorar las irregularidades en la contratación del Servicio Cántabro de Salud (SCS), el informe definitivo de Intervención se ratifica en la mayoría de las incidencias detectadas: «el fraccionamiento de contratos con la finalidad ... de disminuir la cuantía de los mismos y así eludir los requisitos de publicidad y los relativos a los procedimientos de contratación que corresponden»; «verifica la existencia de ineficiencias en la contratación», «la recepción de obras y suministros con empresas con carácter previo a la finalización de los trabajos contratados» o «el uso, por parte de la Administración, de bienes que aún no han sido recepcionados, y bienes de los que no consta que se haya efectuado la preceptiva acta de recepción».
La principal diferencia radica en la redacción del documento. Como ya adelantó este periódico, los responsables del órgano fiscalizador suavizan el lenguaje que se utilizaba en la versión original y se eliminan todos los adjetivos -como «importantes incidencias»- para dotarlos de «más objetividad», según explicaron hace semanas desde ese departamento a este periódico.
A pesar de que se mantienen gran parte de los reparos, se admiten varias alegaciones de las presentadas tanto tanto por la Gerencia del SCS como por la Dirección de los hospitales y de Atención Primaria, y se matizan algunas de sus conclusiones.
Una de las más relevantes es la referida a las obras en el edificio que alberga el Hospital Virtual Valdecilla, dado que se trata de una de las contrataciones cuestionadas. Así, el informe, en su versión definitiva, admite las alegaciones, suprimiendo la referencia a su fraccionamiento. Intervención, según el documento al que ha tenido acceso este periódico y que ayer fue remitido al Parlamento, elimina este concepto porque «no existen datos para determinar su corrección o no». Sin embargo, considera que no se han justificado debidamente los motivos objetivos que han fundamentado la licitación de los contratos que tenían por objeto actuaciones separadas.
Sin embargo, se mantiene inamovible con otros fraccionamientos como es el destapado por el Sindicato Médico: la compra de los 22 ecógrafos de Atención Primaria a las empresas Esaote España y a Sakura. Intervención señala que, debido al importe total de la inversión (cerca de 300.000 euros), su división en dos lotes de 11 ecógrafos y, a su vez, cada uno de ellos dividido en otros 11 contratos menores, es claramente una vulneración de la Ley de Contratos para evitar un procedimiento abierto con concurrencia pública de licitadores».
En este caso, el subdirector de Gestión Económica, Javier González, principal aludido en las conclusiones (en las que no hay ninguna referencia a la consejera), procedió a hacer el reparto, a partes iguales, entre Sakura (138.424 euros) y Esaote (152.998 euros).
Donación de Amacio Ortega. Las actas de comprobación son firmadas el 27 de diciembre, sin llegar los equipos. El informe señala que se trata de un procedimiento que «no se adecua a la normativa de contratación»
Mejoras en los centros de salud. Incurrieron en un indebido fraccionamiento. No se aporta documentación nueva que modifique el informe y les recomiendan pedir informes para no caer en este tipo de actuaciones.
Firmas sin potestad. Algunos contratos los encargó el subdirector de Gestión Económica del SCS, Francisco Javier González, cuando no tenía competencias para hacerlo desde su departamento.
Consultas jurídicas. Ante las dudas de fraccionamientos, así como la indefinición legal de la utilización de bienes antes del acto formal de recepción, propone que se realicen consultas jurídicas.
Hospital Virtual. Se retira el fraccionionamiento, ya que no se puede acreditar.No obstante, considera que no se han acreditado suficientemente los motivos por los que se dividió el contrato.
El informe recoge «la incorrecta tramitación administrativa, dado que no se ha justificado debidamente en el expediente el posible fraccionamiento del objeto del contrato», así como «las deficiencias en la contabilización del gasto al emitirse el documento contable de reconocimiento de obligación, con fecha de 29 de diciembre, cuando en esa fecha no estaban recepcionados la totalidad de los equipos adquiridos». También en este caso la inspectora destaca que se alegó el carácter de «urgencia» para proceder a estas contrataciones, pero no queda justificado ni tampoco qué criterios llevaron a determinar cuál es la oferta más ventajosa para cada centro de salud.
Pese que la Consejería ha tratado de rechazarlo considerando que cada centro de salud funciona como un órgano independiente, los interventores rechazan sus argumentos y defienden, como ya hicieron en su día, que se debe comprar como una única unidad operativa. Además, el órgano fiscalizador también recomienda «en aras a evitar la inseguridad jurídica en las actuaciones de contratación», que pidan los informes y el asesoramiento que consideren oportuno.
Sobre la celebración de un cóctel del Consejo de Gestión Extraordinario de fin de año al personal de la Gerencia de Atención Primaria por 5.104 euros que fue abonado dentro de la partida para gastos de comedor, la interventora considera que no puede incluirse dentro de este concepto, ya que «no es un gasto que corresponda a una actividad competencia de la Atención Primaria ni se trata de un servicio de comedor, sino de un gasto protocolario». Sanidad, sin embargo, rechaza este argumento, atribuye un error de concepto en la aplicación del gasto y dice que se trata de una reunión realizada dentro de su jornada laboral. Pero Intervención se mantiene firme y sostiene que no ha recibido documentación alguna que ratifique que dicho gasto se debe a una reunión de trabajo y lo considera «indebido».
A pesar de que mantiene muchas de las irregularidades, como el propio Revilla ha reconocido en numerosas ocasiones, Intervención acepta explicaciones sobre el procedimiento de contratación que han seguido los diferentes hospitales y la Gerencia de Atención Primaria. Según se recoge en el informe, la Intervención General constata que muchas de las conclusiones se refieren a meras incidencias en los expedientes. También valora positivamente en distintos apartados las mejoras procedimentales que se han ido introduciendo en materia de contratación en el SCS, así como la asunción por este organismo de las instrucciones sobre contratación emitidas por la Intervención General y la Dirección Jurídica, observando una evolución positiva, respecto a ejercicios anteriores, en el cumplimiento de la normativa sobre adquisición de bienes y servicios por vía de donación o cesión de uso.
El culebrón de los contratos del Servicio Cántabro de Salud vivió ayer un capítulo de acusaciones cruzadas de «encubrir chanchullos y compinches». Los protagonistas fueron el Partido Popular y el PRC que se corresponsabilizaron mutuamente por tapar las irregularidades del SCS y se enzarzaron en un cruce de comunicados de prensa.
El diputado regional, Íñigo Fernández, lamentó la intervención en la sesión plenaria del presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, que utilizó «tácticas tramposas, como no facilitar los informes de Intervención General sobre el escándalo». «Comparecer en el Parlamento con ese informe y no haberlo remitido previamente a los grupos es una táctica tramposa, es jugar con las cartas, y es decir a toda la opinión pública de Cantabria que no hay ninguna voluntad en el Gobierno por aclarar este escándalo, por aclarar todos estos chanchullos», recalcó el portavoz del PP.
Según subrayó el diputado del PP, «ayer (por el lunes) Revilla se implicó personalmente en la defensa de Luisa Real, hasta el punto de mantenerla en el cargo».
Por su parte, el Partido Regionalista acusó a los populares de ser «quien encubre chanchullos y compinches» al negarse a investigar la etapa de su presidenta María José Sáenz de Buruaga al frente de la sanidad cántabra durante la pasada legislatura. Para el portavoz regionalista, los populares «se agarran a un clavo ardiendo» para justificar su no a una comisión de investigación sobre las contrataciones del Servicio Cántabro de Salud desde el año 2011 a nuestros días. «¿Qué ocultan, qué es lo que no quieren que sepa la ciudadanía?», apostilló.
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