La lección del covid en las residencias de Cantabria

Conforme a los datos recopilados por el Gobierno autonómico, la pandemia ha dejado en las residencias geriátricas de la región 141 víctimas mortales, es decir, casi el 70% del total de los fallecidos a causa del covid-19 (211), y 768 infectados, lo que supone un 25% de los aquejados (3.093). A ese balance numérico, tan frío, hay que añadir algunos otros imposibles de calcular en cifras; el sufrimiento que ha provocado a los afectados y sus familiares, el desgaste físico y emocional que ha generado a los sociosanitarios y, también, las fuertes desavenencias que ha originado en la gestión de la crisis

Pero esa pandemia, inmisericorde con algunas residencias, también ha dejado algo bueno. Una gruesa lección pedagógica acerca de un enemigo invisible que, sin duda, ha sacado a la luz los defectos y las virtudes de un modelo asistencial que nada entre dos aguas administrativas (Políticas Sociales y Sanidad) para que corrija los primeros y fortalezca las segundas.

«No fuimos previsores», admite la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Ana Belén Álvarez. «Aunque eso es fácil decirlo ahora que tenemos más información sobre el virus y su evolución», matiza la responsable del área, que recuerda que sin ese manual «fue prácticamente imposible poder trabajar de otra manera que no fuera tomando decisiones sobrevenidas».

La crisis, explica la consejera, «nos ha enseñado la importancia de los protocolos de coordinación entre los servicios sociales y los servicios sanitarios», unos protocolos, añade Álvarez, «que garanticen la atención sanitaria de los usuarios de los centros de dependencia en situaciones como esta, tan explosivas», y en los que los actores implicados ya trabajan.

«El sistema sanitario público es bueno, funciona muy bien, pero tenemos que ser capaces de evaluar de qué manera se ha prestado esa atención sanitaria y qué se puede hacer para intentar mejorarla de cara al futuro», explica la consejera de lo social, que incide en la importancia de esos protocolos.

«Para mí son fundamentales». Y en lo que respecta a Cantabria, que para nada es una excepción, «no fuimos capaces de establecer un protocolo de coordinación mediante el que poder garantizar una mejor prestación sanitaria a los centros residenciales, no fuimos capaces de dar una respuesta inmediata a lo que estaba sucediendo en su entorno», reconoce sin rodeos la política, que destaca otros aspectos cuando menos mejorables.

Por ejemplo, la formación de los trabajadores sociosanitarios, «tanto en el buen uso de los equipos de protección individual como en la gestión de los procesos de aislamiento de los usuarios de las residencias en el caso de producirse nuevos contagios». O la puesta en marcha inmediata de planes de contingencia, «en los que también trabajamos». De repetirse situaciones tan difíciles de encarar como esta, «pienso que todos debemos estar mejor preparados».

Después de realizar este sensacional ejercicio de autocrítica, la consejera ensalza los aciertos de un departamento que, afirma, se ha dejado parte de su piel en las residencias.

«Hemos hablado con todas cada día para seguir su evolución. En ocasiones, hasta dos y tres veces. Creo que hay que valorarlo. Y hemos hecho todo lo posible por reforzar todas las plantillas. Me hubiera gustado que la respuesta hubiera sido de mayor calado, pero hemos hecho todo lo que ha estado en nuestra mano porque así fuera».

Además, la consejera, que admite que es necesario un refuerzo en el apoyo sanitario que reciben los centros residenciales, ensalza igualmente la capacidad de seguimiento de la evolución de la pandemia en estos espacios a través de la realización de test. «Creo que ese ha sido otro acierto», subraya Álvarez, que no es partidaria de la medicalización de este tipo de instalaciones. «No, porque la experiencia ha venido a decirnos que eso no ha evitado la entrada del coronavirus. Hay residencias con personal sanitario que no han podido evitarlo y, por el contrario, ha residencias que han logrado contenerlo sin disponer de esta dotación», explica la responsable del área, que si bien pone el foco sobre ese apoyo sanitario a las residencias tiene asumido que esa apuesta es inviable en tanto en cuanto ello no conlleve una mayor disponibilidad económica.

Centro de la diana de las críticas vertidas por las asociaciones empresariales de la dependencia, que a menudo han cuestionado el trato sanitario que han recibido los usuarios de sus centros, el Servicio Cántabro de Salud (SCS) tiene una percepción muy diferente de su trabajo.

«Nunca se ha producido una negación de asistencia», asegura la gerente, Celia Gómez, que ejerce una defensa a ultranza de la estrategia de su departamento frente a la pandemia.

«En Atención Primaria se realizó un repliegue ante el virus, una reagrupación de los equipos en los centros de cabecera para poder concentrar los recursos». Esta maniobra, explica Gómez, «implicaba una primera atención de los pacientes vía telefónica en la que se determinaban los pasos a seguir en cada caso», una táctica a su juicio necesaria para evitar la movilidad de las personas y proteger a los profesionales sanitarios durante la fase de confinamiento.

