La jueza continúa con la instrucción, en la que ya hay una decena de investigados

En estos momentos, son diez las personas investigadas en una causa que sigue en fase de instrucción y que no tiene precedentes en Cantabria. De hecho las consecuencias políticas que tuvo fueron demoledoras. El caso descabezó a la Consejería de Obras Públicas, puesto que el expresidente Miguel Ángel Revilla se vio obligado a sacrificar a su «mejor hombre», el consejero José Luis Gochicoa, y al director general de Obras Públicas, Manuel del Jesús.

Aunque ahora se cumple el segundo aniversario de las detenciones y el registro de sedes, la investigación nació tres años antes, en marzo de 2022.

La Delegación de la Agencia Tributaria en Cantabria recibió una denuncia anónima en la que se alertaba de la posible participación de un alto funcionario del Ejecutivo regional en la manipulación de adjudicaciones de contratos de obra pública. «Mediante la emisión de informes técnicos y su participación en las mesas de contratación, esta persona habría logrado que una serie de empresas resultaran adjudicatarias de los contratos», advertían. A raíz del aviso, los investigadores de la AEAT detectaron indicios de un enriquecimiento económico del núcleo familiar más cercano del funcionario.

Tras las primeras actuaciones, la AEAT formó un equipo conjunto con la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y se judicializó la investigación, que desde ese momento dirige la titular del Juzgado de Instrucción Nº5 de Santander, Mercedes Compostizo. Ya en un primer momento, la Unidad Operativa de Vigilancia Aduanera de la AEAT pudo determinar que la familia del funcionario había experimentado un importante incremento de patrimonio no justificado durante el periodo comprendido entre 2013 y 2022, que se puede estimar en varios millones de euros. Si bien hay otro informe patrimonial que se remonta al año 2003 y también apunta a incrementos patrimoniales de la familia Diez-Del Río procedentes de pagos de una veintena de empresas.

«El alto funcionario intervenía en la preparación de ofertas de licitadores concretos, emitiendo, presuntamente, una valoración arbitraria de los criterios subjetivos de valoración de ofertas y expulsando a otros potenciales licitadores. Para ello, modificaría precios, negociaría los términos de las licitaciones con empresas concertadas y haría uso de información privilegiada».

La fase en la que 'explotó' la operación se concretó ese 22 febrero de 2023 con la detención de ocho investigados: Miguel Ángel Díez, su mujer Beatriz del Río, sus hijas Cecilia y Sofía, y los empresarios Secundino Vidal Celis (administrador único de Rucecan), Elías Celis (apoderado de Rucecan), José Saiz (administrador único de Cannor y La Encina), y José Luis Blanco (apoderado de Api Movilidad e Imesapi). Solo el funcionario ingresó en prisión provisional (durante siete meses).

En los registros realizados el día de las detenciones, los investigadores hallaron en la vivienda del cabecilla de la trama lo más llamativo: 530.000 euros en una caja fuerte y una máquina de contar dinero. De forma paralela al proceso judicial, el caso abrió una crisis en el PRC que se saldó con las dimisiones de Gochicoa –que recibió un homenaje cargado de polémica– y de Del Jesús, que posteriormente se reincorporó a la Consejería hasta que el PP accedió al Gobierno. Hubo una tercera víctima política: el subdirector general de Carreteras, Sebastián Martín, que fue destituido tras conocerse que se había citado en el Celler de Can Roca con el funcionario y dos de los empresarios implicados.

A finales del pasado julio, los investigadores entregaron a la jueza sus conclusiones definitivas, cifrando en 1,5 millones el dinero en supuestas mordidas que recibió el funcionario de las empresas investigadas. Dos meses después, la instructora tomó declaración a todos los investigados, los testigos y peritos.

El cabecilla de la trama defendió su inocencia y aseguró que «alguien que quería echar a Revilla del Gobierno me ha usado como cabeza de turco».

En la actualidad, las defensas están a la espera de recibir una «ingente» documental para su análisis.