El juez decidirá a finales de noviembre sobre la vuelta de Diez a Obras Públicas

Tal y como ya se ha publicado, la detención de Miguel Ángel Diez, entonces jefe del Servicio de Carreteras en comisión de servicios, y la gravedad de los hechos que los investigadores le imputaban (la adjudicación de forma irregular de contratos a diversas empresas a cambio de comisiones), empujaron al Gobierno regional del momento, PRC/PSOE, a suspenderle de empleo y sueldo, una decisión, esta, contra la que el afectado presentó un recur- so contencioso-administrativo que la Justicia deberá resolver a finales del mes de noviembre, para cuando se ha fijado la vista de su reclamación.

De ese procedimiento dependerá el futuro profesional de Diez, que ahora mismo no puede pisar la Consejería de Obras Públicas por encontrarse suspendido de empleo y sueldo.

De acordar el juez que aquella fue una decisión bien tomada y concluye que debe mantenerse, Diez, que actualmente ni trabaja ni cobra un sueldo de la Administración, permanecería apartado de cualquier función pública el tiempo que se determinara en la resolución de ese recurso. Pero de decretar el magistrado que fue una decisión mal tomada, o que ha perdido su sentido, el funcionario deberá ser readmitido en su puesto.

Una decisión ciertamente incómoda para las autoridades regionales, que se verían abocadas a reincorporar a su organigrama –bien es cierto que «muy alejado de cualquier responsabilidad», aseguran fuentes del Gobierno– a un trabajador acusado de hasta cinco hechos delictivos graves (cohecho, fraude en la contratación pública, blanqueo de capitales, prevaricación y falsedad documental) por los que todavía no ha sido juzgado.

A este respecto se pronunció ayer, viernes, el nuevo consejero del área, Roberto Media, quien, en un comunicado de prensa redactado para valorar la puesta en libertad de Diez, manifestó «el máximo respeto a las decisiones judiciales».

Según indicó a continuación, «nuestro único interés es salvaguardar el dinero público y que el peso de la Justicia alcance a todas las personas que puedan haber estado implicadas en esta trama de corrupción».

También, el consejero quiso «aclarar algunos aspectos». Por ejemplo, «que hay que recordar que el funcionario implicado en esta trama está suspendido de empleo y sueldo desde el pasado mes de marzo y, por lo tanto, no se va a poder incorporar a su puesto de trabajo al menos a corto plazo», esto es, hasta finales del próximo mes de noviembre, que será cuando el juez resuelva el contencioso.

Media, que en ese comunicado no aclara, sin embargo, qué decisiones va a tomar su departamento en el caso de que la Justicia dé la razón al funcionario, es decir, cuáles van a ser las condiciones en las que el acusado se reincorpore a su puesto laboral, subrayó que, de forma paralela, «seguimos trabajando en la auditoría que se está practicando dentro de la Consejería para conocer el alcance de esta trama, que arrancó hace dos décadas, y, tal y como prometió la presidenta, María José Sáenz de Buruaga, en cuanto tengamos las conclusiones definitivas de este caso las haremos públicas, porque nuestra misión es abrir puertas y ventanas y conseguir que la Consejería de Fomento, con la ayuda de todos sus trabajadores, sea un departamento ejemplar en la gestión del dinero público».

No fue, esta del nuevo consejero, la única reacción habida ayer a la puesta en libertad de Diez, sobre la que no quisieron pronunciarse ex altos cargos del Ejecutivo regional pero sí, por ejemplo, la Asociación de Constructores-Promotores de Cantabria, personada en la causa como acusación popular.

Consejera de Presidencia y Justicia del Gobierno regional anterior, en cuyo mandato se destapó la supuesta trama corrupta, Paula Fernández-Viaña mostró «nuestro máximo respeto por las decisiones que adopte la jueza», con la que, quiso puntualizar, «el PRC va a seguir colaborando ahora desde la oposición lo mismo que colaboró entonces desde el Gobierno».

«Nada que añadir por mi parte», dijo escueto en un mensaje el regionalista José Luis Gochicoa, exconsejero de Obras Públicas y uno de los daños colaterales de un caso que le costó la dimisión de su cargo.

En idénticos términos se pronunció Pablo Zuloaga, exvicepresidente del Gobierno regional y jefe del ala socialista del Ejecutivo bajo cuya tutela se produjeron todos los hechos supuestos. La puesta en libertad de Diez es a su modo de ver «una decisión de la Justicia sobre la que no tengo nada que decir».

Todo lo contrario que el presidente de la Asociación de Constructores-Promotores de Cantabria, a quien más que la puesta en libertad del principal acusado en esta trama, «una posibilidad de la que ya nos había advertido nuestro servicio jurídico», le preocupa «lo poco que se ha avanzado en estos seis meses para que se celebre un juicio en el que se determine si los indicios que apuntan a la comisión de esos delitos son reales y se juzgue a los responsables».