La auditoría recomienda al Gobierno de Cantabria diseñar un plan para controlar las contrataciones

Según se recoge en el documento, al que ha tenido acceso El Diario Montañés, los auditores recomiendan al órgano gestor la aprobación de unas instrucciones para realizar la programación de la actividad de contratación pública, puesto que genera «un mayor aseguramiento del cumplimiento del requisito del artículo 28.4 de la Ley de Contratos del Servicio Público (LCSP) y una mejor planificación de las necesidades de contratación que derive en una gestión más eficiente de los recursos públicos».

Además, también aconsejan la aprobación de un Plan de Contratación conforme a la LCSP, que incluirá, además de la satisfacción de las necesidades generales de la Consejería, las necesidades específicas de la LCC (Plan de Carreteras de Cantabria, Plan de Gestión de Infraestructuras de Cantabria y Plan de Gestión de Infraestructuras Municipales de Cantabria) y las necesidades del resto de Direcciones Generales que permitirán una adecuada gestión de la contratación administrativa. Y es que ha quedado constatado que «no existe planificación de la contratación conforme a la Ley de Contratos del Sector Público, encontrándose en fase de tramitación dicho Plan de contratación».

Del mismo modo, la Intervención General recomienda a Fomento la implantación de una «idónea programación de la contratación anual y/o plurianual completa» que sea coherente con el documento específico de descripción del programa presupuestario, como herramienta que permita avanzar en la incorporación de mecanismos de control que garanticen el cumplimiento de los objetivos asignados. Así como enlazar la programación de la actividad contractual con la estrategia global de la Consejería y con las previsiones presupuestarias.

Por otro lado, aconsejan al departamento que preside Roberto Media que elabore un procedimiento por el cual se verifique el cumplimiento de los objetivos establecidos en la programación contractual. «El establecimiento de un procedimiento y fijación de la frecuencia en la verificación de la ejecución de las actuaciones programadas en materia de contratación, así como constancia documental tanto de las actuaciones de seguimiento de la contratación como de los responsables en efectuarla».

Además, se aconseja la redacción de manuales e instrucciones internas que recojan el procedimiento de elaboración de la programación de la actividad contractual.

En virtud de lo establecido en el artículo 64 de la LCSP, la Intervención General recomienda a Fomento establecer o desarrollar adecuadamente las previsiones sobre conflicto de intereses en el ámbito contractual, pudiendo seguirse las directrices que figuran en el documento 'Detección de conflictos de intereses en los procedimientos de contratación pública en el marco de las acciones estructurales. Guía práctica para los responsables de gestión', publicado por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF). El objetivo no es otro que los responsables de la gestión puedan «prevenir, identificar y solucionar de modo efectivo aquellos conflictos que puedan surgir en los procedimientos de contratación a efectuar».

Otras de las indicaciones de los auditores para evitar más casos como el que se encuentra ahora en fase de instrucción es «garantizar una correcta segregación de funciones en todo el procedimiento de contratación desde la definición de necesidades, la licitación y adjudicación de los expedientes y la comprobación de su correcta ejecución». Es decir, que no sea un técnico o un funcionario el que asuma todas estas tareas sin control alguno.

En la auditoría también se pone en cuestión la adecuación de los presupuestos de licitación respecto a los precios de mercado. De ahí que los redactores del documento aconsejen a Fomento que incorpore a los expedientes de contratación documento de carácter económico y estimación de mercado que «justifique suficientemente que el presupuesto base de licitación fijado es adecuado a los precios de mercado».

En el ámbito de la contratación menor, el informe halla «debilidades» como una definición genérica de las necesidades a satisfacer, «ausencia de firma en las memorias/proyectos que definen las necesidades o la falta de solicitud de tres ofertas o ausencia de acreditación de entrada a las mismas».

Respecto a la ejecución de los contratos, «solo consta como soporte documental para comprobar la ejecución del contrato la relación valorada firmada por el director de obra. Si bien para la tramitación administrativa del reconocimiento de la obligación, este documento puede resultar suficiente, desde un punto de vista técnico se deberían incorporar a la fase de ejecución medios acreditativos para una adecuada comprobación». Además, en uno de los expedientes analizados se ha detectado que se conforma la factura con anterioridad a la elaboración de la relación valorada de comprobación de la ejecución del contrato. También hay dos expedientes en los que las ofertas no han sido firmadas por los licitadores y en otros seis no constan la solicitud de ofertas.

Los auditores han detectado, además, que en tres expedientes la solicitud de servicios «no está firmada por el órgano competente» y en otros tantos las memorias/proyectos de obra en los que se ponen de manifiesto la existencia de necesidades «no están firmadas por el técnico correspondiente».

Para hacer frente a estas deficiencias, la Intervención General aconseja realizar una «definición precisa de las necesidades a satisfacer, así como promover la solicitud de tres ofertas que fomente la concurrencia efectiva en la contratación». Y respecto a la fase de ejecución de los contratos de obra, insta a «promover la existencia de medios de acreditación documental que acompañen las relaciones valoradas del director de obra».

Finalizada la auditoría habrá que ver ahora si la Fiscalía y el resto de acusaciones del proceso judicial toman en cuenta todas estas conclusiones a la hora de refrendar sus cargos frente a los diez investigados.