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Cada día se registran en los juzgados de Cantabria una media de casi seis denuncias (5,7, concretamente) por casos de violencia machista. Es una de las conclusiones del informe estadístico del Observatorio del Consejo General del Poder Judicial, que confirma que en los primeros ... tres meses de 2022 los órganos judiciales de la comunidad autónoma tramitaron 514 expedientes de este tipo, lo que supone un incremento del 34,2% respecto al mismo periodo de 2021. De esta forma, en enero, febrero y marzo se reconoció la condición de víctima a 454 mujeres de la región, de las cuales tres son menores de edad.
La tendencia de Cantabria se repite también en el resto del país, aunque a nivel nacional el incremento es algo más contenido, con un 19,3% más de denuncias en el mismo tiempo. La tasa de mujeres víctimas por cada 10.000 mujeres se sitúa en la comunidad autónoma en 15,1, frente a una media nacional de 16,7. Por encima se encuentran Baleares (22,8), Murcia (22,6) y Comunidad Valenciana (22,2). Las tasas más bajas se dieron en Castilla y León (10,6), Galicia (11,6) y La Rioja (12,5).
Baleares 22,8
Murcia 22,6
Comunidad Valenciana 22,2
Andalucía 20,2
Canarias 19,5
Comunidad de Madrid 18,3
Cantabria 15,1
Castilla-La Mancha 14,2
Navarra 13,7
Asturias 13,4
Extremadura 13,1
Aragón 12,9
País Vasco 12,8
Cataluña 12,7
La Rioja 12,5
Galicia 11,6
Castilla y León 10,6
Media nacional 16,7
La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona, considera «preocupante que debamos seguir lamentando casos de violencia machista», pero cree que debe ponerse en valor el hecho de que cada vez en mayor número las mujeres víctimas decidan dar el paso de denunciar. «Las víctimas confían cada vez más en las instituciones que nos dedicamos a luchar contra la violencia machista, confían en los jueces y juezas, en las Fuerzas de Seguridad del Estado y en la red de protección que entre todos tratamos de tejer a su alrededor y que, en la inmensa mayoría de los casos, salva vidas», insiste.
En esta línea se manifiesta también la directora general de Igualdad de Cantabria, Consuelo Gutiérrez, que pone en valor los efectos que ya está generando la recién aprobada Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia, que prevé la adopción de medidas a fin de apartar al menor de un peligro o de evitarle perjuicios en su entorno familiar o frente a terceras personas. En este ámbito concreto, los titulares de los juzgados de instrucción en funciones de guardia acordaron ocho órdenes de protección de las doce solicitadas: destaca la suspensión de la guarda y custodia, acordada en cuatro ocasiones -en el mismo periodo del pasado año no se acordó ninguna- y la suspensión del régimen de visitas, también adoptada en cuatro ocasiones -tres más que el año anterior-.
Gutiérrez recuerda que entre las novedades que introdujo esta norma se encuentra la posibilidad de aprobar medidas cautelares sin necesidad de una resolución judicial, ya que los menores pueden acceder a figuras de protección incluso sin que sus madres hayan puesto una denuncia. Es la Administración la que certifica que existe esa necesidad. En estos supuestos, el maltratador tiene que ser informado, pero no tiene que dar la autorización, como antes.
Esa ley supone un avance, pero persiste uno de los problemas en los que insisten repetidamente colectivos como la Comisión 8 de Marzo, que quiere que los procedimientos no se archiven cuando una mujer que ha denunciado decide no declarar contra su agresor por miedo a represalias. En el primer trimestre del año se dieron 38 supuestos como este.
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Los datos que aporta el informe son muchos y diversos. Por ejemplo, los jueces acordaron 65 órdenes de protección de las 105 que les fueron solicitadas por las mujeres víctimas (el 62%, frente al 70% nacional). El estudio del Observatorio revela que de enero a marzo de este año fueron enjuiciados en Cantabria un total de 153 hombres por violencia machista, de los que el 81% obtuvieron sentencia condenatoria (126). Además, dos menores, de entre 16 y 17 años, fueron enjuiciados en el Juzgado de Menores de Santander, y ambos resultaron con sentencia con imposición de medidas.
¿Y cuál fue el origen de las denuncias? El 65,2% fueron presentadas por la propia víctima, el 15,6% llegó a través de servicios asistenciales o terceros, el 11,7% por intervención policial, el 5% por un parte de lesiones y el 2,3% a través de familiares.
En la mayoría de los casos en los que se solicitaron órdenes o medidas en los juzgados de violencia, la mujer era española y mayor de edad (67), y en otras 37 solicitudes se trataba de mujeres extranjeras, también mayores de edad. Junto a ello, aparecen en las órdenes de protección solicitadas tres menores de edad tuteladas como víctimas de violencia machista.
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