Investigado y culpable

¿Significa, por ello, tal renuncia un acto irrelevante? No, creo que no, ya que ante una opinión pública que considera mayoritariamente que los políticos gozan de privilegios que no alcanzan al resto de ciudadanos y que la corrupción es uno de los problemas más graves que afectan a nuestro país, positivo es que nuestros representantes políticos hayan dado un paso al frente y con tal renuncia manden un mensaje a la opinión pública manifiestando así su decisión de abordar con decisión la regeneración de nuestras instituciones públicas, tarea ésta que todos los ciudadanos consideran necesaria y urgente, tal y como demuestran sistemáticamente cuántas encuestas de opinión se hacen sobre los problemas que preocupan a los españoles.

A la hora de abordar este problema es conveniente tener en cuenta que para que haya un corrupto es preciso que exista un corruptor y que, por ello, a unos y otros debiéramos juzgar con idéntica severidad. Y es que si a todo cargo público debe exigirsele un plus de ejemplaridad ello no debe ser obstáculo para que a quienes obtengan prebendas de un político, o de un empleado público con responsabilidad en la administración de los bienes comunales, mediante el pago de una comisión o beneficio, se le castigue con idéntico criterio, para que otros no caigan en la tentación de tales comportamientos.

Expuesto lo anterior es preciso matizar que la eliminación del aforamiento debe ir acompañado de un cambio en los comportamientos que los propios ciudadanos mantenemos ante los políticos y la necesidad de establecer un estricto código por parte de todos –políticos, medios de comunicación y ciudadanos en general– para que quien por el simple hecho de ser objeto de una denuncia, dando así lugar a la correspondiente apertura de investigación judicial, no se le considere inmediatamente culpable, y que ello sea aprovechado por sus oponentes políticos para exigirle su cese, o que el afectado, ante la presión de una opinión pública, en muchas ocasiones manipulada, y de unos medios de comunicación en los que pueda primar más su interés por captar audiencia que en informar con la ética que debiera impregnar su importante función, se vea inducido a renunciar a su cargo.

Ello debe conllevar que a los políticos, al igual que al resto de ciudadanos, debe respetárseles la presunción de inocencia, pues éste es un derecho que a todos, sin exclusión, nos asiste, lo que exige que todos admitamos que 'investigado' no significa 'culpable' y que el hecho de que se abra una investigación judicial –salvo flagante delito, claro– el político afectado deba ser apartado de sus funciones y mucho menos tratado como un delincuente, pues su posterior absolución, si ello se produce, no le resarcirá de los perjuicios causados.

Todo esto obliga igualmente a acabar con los registros judiciales a toque de trompeta, añadiendo así más morbo a tal acción, y sobretodo que los afectados sean detenidos con gran parafernalia de policía y previo aviso a los medios de comunicación. Estas prácticas, tantas veces vistas en estos últimos años, exigen que por quien corresponda –supongo que los jueces que tramitan los correspondientes asuntos– busquen a los responsables de las filtraciones, pues no es normal que una decisión judicial sea conocida con anterioridad a su ejecución y que expedientes secretos estén en todos los periódicos y no pase nada ni nadie pida responsabilidades.

Por todo ello, castíguese con dureza y ejemplaridad a los políticos corruptos, dado que por su representación publica deben tener un plus de ejemplaridad para la sociedad a la que representan, pero solo cuando se haya demostrado su culpabilidad y no antes. Juzguese con rapidez a los corruptos y no se eternicen los casos años y años, pues con ello se da la sensación de que la corrupción afecta a la totalidad de nuestros políticos, lo cual es totalmente incierto, pues la mayoría son ejemplares en su comportamiento. Y sobre todo, que la accion de la justicia sirva para castigar a los verdaderos culpables –corruptos y corruptores– pero nunca para ayudar a destruir la vida, personal y familiar, de quienes por el simple hecho, noble hecho, de dedicarse en un momento dado de su vida a la política, alguien, por espurios intereses, aproveche una investigación judicial, consecuencia de una denuncia hecha con mayor o menor fundamento, para sus innobles fines.