La jueza señala para abril una vista para decidir si aparta a las empresas investigadas de once obras

Fue hace ya dos semanas cuando la magistrada Compostizo aceptó la petición del Ejecutivo regional para ampliar la investigación a las personas jurídicas, con el fin de analizar la propuesta de apartar a las empresas presuntamente implicadas en el caso de corrupción protagonizado por el jefe del servicio de Carreteras, Miguel Ángel Diez, de los procesos en los que este participó y que se encuentran en marcha en la Consejería de Obras Públicas.

Hasta ese momento, tan solo estaban encausados los propietarios o representantes legales de Rucecan, La Encina, Cannor y API Movilidad e Imesapi, pero como personas físicas, a título individual.

Tras dar el visto a la propuesta del Gobierno, la jueza dio un plazo a las cuatro compañías para personarse en la causa con abogado y procurador. Y todas ellas ya han nombrado a sus respectivos representantes legales.

Una vez que ya están personadas, las empresas están a la espera de esa vista, en la que podrán alegar sobre la prohibición de contratar solicitada por el Gobierno al considerar que no sería responsable contar con ellas a la hora de determinar la adjudicación de los expedientes en los que intervino el funcionario detenido, que continúa en prisión provisional en El Dueso.

Una de esas sociedades, API Movilidad, ya ha remitido un escrito a la instructora en el que califica de «desorbitada» la petición del bipartito al entender que «no tiene encaje legal, ni concurren los requisitos legales para su aplicación y resultan absolutamente desproporcionadas por cuanto provocarán daños irreparables e irreversibles».

A juicio de API Movilidad, las medidas solicitadas por el Gobierno cántabro «no son cautelares». «No están previstas en la Ley de Enjuiciamiento Civil, ni tampoco en el Código Penal, a pesar del intento que se realiza». Lo que cree esta empresa es que la intención del Ejecutivo es, «lisa y llanamente», la de expulsar a las compañías señaladas de las licitaciones en trámite, «de modo que serán otras empresas las adjudicatarias o queden desiertos los concursos».

Respecto a los contratos ya adjudicados, API Movilidad piensa que «el Gobierno quiere que las empresas sigan obligadas a realizar los trabajos o prestar los servicios previstos, pero sin cobrar (a pesar de tener que hacer frente al resto de sus obligaciones frente a proveedores, trabajadores, etc)». «No se aprecia ninguna circunstancia de urgencia ni justificativa que haga necesaria la adopción de las medidas cautelares solicitadas, y no se ha puesto de manifiesto la concurrencia indiciaria de delito corporativo y eventual responsabilidad penal de las personas jurídicas, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo».

Once son los expedientes que están pendientes de adjudicación y en los que aparecen las empresas investigadas. Entre las actuaciones a realizar se encuentran algunas muy simbólicas, como la rehabilitación del puente de Somo, con un presupuesto de 4,4 millones de euros y que, a falta de formalizar el contrato, tenía como preadjudicataria a una filial de API Movilidad.