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Cuando la pasada semana este periódico se puso en contacto con Novo Banco para preguntar por una presunta estafa localizada en la oficina que hasta diciembre tuvieron abierta en Santander, desde la entidad respondieron con varias premisas. Reconocían, de entrada, estar investigando «irregularidades en la gestión de un exempleado» ... , adelantaban que ya habían «activado los protocolos de atención a los clientes potencialmente afectados» y mostraban su disposición de atender «los derechos legítimos de sus clientes afectados de forma transparente de acuerdo con la legalidad». Una semana después, el discurso es parecido. Por el medio anunciaron, eso sí, que estaban «ultimando» acciones legales contra su exempleado y, a preguntas de este periódico, en las últimas horas, han asegurado que «para el banco es prioritario esclarecer este tema cuanto antes».
Más que ofrecer nuevos detalles, Novo Banco insiste en su discurso. Que «avanza en su proceso de investigación interna» y que «este exempleado ya no tiene ninguna vinculación ni profesional ni laboral con la entidad». Preguntados por lo que podrían estar ofreciendo a los afectados aclaran que «en este momento» no están «haciendo ninguna oferta». «Las reuniones que el banco está llevando a cabo con sus clientes tienen carácter confidencial, como no podría ser de otro modo». De hecho, insisten nuevamente en que ellos activaron «de manera inmediata los protocolos de atención personalizada a los clientes potencialmente afectados a los que están atendiendo». Aseguran, además, que mantienen con ellos «una línea de comunicación directa y permanente para establecer un marco de diálogo en el que el banco se compromete a atender las consultas que cada cliente pueda necesitar resolver».
Detalles concretos de la investigación que están realizando internamente -que «sigue su curso, abierta y avanzando»-, por ahora, ninguno. Ni en qué año empiezan sus indagaciones, ni qué se están encontrando al repasar los extractos de los clientes de la oficina que cerraron en diciembre en Santander (por un ERE que no estaba vinculado a esta polémica), ni qué planes concretos manejan. «Nuestra voluntad -repiten en sus respuestas a este medio- es extremar la transparencia y poder atender los legítimos derechos de nuestros clientes y no difundiremos nada que pueda perjudicar la investigación o afectar a la confidencialidad de estos». Guardan, visto lo visto, un prudente silencio.
El mismo que al cuestionarles por otros posibles implicados en las presuntas irregularidades, ya que hasta ahora la investigación se centra sólo en Jacobo Vidal. ¿Han detectado otros nombres (algo que no descartaban fuentes de la Fiscalía)? «Por el momento el banco no puede precisar este extremo. Se está llevando a cabo una investigación interna con el objetivo de esclarecer los hechos. Asimismo, se está reuniendo toda la información necesaria para analizar su alcance. En cualquier caso, el banco no puede facilitar información al tratarse de un asunto 'sub iudice' (pendiente de una resolución judicial)». Y, por último, tampoco precisan si sus cálculos del 'agujero' generado por las presuntas irregularidades coinciden con la cifra de unos cincuenta millones de euros que aparece reflejada en las diligencias informativas de la Fiscalía tras la declaración de Jacobo Vidal. «Las fuentes oficiales de Novo Banco -remiten por escrito- no han avanzado ninguna cifra al respecto. La investigación interna sigue su curso y hasta que no concluya no vamos a desvelar información alguna. Por otro lado, la información deberá ser presentada a las autoridades judiciales».
Entre tanto, los afectados realizan también su propio acopio de documentación. Todo, de cara a apurar las negociaciones con el banco para explorar las opciones de recuperar su dinero. Ellos, en este aspecto, necesitan confirmar tres cuestiones antes de acudir a otras vías -según explicaban esta semana a El Diario-. Si, efectivamente (más allá de las palabras), el banco está dispuesto a responder, cuándo está dispuesto a hacerlo y con cuánto dinero. De esas tres claves dependerá evidentemente si las conversaciones se mantienen en la mesa de un despacho o se trasladan a un juzgado.
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