La Justicia, al borde del «colapso» tras dos semanas de huelga de los letrados

La huelga de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) –lo que se conocía hasta 2015 como secretarios judiciales– se cumplieron ayer sin el más mínimo movimiento. El Ministerio de Justicia sigue enrocado. No ha hecho nada por reunirse con ellos, pese a que así lo dicta la ley cuando hay un problema laboral, y los funcionarios, por su parte, siguen firmes en su decisión de continuar adelante con la protesta. Piden, entre otras cosas, que su sueldo aumente hasta el 85% del que cobran jueces y fiscales –ahora perciben en torno al 65%–. El problema es que, mientras tanto, el atasco endémico de la Justicia en Cantabria –reconocen– la sitúa al borde del «colapso».

Hoy comienza la tercera semana de movilizaciones y las cifras son abrumadoras: se han suspendido hasta el momento «más de 600 actos» en los que es necesaria la presencia ante un juez, hay 1.040 demandas pendientes de repartir y 2.300 escritos sin aceptar, que se unen a los más de 13.000 que estaban pendientes de proveer el 23 de enero, el día anterior al inicio de la huelga. Además, se han cancelado 14 bodas civiles. Sólo en los juzgados de Primera Instancia de la capital se dejaron de celebrar ayer 32 juicios.

La bola sigue creciendo y todas las partes implicadas –menos el Ministerio, que no se ha pronunciado aún– fijan la vista en el horizonte. Confían en que la huelga no será eterna y que en algún momento quedará resuelta. «El problema es el gran colapso que se está generando. Luego será difícil ponerse al día, así que todos tendremos que hacer un sobreesfuerzo», explica Belén Alonso, portavoz regional de la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ).

Una opinión que comparten abogados y procuradores que, junto con la ciudadanía, sufren los daños colaterales del conflicto. «La huelga está causando un gran trastorno que agudiza el atraso endémico de las tramitaciones en los juzgados. Esta situación viene a añadir un perjuicio mayor», explica Rosaura Díez Garrido, decana del Colegio de Procuradores de Cantabria.

«Es que la vuelta a la normalidad puede ser catastrófica. Todos debemos comprometernos para sacar adelante el gigantesco atasco que se está produciendo, también las autoridades políticas que deben poner muchos más medios humanos y técnicos», añade su colega Andrés de Diego, decano del Colegio de la Abogacía de Cantabria.

El lunes se reunieron los representantes de los letrados, procuradores y abogados en un ambiente de buena sintonía. «Respetamos su derecho a la huelga, por supuesto. Lo que es injustificable es la postura del Ministerio», relata De Diego. Eso sí, les trasladaron una petición. Aunque son conscientes de que cada funcionario tiene la libertad o no de comunicar si va acudir a su puesto de trabajo, les insistieron en la necesidad de encontrar un modelo que pudiera facilitar la tarea de comunicar a sus clientes con la antelación suficiente si un juicio o una declaración va a ser suspendida. Porque las protestas de los letrados se ha llevado por delante desde bodas hasta el pago de pensiones de alimentos e indemnizaciones. Estos funcionarios gestionan las cuentas de depósitos y consignaciones, de donde sale el dinero para los pagos de multas, indemnizaciones, costas judiciales o embargos de sueldos.

Hasta ahora, la única manera que tienen abogados y procuradores para saber si su agenda se cumplirá, es llamar al juzgado a primera hora e informarse o acudir personalmente. En muchas ocasiones, ya es demasiado tarde para avisar a sus clientes y evitar así disgustos y viajes en balde. Así se lo trasladaron a los funcionarios públicos en la reunión, en la que se comprometieron a buscar una fórmula para tratar de minimizar las molestias. De hecho, tienen intención de debatirlo en la próxima asamblea.

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