La investigación destapa la mayor trama de corrupción en Cantabria ligada a la obra pública

Aunque la investigación se centra única y exclusivamente en la supuesta actividad delictiva de los últimos diez años, el modus operandi del funcionario -la adjudicación de obras a cambio de mordidas que luego blanqueaba- se remonta a 2003 y eso implica la participación de hasta una veintena más de empresas, la mayoría cántabras y algunas tan importantes como Ascán, Arruti (en liquidación), Cuevas Gestión de Obras y Contratas Piñera (Asturias).

En Cantabria no hay un precedente igual. Estamos ante el mayor caso de corrupción ligado a la obra pública: más de veinte empresas señaladas, algunas de Asturias y Castilla y León; un proceso de corrupción que, al menos, se ha prolongado durante los últimos veinte años; un entramado de sociedades interpuestas y hasta ficticias para blanquear el dinero; y una cifra de dinero que, de momento, se ha movido imposible de calcular, pero que sí deja cantidades asombrosas al hablar de contratos, adjudicaciones y enriquecimientos ilícitos de patrimonios individuales.

Aún es pronto para determinar la magnitud de esta causa que ha convulsionado la vida política y social de la región y que, de momento, ha descabezado la Consejería de Obras Públicas. Habrá que esperar a conocer si de los registros realizados el 22 de febrero, tanto en la sede de la Consejería como en las cuatro empresas implicadas (La Encina, Cannor, API Movilidad y Rucecan), se desprende alguna otra ramificación y aparecen nuevos personajes en la trama.

Lo que ha trascendido hasta ahora es el sistema que tenía montado la familia Diez-Del Río, primero, para favorecer a las empresas que optaban a las obras licitadas por el Gobierno de Cantabria y, después, para blanquear el dinero que recibían (las mordidas) a cambio de esas adjudicaciones. ¿Cómo beneficiaba el funcionario a ciertas empresas? El 'capitán', como le denomina uno de los empresarios, figuraba como responsable del contrato o como facultativo director del contrato de consultoría; era miembro de la Mesa de Contratación, actuando como vocal representante del órgano de contratación; era responsable, además, de pronunciarse sobre el cumplimiento de las condiciones de adjudicación, de la identificación de ofertas anormalmente bajas; y se encargaba también de elaborar los informes sobre la justificación de dichas ofertas desproporcionadas o temerarias o sobre la modificación de precios de los contratos.

Una vez que se adjudicaban las obras, las empresas procedían al pago de las correspondientes «comisiones», tal y como recoge el informe patrimonial de la Agencia Tributaria, que diferencia dos periodos de tiempo, desde 2003 a 2011 (hechos que habrían prescrito al transcurrir diez años) y de 2012 en adelante, que es en lo que se centra la investigación judicial. En la primera etapa analizada, la AEAT señala como pagadores a un total de 19 empresas (catorce cántabras, cuatro asturianas y una leonesa) vinculadas a la construcción y que fueron adjudicatarias de diferentes obras públicas por diferentes administraciones autonómicas y locales como el Gobierno de Cantabria, el Principado de Asturias o diputaciones de Castilla y León, entre otras.

Durante esa primera década, las empresas realizaron los pagos de forma directa o indirecta a la mujer del funcionario, Beatriz del Río. Entre esas sociedades, se encuentran algunas destacadas cántabras como Arruti -en liquidación-, Ascán, Cuevas Gestión de Obras y la asturiana Contratas Piñera. Entre 2003 y 2007, estas sociedades declaran haber realizado pagos a Beatriz del Río «bien por tráfico comercial o a cambio de servicios prestados por esta». Pero en ese momento, la mujer del funcionario estaba dada de alta como autónoma en categorías profesionales que nada tenían que ver con la obra pública.

