El interventor desmiente a Cortina: «No pedí que se contratara a la trabajadora»

De hecho, la idea inicial de la Sala era que el juicio finalizara mañana y no será posible porque aún quedan por declarar varios testigos que no lo han podido hacer en los dos primera jornadas. De ahí que el presidente de este tribunal, Agustín Alonso, planteara ayer incluso trasladar al 12 de abril la continuidad del juicio.

Hay que recordar que los hechos que son objeto de este juicio tuvieron lugar entre 2007 y 2010. El Ministerio Público sostiene que el exregidor cometió irregularidades al contratar y realizar pagos a una trabajadora -hermana de una funcionaria municipal-, que se encargaba del área de personal. La Fiscalía culpa, además, a la empleada aludida de aprovecharse supuestamente de su relación con Carlos Cortina, «gracias a su pertenencia al mismo partido político», para conseguir una ocupación laboral relacionada con la administración, que le habría reportado un total de 98.750 euros. Por ello, le imputa un delito de tráfico de influencias y solicita un año de cárcel y una multa de 160.000 euros, mientras que para el exalcalde, retirado de la política en 2018, reclama diez años de inhabilitación para empleo o cargo público y una indemnización de 98.750 euros para el Ayuntamiento astillerense a pagar de forma solidaria con la otra acusada en este pleito.

La sesión de este jueves, dedicada a las primeras testificales, arrancó con la comparecencia del secretario municipal de El Astillero, que fue quien, con su denuncia, dio lugar a esta causa.

Durante las más de dos horas de testifical, la más larga hasta el momento, el secretario afirmó que «el problema que había era que la empleada presentaba muchas facturas y se fraccionaban los pagos». Además, «eran trabajos que no se correspondían con el contrato».

A preguntas de la fiscal Felicidad Andrés Puerto, el funcionario (lleva 23 años desempeñando su puesto en este Ayuntamiento) apuntó que en el caso de los contratos menores (como el que se hizo con la acusada) «lo normal es pagar de una vez». Sin embargo, esta empleada (que entonces era autónoma) pasaba facturas de 2.900 euros mensuales, según señala la Fiscalía, «cuando para fraccionar el pago tiene que haber un acuerdo previo expreso que lo justifique». «Los contratos menores es un tema que llevaba el alcalde, que por ley es quien ordena los pagos», añadió.

El secretario municipal aseguró también que a la acusada «nunca se la contrató para hacer una valoración de puestos de trabajo» y que las facturas de 2009 y principios de 2010 «sin contrato o soporte legal para hacerlo» se abonaron «por consentimiento político», porque Cortina «firmó todas las órdenes de pago».

Sobre su relación con los acusados, este funcionario dijo que con el alcalde era «normal» y que «nunca» tuvo problemas con la trabajadora, con la que tenía contacto «de cortesía» y a la que veía «frecuentemente» por el Ayuntamiento, en un despacho del PP.

De su lado, el interventor municipal, que no sabe quién fijó la retribución de la empleada, señaló que, si bien fue el «impulsor» de los trabajos encomendados en el marco de esta contratación, no fue él quien propuso dar el empleo a la acusada. «Me reunía con ella cada cierto tiempo para supervisar su labor y hacer sugerencias o aportaciones. Tenía la formación y experiencia, y por tanto capacitación para desarrollar este trabajo, que realizó satisfactoriamente». Sin embargo, coincidió con el secretario en que «no es legal», tener dos contratos menores por el mismo objeto y dijo que hubo «un error» en la redacción del contrato.