«Era justo lo que faltaba para arruinarnos»

«Era justo lo que nos faltaba para arruinarnos», manifiesta Rodrigo Díaz, uno de tantos camioneros que esta semana hicieron una parada en alguna de las estaciones de servicio de Hoznayo –de las más frecuentadas por los profesionales de este sector– para comer algo y asearse. «Es un abuso. Quieren sangrarnos más a los trabajadores en beneficio de los que viven muy bien sin dar un palo al agua. Espero que sea sólo una bala al aire para ver cómo reacciona la opinión pública, porque si no, se va a armar gorda».

El posible impuesto empieza a tomar forma después de que la Diputación de la provincia vecina aprobase el pasado 27 de junio el proyecto de la norma foral que lo regulará. Hay una hoja de ruta y un objetivo en el tiempo que están bastante claros, con la previsión de que los arcos de cobro empiecen a funcionar a finales de este mismo año.

Se inaugurará en el tramo entre Llodio y Basauri (BI-625) y la N240, y se irá extendiendo después a más de 100 kilómetros por los que habrá pagar para poder circular. Entre las carreteras afectadas se encuentra también la A-8, en el punto limítrofe con el País Vasco, por el que entran y salen a diario cientos de camiones cántabros y que además hacen ese trayecto varias veces a la semana.

«En mi caso soy uno de esos que debería pagar una y otra vez porque es el recorrido que hago siempre. Voy de Asturias al País Vasco y vuelta, así que imagínate», resume José Luis Pérez, natural de Liérganes. Hace una pausa en Hoznayo para repostar combustible en el camión cisterna que conduce, donde transporta amoniaco. «No pueden ponernos más y más impuestos. Esto es un atraco. Ya tenemos bastante con los carburantes, que no hacen más que subir. Si seguimos a este paso, es seguro que al final vamos a tener que poner dinero para poder trabajar», se resigna, irónico.

Retira el tapón del depósito y comienza a llenarlo. Cuenta que en 2019 llenaba los 400 litros de diésel con 370 euros y que ahora ha llegado a pagar 700. «Si continúan cobrándonos hasta por respirar, llegará un momento en que no podremos sacar ningún beneficio y tendremos que dejar los camiones». Y es que no es fácil repercutir todos estos incrementos de costes en el precio del transporte. Los profesionales que trabajan con contrato lo tienen algo más fácil, porque los convenios suelen ser más beneficiosos;pero muchos de los autónomos no lo pueden hacer, pues siempre hay competencia preparada para llevarse el trabajo por menos dinero.

Sobre este asunto se ha discutido largo y tendido en las mesas de negociación que han reunido en las últimas semanas a representantes del Ministerio con el Comité Nacional del Transporte. Precisamente porque es un apéndice fundamental de la nueva Ley de la Cadena del Transporte, cuyo borrador debería estar listo para revisión el próximo 3 de agosto, según avanzó el Gobierno. «La duda es si estará listo como prometieron, me temo que no», avanza Gerardo Pontón, representante de Aetrac, una de las asociaciones de transportistas de Cantabria, que ve en el posible cobro de peajes una «medida completamente discriminatoria».

«Espero que no se materialice nunca, porque no tendría sentido. Los transportistas ya pagamos nuestros impuestos, que creo que son suficientes para costear el mantenimiento de las carreteras», apunta Pontón. «No tienen que acusarnos de desgastar las vías porque no sólo nosotros circulamos por la carretera», matiza.

Desde el colectivo se repite como un mantra la necesidad de adoptar soluciones concretas para «que se tomen medidas realistas y efectivas de cara a frenar la sangría de pérdidas que afectan al transporte». No sólo porque miles de familias dependen de que este negocio funcione, sino porque si la cadena de transporte no funciona, y los sobrecostes obligan a repercutir los incrementos de precio en el valor final del producto, «la inflación terminará en el 20% este mismo año».

Por no hablar de la seguridad. Para otro de los camioneros que hace un parón en Hoznayo, José Ángel Crespo, es fundamental «pensar en las consecuencias que todo esto puede tener en la circulación. Los transportistas cambiarán las rutas, volverán a las carreteras nacionales donde se gasta más combustible, donde hay más accidentes... En fin, que es un completo paso atrás», señala. Su compañero de cabina, Rudi Schlichting, añade algo más:«En toda Europa se cobran peajes, pero no sé si tiene sentido que de pronto lo instauren en una carretera que no es nueva y que se encuentra en buen estado», matiza.

Este hipotético tributo, que podría llegar a finales de año, tampoco tiene sentido para la otra asociación de transportistas de Cantabria, Asemtrasan:«Me consta que el Comité Nacional de Transporte lleva varios años discutiendo con Gipuzkoa, que aplicó esta norma de los peajes hace tiempo, y ha logrado que algunos recursos prosperen;pero en cuanto entran en juego cuestiones forales, es difícil que nos den la razón», explica el portavoz de este colectivo, José Andrés Cianza, que califica el cobro de «atrocidad».

Nadie descarta que los camioneros vuelvan a aparcar los vehículos si nadie les da una solución. «Lo único que podemos hacer es volver a protestar. Pero hace falta que lo hagamos todos. Porque me hacen mucha gracia los que en el anterior parón siguieron trabajando pero luego se beneficiaron de lo que conseguimos los demás», critica Díaz.

Agosto no es buen mes para dirimir ninguna diferencia. El verdadero curso arrancará en septiembre y de cara al final de año se sabrá en qué queda la medida;pero todo apunta a que a los transportistas, que están en pie de guerra desde el parón por el coste del diésel, no les temblará el pulso para volver a parar si lo creen necesario para defender sus intereses.