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Hace un año, el sindicato UniónGC alzaba la voz para denunciar la penosa situación que se vivía en algunos cuarteles de Cantabria, donde iba a ... parar la marihuana que incautaba la Guardia Civil para secarla y pesar los cogollos, soportando durante días los vapores que emana el cannabis. Era aquel un problema de salud para los guardias y sus familias, y también de seguridad de las dependencias, expuestas al olfato de los traficantes. La denuncia del sindicato fue escuchada por la Delegación del Gobierno en Cantabria y, ahora, ya no son los guardias los que procesan la marihuana.
Expertos jardineros acuden a la llamada del instituto armado cada vez que encuentran una plantación de marihuana en la región y se hacen cargo de una primera manipulación de las plantas. Ahora, en vez de cargar con kilos y kilos de plantas frescas, de buscarles hueco en un cuartel, de ponerlas a secar de manera adecuada para que no se pudra, los agentes lo que se llevan son unas pequeñas bolsas de marihuana triturada y envasada al vacío, que no huelen a nada.
En Cantabria es la empresa de jardinería La Encina la que está realizando este trabajo. Lleva un año colaborando con la Guardia Civil, que paga por sus servicios cada vez que acude a un dispositivo, un gasto que asume el Citco (Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado) del Ministerio del Interior. Han ido ya este año «a una quincena de casas» con plantaciones de marihuana de interior y también «a una plantación en un invernadero de Entrambasaguas» con plantas de exterior, cuenta uno de los jardineros. No precisan de un equipo específico para ir a hacer este trabajo, que abordan «como haríamos con cualquier planta, con ropa de faena y guantes».
Primero, los guardias civiles que han encontrado la plantación ilegal sacan unas muestras siguiendo un protocolo determinado: hay tantas plantas y en tantos estados de crecimiento, han de coger tantas muestras de hojas y cogollos de manera aleatoria. Después, con la operación explotada, llaman a La Encina, a la que envían la localización del lugar para que sepan llegar. Acuden dos jardineros, que normalmente han de cortar todas las plantas si los guardias no lo han hecho antes.
Llevan una máquina trituradora que dispone de un tubo especial, «para que triture y directamente todo pase a una bolsa, que se envasa al vacío y se pesa». Por último, aplican un tratamiento herbicida a toda la tierra y a los tiestos, para eliminar también los esquejes pequeños que hayan quedado.
Todo ello lo realizan bajo la supervisión de los agentes y, de esta manera, 500 plantas pueden verse reducidas a apenas dos bolsas, que son las que se llevan los agentes al cuartel, donde permanecen muy poco tiempo hasta que se trasladan a un búnker, situado en un lugar secreto de Cantabria, donde se guardan incautaciones de gran valor y alijos importantes de droga.
Y desde allí se organizan traslados porque esta droga acaba en una planta incineradora en Asturias. Lo que llega al juez, son los análisis de las muestras recogidas por los agentes antes de que llegaran los jardineros. Estas muestras se remiten a Sanidad Exterior, donde se analiza y se determina el contenido de Tetrahydrocannabinol (THC), que es la sustancia química psicoactiva principal de la marihuana, precisamente la causante de los efectos embriagadores que llevaban años sufriendo los residentes en los cuarteles. Es, por tanto, Sanidad Exterior la que corrobora que tal muestra es una droga que figura en los listados internacionales de sustancias prohibidas.
«Este sistema supone una ventaja importantísima, beneficiosa para todo el procedimiento que se sigue una vez detectado un cultivo ilegal», valora el secretario de UniónGC en Cantabria, Javier Nodar. Contar con jardineros no sólo termina con las molestias y problemas de salud que se sufrían en los cuarteles, casas anexas y en la vía pública, sino que garantiza una correcta manipulación de las plantas por parte de profesionales para que luego llegue a buen término la instrucción judicial, porque se han dado casos extremos, como el que ha podido conocer este periódico de unas plantas introducidas en un bidón para su custodia en un cuartel. La marihuana fermentó y, cuando un guardia fue a abrir el bidón, los vapores generaron una explosión que proyectó la tapa de ese contenedor, que pudo haber herido al agente.
El balance de plantaciones incautadas en Cantabria (alrededor de 10.000 plantas destruidas en lo que va de año) habla por sí solo. «Aquí se interviene muchísima marihuana. Porque la hay y porque se está trabajando intensamente para detectarla», destaca Javier Nodar. La presión policial en el sur del país contra las redes del hachís podría estar detrás también de este lucrativo negocio de la marihuana en el norte.
Hace tiempo que en la región este tipo de cultivos ilegales están en auge, «y llegó un momento en que ni siquiera podíamos investigar porque no teníamos dónde meter las cosas», admite Nodar. Porque, aparte de la propia marihuana, estas plantaciones llevan toda una parafernalia de extractores, generadores, ventiladores, focos, cables y demás aparatos que ocupan un importante espacio del que carecen los cuarteles, que tampoco están preparados para que se guarde todo esto dentro.
También esta parte se ha solucionado, pues ahora el material intervenido en las plantaciones los agentes lo introducen en sus furgones, donde se queda como mucho un par de días y luego se lleva directamente al depósito judicial, situado en un polígono de Santander, cuando antes se quedaba meses y meses durmiendo en los cuarteles.
A los que resten valor a este acoso policial a una sustancia como la marihuana, que parte de la sociedad no considera perjudicial, Nodar recuerda todos los delitos asociados a las redes que están detrás de las plantaciones, que ganan mucho dinero incumpliendo leyes. «Pon que se incautan 800 kilos de marihuana y que el gramo lo venden a seis euros... calcula lo que ganan. Hay un enriquecimiento ilícito e importantísimas pérdidas por parte de la compañías eléctricas porque están enganchadas a la luz para evitar que se detecten. Por no hablar del peligro para la comunidad en la que están estas viviendas con plantaciones, por el riesgo de cortocircuitos o incendios».
Si la marihuana fuera legal, el negocio se terminaría. «Si planto diez para consumo propio, y no 500 para venderla, y pago la luz que necesitan esas plantas, ya no es rentable. El negocio de la marihuana está en hacerlo de forma ilegal».
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