En 2007, surge, con un «claro perfil instrumental», la primera empresa ficticia para recibir las mordidas, Zakescur, que está operativa hasta el año 2012. El patrimonio neto de la familia Diez-Del Río experimenta unos incrementos que «no se justifican» con los ingresos comprobados por la AEAT, pasando de una valoración de 162.070 euros en 2003 a 4,6 millones en 2012. Teniendo en cuenta que las rentas generadas por la familia ascendieron a 1,5 millones, el incremento de patrimonio no justificado ascendió a un total de 2,9 millones.

Desde 2012 hasta 2019 hay un parón en la percepción de ingresos procedentes de las empresas y la masa patrimonial del funcionario se estabilizó.

A partir de 2019, coincidiendo con los cambios producidos en el Gobierno de Cantabria y con el nombramiento de Diez como jefe de servicio de Carreteras Autonómicas, la trama familiar reproduce la estructura empresarial que en su día creó con el fin de incorporar al patrimonio familiar los ingresos procedentes de las empresas adjudicatarias de obra, dando de este modo apariencia de legalidad a estos ingresos.

En ese momento surge la segunda empresa «ficticia», Parivara Lagani, dedicada a las fotocopias, cuya administradora es la mujer del funcionario y sus socias son sus dos hijas, Cecilia y Sofía. La función de dicha sociedad, que no ha podido demostrar actividad alguna, es la de blanquear las supuestas mordidas procedentes de las empresas que empiezan a verse beneficiadas en esta época y que ahora están investigadas: La Encina y Cannor, Rucecan y API Movilidad. Entre 2020 y 2022, la familia Diez-Del Río se habría beneficiado de más de 504.000 euros procedentes de estas cuatro firmas.

Y para poder realizar esos pagos, los empresarios utilizaron otras sociedades interpuestas. Al menos ese es el sistema que articularon los hermanos Secundino y Elías Celis (Rucecan), ambos investigados, que emplearon cuatro entidades más para pagar las comisiones.

Como complemento a esto, Beatriz del Río estaba asalariada en La Encina, por lo que recibió 70.482 euros entre 2019 y 2022, a pesar de no desempeñar actividad alguna. Más dinero. Junto a los 529.400 euros hallados en el registro de la casa del funcionario, los cinco inmuebles de su propiedad y las cuentas de Luxemburgo, los investigadores detectaron unos ingresos de 2,8 millones en 2022 a pesar de que el sueldo de Diez -en prisión provisional- es de 69.160 euros anuales. Y otra cifra más. Entre 2019 y 2022, los fondos obtenidos de manera ilícita por la familia Diez-Del Río ascendieron a 1,4 millones. Lo que no ha trascendido, por el momento, es el beneficio económico que han tenido en los últimos veinte años las 23 empresas que se han visto beneficiadas de la adjudicación de diversas obras públicas. La magistrada que instruye este caso, Mercedes Compostizo, que sigue practicando diligencias, ha solicitado los nueve expedientes que estaban pendientes de licitar por parte de la Consejería de Obras Públicas.

El 'caso Obras Públicas' tiene un precedente similar, bastante cercano en el tiempo, aunque a una escala mucho menor. Se trata de las mordidas de Javier Escalona, el técnico de la Oficina Comarcal de Extensión Agraria de Ontaneda que durante años cobró una tarifa a los ganaderos de los Valles Pasiegos por la tramitación de ayudas públicas y que aceptó dos años de cárcel tras entregar los 15.886 euros que cobró indebidamente a los ganaderos entre 2003 y 2011.

Más lejos quedan la condena de 2002 a tres años de cárcel y trece de inhabilitación para cargo público del expresidente del Gobierno regional, Juan Hormaechea, por pagar con fondos públicos remitidos de prensa en los que insultaba a sus adversarios políticos; y la investigación judicial que impulsó el juez Luis Acayro Sánchez en Castro hace 15 años, cuyo caso más importante, el de La Loma, se saldó con apenas tres condenados (entre ellos el exalcalde Fernando Muguruza) por delitos de prevaricación urbanística, pero con penas que no superaron los dos años. El último caso vinculado al Gobierno es el de los dos ex altos cargos del Servicio Cántabro de Salud, inhabilitados por prevaricación en contratos menores.