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La instrucción del 'caso Obras Públicas', el de la supuesta adjudicación de obras en Carreteras a cambio de mordidas, entra en su fase final. Ayer ... se practicaron nuevas declaraciones a algunos de los imputados y, una vez que la jueza practique otras diligencias que quedan pendientes, estará en condiciones de dar el siguiente paso, que será el de incoar el procedimiento del jurado popular y convocar la comparecencia de imputación. Y es que, según han confirmado a este periódico fuentes cercanas a la investigación, los diez investigados en la causa serán juzgados por jueces legos, teniendo en cuenta que uno de los delitos que se les imputa es el de cohecho.
Estamos ante la misma situación procesal que la de los cinco investigados en el 'caso Gesvicán', una derivada del 'caso Obras Públicas' donde se investigan también irregularidades en contratos de Carreteras, por las que están imputados dos técnicos de la empresa pública vinculada al Gobierno regional y tres empresarios.
El pasado mes de abril, este periódico adelantó que el Gobierno de Cantabria –que ejerce la acusación particular en el procedimiento– ha ampliado los cargos respecto al que fuera jefe de Carreteras en la región, Miguel Ángel Diez, su mujer Beatriz del Río, administradora de Parivara Lagani (la empresa ficticia con la que supuestamente blanqueaban las mordidas de los empresarios), y los responsables de la mercantil Rucecan, Secundino Vidal Celis y Elías Celis.
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Según detallaron fuentes cercanas a la investigación, el Ejecutivo regional detectó hace meses supuestas irregularidades en otros contratos en los que intervinieron tanto el funcionario como los responsables de Rucecan. Todo ello tras un análisis exhaustivo de las conversaciones que constan en el sumario y en las que los investigados hacen mención a ciertos contratos en carreteras.
Como consecuencia de la ampliación de la investigación acordada a instancia de la letrada del Gobierno de Cantabria, la instructora acordó una nueva declaración de Diez, su mujer, los hermanos Celis y el representante mercantil de Rucecan. Ayer comparecieron los dos primeros y ambos se acogieron a su derecho a no declarar, con lo que no aportaron nada nuevo respecto a los hechos que les atribuye el Gobierno regional. Hoy declararán los responsables de Rucecan.
El 'caso Obras Públicas', en el que hay una decena de imputados, nace en la primavera de 2022. La Delegación de la Agencia Tributaria (AEAT) en Cantabria recibió una denuncia anónima en la que se alertaba de la posible participación del jefe de Carreteras en la manipulación de adjudicaciones de contratos de obra pública. «Mediante la emisión de informes técnicos y su participación en las mesas de contratación, esta persona habría logrado que una serie de empresas resultaran adjudicatarias de los contratos», advertían los investigadores.
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