«Pero en ningún momento hemos dejado de estar a su lado», tal y como le reprochan los empresarios del sector. «Ni telefónica ni presencialmente», matiza Gómez, que coincide con Álvarez en la necesidad de revisar los protocolos de coordinación entre los agentes encargados de los servicios sociales y sanitarios. «Es evidente que tenemos que repasarlos para averiguar dónde hemos podido cometer errores y corregirlos con prontitud», admite la responsable del SCS, para quien la búsqueda de mejores canales de cooperación es una de las lecciones aprendidas de una pandemia que, recuerda, «nos ha obligado a trabajar a un ritmo frenético».

Además, la crisis sanitaria le ha enseñado también «la necesidad de trazar un plan de contingencia adecuado», que ya estaría cobrando forma, «la enorme importancia que tiene mantener un circuito limpio» en los centros de Atención Primaria, o «los grandes resultados que pueden obtenerse de una respuesta rápida a la falta de abastecimiento», en especial de test. Respecto a esto, Gómez destaca el salto dado en poco tiempo. «Pasamos de número simbólicos a realizar mil pruebas diarias», recuerda la gerente, que piensa que la pandemia ha provocado una serie de cambios en el modelo de atención a los pacientes «que se deben mantener».

En general muy descontentos con el trato dado a sus usuarios, los responsables de las residencias de la provincia coinciden en la primera lección aprendida. «Que estamos solos».

Así lo entiende, por ejemplo, el director del centro residencial Fuente Ventura, ubicado en Luey, que, con el paso de los meses, no ve que pudiera haber hecho nada diferente para frenar el descarnado avance del coronavirus. «No sé qué más podríamos haber hecho ante un enemigo invisible, sin medios y con la información, a veces contradictoria, que teníamos», dice.

A su juicio, el modelo correcto «pasa por llevar a la práctica lo que ya contemplan las leyes. Que los servicios sanitarios busquen, con la ayuda y la colaboración de los servicios sociales, la forma más efectiva de atender a unas personas que tienen graves dificultades para acceder por sí mismas al sistema sanitario». Y es que, a su modo de entender, «esta pandemia no han hecho más que sacar a la luz un problema que los profesionales de la dependencia llevamos denunciando sin éxito durante años: la nula coordinación que existe entre lo social y lo sanitario para que las personas dependientes estén mejor atendidas».

Con la impresión de que los usuarios de este tipo de espacios «han sufrido una injusta discriminación por motivos de edad, lo que llamamos el 'edadismo'», Pandal cree que los responsables de la Administración regional, y ellos mismos, los empresarios, «tenemos el deber moral de analizar muy detenidamente lo que pasó en esos días de marzo y abril con las estrategias adoptadas sobre el terreno con respecto a las personas mayores».

En ese aspecto indice la directora ejecutiva del grupo Pro Maiorem, Julia Gurruchaga, que llama a una profunda reflexión sobre «la falta de coordinación sanitaria» que la pandemia ha puesto de manifiesto.

«Hace tiempo que venimos denunciando que no se está cumpliendo la Ley de Dependencia, y que nuestros usuarios no están bien atendidos sanitariamente», indica la empresaria, que cree que uno de los más graves errores cometidos en este apartado «es que nos dejaron para lo último cuando deberíamos haber sido lo primero».

Gurruchaga, que igual que Pandal piensa que a las residencias «no se nos puede pedir más de lo que hemos hecho», dice que los trabajadores de estos centros «hemos tenido que aprender a puro pulmón a ponernos los equipos de protección, a hacer test y a manipular usuarios infectados con plantillas muy mermadas a consecuencia de las numerosas bajas que se han producido y que han sido difíciles de cubrir ante la falta de los mecanismos adecuados para poder contratar personal».

Sobre esto incide el gerente del Grupo Calidad de Dependencia, Rubén Otero, que recuerda que, con la pandemia ya desbocada, la Consejería de Sanidad abrió una bolsa de empleo.

«Se llevó a los pocos sanitarios que teníamos en las residencias», lamenta el empresario, que cree que fallos que deben corregirse ante una posible segunda ola «ha habido muchos».

Satisfecho porque el Gobierno «ha abierto varias comisiones para ver cómo puede solucionar el problema de las residencias» y porque en ese empeño parece que está contando con ellos, Otero piensa que el coronavirus «ha venido a demostrar que no había coordinación con el SCS y que si en algún caso la ha habido se debe mejorar».

De la importancia de esa reivindicada coordinación sanitaria da buena prueba la presidenta de la Fundación Asilo de Torrelavega, Mercedes Izárraga, incapaz de evaluar los daños que la irrupción de la pandemia hubiera ocasionado en sus instalaciones de no disponer de su propio equipo médico.

«Tenemos una plantilla integrada por dos médicos, 14 enfermeras y un grupo de auxiliares que han hecho un trabajo sensacional. En verdad, no quiero pensar qué hubiera ocurrido aquí si no tuviéramos esta dotación», afirma la responsable del centro, que, de otra parte, reconoce haber lidiado con una preocupante falta de información y de recursos materiales.

Con todo, previene a futuro. «No estamos aplicando las medidas oportunas las medidas oportunas para que esto no se vuelve a repetir».