El juez Acayro Sánchez recurre el auto que avaló la querella del Colegio de Abogados

Según han confirmado fuentes del caso a este periódico, Acayro Sánchez presentó su recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal el pasado 22 de marzo, al que el Colegio de Abogados ha respondido mostrando su oposición. Ahora se tendrá que conformar una Sala de Apelación para resolver este nuevo trámite.

El mismo día que Acayro Sánchez presentó su recurso, el Colegio de Abogados solicitó la suspensión del plazo de diez días concedidos por la Sala para la presentación de su escrito de acusación, «al no tener la certeza de disponer de la totalidad del procedimiento, que en todo caso no se encuentra foliado».

La respuesta de la Sala fue que no ha lugar a la solicitud, «teniendo en cuenta que las partes tiene acceso a la totalidad de las actuaciones en el sistema Vereda, salvo los DVD que contienen las diligencias de prueba y que ya les fueron entregados a las partes en su momento». Todo ello, añadió el tribunal, «sin perjuicio del recurso de apelación» interpuesto por el investigado contra el auto que acordó continuar el procedimiento contra él.

Una semana después, el 30 de marzo, la Sala emitió una nueva diligencia de ordenación complementaria en la que suspendió -hasta la resolución del recurso de apelación- el plazo de diez días concedidos a las partes para solicitar la apertura de juicio oral, formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o excepcionalmente la práctica de diligencias complementarias. En caso de que se rechace la citada apelación, se abriría de nuevo el plazo a las partes para solicitar la apertura de juicio oral.

Cabe recordar que la querella del Colegio de Abogados se sustenta en dos asuntos. Por un lado, sostienen que Acayro Sánchez dictó resoluciones con la finalidad de investigar la relación contractual que une al letrado José María Real con el Ayuntamiento de Castañeda, las retribuciones, facturación, y forma de pago de los servicios prestados como abogado al Consistorio, informando sobre ello a la Agencia Tributaria. La instructora señala que el magistrado acordó practicar tres diligencias «sin motivar por qué y para qué y ajenas al objeto del procedimiento (si la licencia concedida a unas edificaciones se ajustaba a la ley)».

Por otro lado, el Colegio de Abogados denuncia que Acayro dedujo testimonio a la Fiscalía contra Real por la supuesta comisión de un delito de falsedad documental (que después se descartó). «El magistrado acuerda injustificadamente deducir testimonio», concluye la instructora.