El interventor de Astillero estuvo «meses» detrás de los contratos de la empleada: «Solo había facturas»

«No había nada, solo facturas», ha indicado, para expresar a continuación que «daba por hecho» que había un soporte legal para esta contratación, ya que como ha evidenciado «era imposible que facturara sin contrato». Esta relación contractual comenzó en enero de 2007 y acabó en abril de 2010, a raíz precisamente de un reparo suyo, aunque «tenía que haber finalizado en diciembre de 2008» en vez de encadenarse «tres contratos menores».

Así lo ha manifestado el responsable de la intervención municipal durante 2009 y 2010 este viernes en el juicio contra el exregidor, para el que la fiscal pide diez años de inhabilitación para empleo o cargo público, y la trabajadora contratada, que se enfrenta a un año de prisión, multa de 160.000 euros y una indemnización de 98.749 al Consistorio, a aportar conjuntamente entre ambos procesados, por 38 facturas giradas por este montante total.

En la tercera sesión de la vista, que arrancó el miércoles en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria con el interrogatorio de los acusados y concluirá el próximo lunes, además de este interventor ha declarado su antecesor, que ha apuntado por su parte que el contrato menor suele tener una duración límite de un año -seis meses prorrogables durante otros tantos-.

Este testigo, propuesto igualmente por las acusaciones, se encargó de fiscalizar el decreto de Alcaldía de agosto de 2008 por el que se prolongó la contratación de la empleada en cuestión, decreto a sus ojos «correcto».

A preguntas de las partes ha agregado que el secretario municipal -que interpuso una denuncia por supuesta usurpación de funciones de la hermana de la procesada, funcionaria responsable de recursos humanos, y que desembocó en esta causa- no le advirtió de «ninguna» ilegalidad relacionada con la contratación enjuiciada, ni siquiera de forma verbal.

Su sucesor, que fue interventor acumulado -su puesto principal era en el Ayuntamiento de Torrelavega pero tuvo dedicación parcial en el de Astillero, desde diciembre de 2008 hasta 2011-, ha relatado que estuvo «meses detrás» de los contratos de la empleada acusada y ha puntualizado que se los pidió «dos veces» en persona al secretario.

Ha manifestado que se acuerda perfectamente de «la tarde», en abril de 2010, en la que «por fin» aparecieron. Se los facilitó una administrativa del departamento de intervención a la que preguntaba «periódicamente» por estos contratos. En concreto, le proporcionó copia de los mismos -cree que a ella se los habían dado en Alcaldía-, y lo recuerda porque fue uno de los días que más «enfado» ha sentido en los más de treinta años que lleva prestando este servicio.

En concreto, las fotocopias facilitadas eran de dos acuerdos de la Junta de Gobierno Local por sendos contratos menores y de un posterior decreto de Alcaldía. Así, el interventor se cogió «un disgusto» -ha dicho- porque el secretario se había limitado a manifestarle que no había «nada» de documentación contractual, pero no le mencionó que hubiera acuerdos del órgano de gobierno, decretos del primer edil o contratos menores, extremo que ha achacado a que tendría «la cabeza en otro lado».

Y es que, según ha asegurado el interventor, de haber sabido eso, hubiera detectado «antes» que había una «irregularidad», pues se estaba efectuando «una prestación sin cobertura» legal para hacerlo. Así, le dio «tal rabia» conocer los «antecedentes» de esta contratación, que «en ese mismo momento» hizo el informe de reparo con el que se suspendió la contratación y en el que cometió algún «error gramatical» por la «rabia» que sentía al escribirlo, ha apostillado.

El interventor ha abundado en que lo que le «cegó» fueron las fechas de la contratación, y ha rememorado que pensó que el contrato que él se imaginaba estaba «vencido» cuando los «antecedentes» del mismo era contratos menores.

Así las cosas, ha insistido en que si en abril de 2009 hubiera tenido la documentación, habría cesado entonces la relación contractual con la acusada, que se encargó del análisis del organigrama y otros trabajos previos a la elaboración la Relación de Puestos de Trabajo.

En cualquier caso, ha manifestado que se trataba de un contrato menor «secundario», ya que no era «el más importante» de este tipo en el Ayuntamiento sino que había otros más «graves». A ello se suma que había consignación presupuestaria además.

Y aunque el interventor -que iba «dos tardes» a la semana al Ayuntamiento y «a los euros», esto es, a la fiscalizar facturas, no contratos-, sí veía a la implicada por el Ayuntamiento y hablaba con ella por teléfono alguna vez, pero desconocía el objeto de su contrato, «como si estuviera adscrito a la Banda e Música», ha apostillado. Y a propósito de Cortina, ha expresado que nunca se ha reunido «con ningún alcalde» para, por ejemplo, pedir informes. «Me niego, por principios», ha zanjado.

En relación con la RPT, promovida por otro interventor previo, que desempeñaba sus funciones en Astillero cuando la procesada comenzó a trabajar para el Ayuntamiento -2006, a través de la Agencia de Desarrollo Local-, este testigo ha indicado que él fue «a retranca» de esa iniciativa laboral, que entonces «era una moda» y suponía «una bomba», por la complejidad y dificultad para sacarla adelante.

Junto a esto, hay que tener en cuenta -ha dicho- que la contratación «no era lo que mejor funcionaba» en Astillero, así como la situación económica y financiera del Ayuntamiento en aquel momento. En este punto, ha indicado que la RPT -que podría suponer cerca de 200.000 euros anuales más para las arcas públicas- «quedó empantanada» y «sobre la mesa» precisamente para «garantizar» que esta administración local «no entrara en quiebra».

Es más, ha subrayado que llegó a informar desfavorablemente sobre esta iniciativa, ya que se preveía una bajada de retribuciones a un porcentaje «importante» de la plantilla municipal, cuando la expectativa en estos casos es que haya una subida.

En esta sesión del juicio también han declarado otros testigos, como concejales o trabajadores municipales -de la ADL o Policía Local- que, en términos generales, han coincidido en que veían a la trabajadora acusada en el Ayuntamiento, en un despacho del Grupo Popular según un edil del PSOE, pero municipal según un cargo de confianza.

Además, ha testificado el tesorero, que ha indicado que fue contratada por el alcalde o la Junta de Gobierno Local -órganos competentes- y la hermana de la implicada, militante del PP y que ha manifestado tener «la certeza» de que fue el primer interventor el que participó en el proceso de selección del puesto enjuiciado.

Esta mujer, funcionaria responsable de recursos humanos, ha apuntado que la procesada fue contratada como autónoma y ha manifestado que «tendría vacaciones» a preguntas por su ausencia en el Consistorio durante dos meses que no facturó.

Para finalizar, ha denunciado «hostigamiento total» y «manía persecutoria» hacia ella por parte del secretario que denunció los hechos.