El juzgado archiva la denuncia por prevaricación contra el rector de la UC

Los supuestos hechos delictivos que denunció Agüeros tuvieron lugar el 27 de julio de 2016 en una reunión del equipo de Gobierno de la UC con los miembros del comité de empresa. El profesor relataba en la denuncia que tenía en su poder «una grabación de una conversación donde se puede oír» al vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado, Ernesto Anabitarte, «reconocer que las plazas en la mayor parte de los casos tienen detrás un nombre», a lo que el rector respondió, según la versión del denunciante, que «cuando sea muy escandaloso ese asunto se le echará mano». Y añadía que el propio Pazos había admitido que hay «ciertos» departamentos «con los que hay que tener un compromiso».

Agüeros presentó esta denuncia un día después de que el medio digital OKDiario publicase una noticia asegurando que las plazas de profesor que convoca la UC «están amañadas y salen a concurso con unos requisitos diseñados a la medida de un candidato concreto». La información se acompañaba de unos audios en los que Agüeros, entonces representante del sindicato CSIF y delegado del comité de empresa, recrimina al rector que las mencionadas plazas docentes se estén adjudicando «ilegalmente» en vez de ser ofertadas por el método correcto de libre competencia, algo que Pazos parece reconocer y lo justifica en que es una acción «muy habitual». La grabación que publicó el citado medio fue la misma que la que el profesor aportó en su denuncia.

El máximo responsable de la institución académica salió al paso de esa información asegurando que las grabaciones estaban «editadas, manipuladas y convenientemente cortadas» para trasladar conclusiones que «no son reales». Pazos señala que era «una situación que me dejaba muy indefenso, porque una persona saca una grabación de hace tres años –realizada además sin el conocimiento de los presentes en esa reunión– y te puedes acordar más o menos de lo que has dicho, pero no con exactitud de todo. Pero cuando he tenido acceso a la totalidad de la grabación, se ha comprobado exactamente lo que yo afirmaba», explica.

Durante todo el proceso, Pazos ha mostrado su «absoluta tranquilidad», ya que ha defendido que la denuncia se fundamentaba en «falsedades» y formaba parte de «una operación de caza y captura», en la que se incluye también el envío en diciembre de una carta anónima con amenazas y coacciones a su domicilio, instando a la UC a que «investigue la larga lista de delitos» que se desprenden de la presunta falsificación de firmas en al menos tres contratos vinculados a proyectos de investigación de la UC, de las que el autor de la misiva acusa directamente a Pablo Coto, decano de la Facultad de Económicas y Empresariales, y Pedro Casares, profesor de Economía y actual secretario general del PSOE en Santander y candidato a la Alcaldía, aunque cuando ocurrieron los supuestos hechos delictivos, en 2012, aún no era concejal.

Manuel Agüeros también interpuso otra denuncia por la presunta falsificación de su firma en estos contratos –de los que formó parte de la comisión de selección del personal junto a Coto y Casares– con el objetivo de beneficiar, supuestamente, a un allegado de Pedro Casares.

La causa sigue actualmente su instrucción en el juzgado. El pasado 15 de febrero el magistrado Vegas tomó declaración al profesor asociado de la UC en calidad de denunciante, al que también se le realizó una prueba pericial del cuerpo de su escritura para poder cotejarla con las firmas estampadas en las actas de contratación y tratar de determinar su autenticidad o falsedad. Agüeros entregó ese día el documento de audio al que se refiere en su denuncia y que, según él, demuestra que los hechos que relata son ciertos.

Casares y Coto han negado con rotundidad las acusaciones recibidas e incluso una grabación de 2015 permite escuchar al decano acusar a Agüeros de «falsificar» su propia firma de manera intencionada en 2012, haciendo una rúbrica que no es la suya para «fabricar pruebas» que utilizar en el futuro para su beneficio personal –en 2015 solicitó un aumento del número de clases remuneradas o la dirección de un máster, entre otras exigencias–, algo que el profesor no niega en ningún momento en ese audio.

La Universidad de Cantabria decidió personarse, como parte perjudicada, en la causa judicial, lo que supuso, de forma paralela, la paralización de la investigación interna abierta al respecto y que había ya concluido la fase testifical. Toda la información recabada ha sido puesta a disposición de los tribunales.

Respecto al anónimo que recibió el rector, la Brigada Provincial de la Policía Científica comprobó, tras realizar los análisis lofoscópicos, que «no contiene huellas latentes». Una prueba de que el autor o autores utilizaron guantes para su manipulación y evitar dejar pistas. Tampoco se pudieron detectar huellas en el resto de las copias estudiadas. Cabe recordar que este anónimo fue enviado igualmente a Casares, Coto, la Fiscal Superior de Cantabria, Pilar Jiménez, y el Jefe de la Policía Nacional, Héctor Moreno.