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La orden del Ministerio para la Transición Ecológica que prohíbe la caza del lobo y que trae por la calle de la amargura al Gobierno ... de Cantabria contiene una disposición adicional. La que permite «aplicar medidas de extracción y captura de ejemplares que cuenten con una autorización administrativa que se conceda por la autoridad competente de la comunidad». O sea, que en casos excepcionales –y siempre que se cumplan sin resultado todas las medidas preventivas que señala la orden– se pueden autorizar batidas puntuales en territorios concretos. Con el objetivo de eliminar precisamente esa excepción, la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel) acudió a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. Para tumbar la disposición. Pero los magistrados no han aceptado su petición.
La orden establece esa opción tras haber agotado todas las medidas preventivas y siempre que se demuestre que hacerlo no afectaría negativamente al estado de conservación favorable del lobo. En este sentido, la Sala no aprecia «perjuicios de difícil o imposible reparación» en esta medida. En un auto del pasado 25 de noviembre, al que ha tenido acceso Europa Press, los magistrados descartan entonces suspender la ejecución de la disposición adicional. Ascel lo pedía porque varias comunidades se han basado en este punto para autorizar «controles letales de la especie protegida». Y aseguraban que se habían «regulado ya los controles sobre el lobo, permitiendo su caza» (en el caso de Cantabria las órdenes no se han autorizado finalmente desde los tribunales).
Así las cosas, la asociación lamentaba que la ejecución de esa disposición provocaba una serie de «daños y perjuicios no evaluables económicamente, cuyo alcance y reparación resultan de difícil valoración e imposiblerestauración». Y recordaban que la propia Sala ya avaló la prohibición de la caza.
Ahora, la Audiencia explica que los perjuicios «no se desprenden con contundencia del escrito de solicitud de la medida» por parte de la asociación, «pues la ejecución del acto recurrido, que permite tales controles letales, contrariamente a lo argumentado por Ascel, no haría ineficaz el posible resultado estimatorio del recurso interpuesto». Resumiendo, que el problema no estaría en la disposición adicional, sino en las órdenes autorizadas por las comunidades, que podrían ser recurridas. «Actos administrativos expresos que son susceptibles de ser recurridos a través de los mecanismos ordinarios».
«El problema para nosotros sigue existiendo mientras la Audiencia no entre al fondo del asunto, que es la orden en sí misma del Ministerio que incluye al lobo en el Lespre. Pero Ascel sigue poniendo trabas y quería dejarnos sin esa pequeña puerta que tenemos mientras esta orden esté vigente. En este sentido, es un pequeño varapalo para Ascel», comentaba ayer a este periódico el consejero Guillermo Blanco, que insiste en que Cantabria prepara «nuevas órdenas» para autorizar extracciones puntuales, aunque los tribunales hayan dejado, por ahora, en punto muerto las primeras.
El consejero aprovechará un viaje de trabajo a Bruselas este fin de semana para trasladar a varios altos cargos (el responsable de la Dirección General de Medio Ambiente y Biodiversidad de la Comisión Europea, Humberto Delgado, y el jefe de unidad de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural, Joao Onofre) la problemática del lobo y entregar a los representantes comunitarios los datos actualizados de los daños causados en el ganado en los últimos años en Cantabria y en las demás comunidades del Noroeste de España. «Bienvenida sea la iniciativa del Parlamento Europeo solicitando a la Comisión Europea que permita a las regiones la gestión de especies que, como el lobo, suponen un factor adicional de riesgo para la viabilidad de las explotaciones ganaderas, por supuesto apostando por la coexistencia, como siempre hemos hecho en Cantabria, y esperamos los movimientos de la Comisión y del Gobierno de España en el mismo sentido que el Europarlamento», apunta.
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Ana del Castillo
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