Los letrados de la Administración de Justicia seguirán en huelga pero facilitarán las bodas

Según informó ayer a El Diario Montañés Belén Alonso, portavoz regional de la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), los letrados que participaron ayer en la asamblea acordaron por unanimidad «continuar el paro» y mostrar su «apoyo» al comité de huelga en todas sus reivindicaciones. Asimismo, se mostraron partidarios de atender a las recomendaciones realizadas hace unos días por el comité de huelga, como la de avisar con antelación a los abogados y procuradores sobre la suspensión de los actos judiciales, «algo que ya estábamos haciendo en base al acuerdo al que llegamos con los colegios de ambos colectivos».

El acuerdo alcanzado por los letrados cántabros queda a la espera del resultado de la próxima reunión entre el Ministerio de Justicia y el comité de huelga, un encuentro para el que ya hay fecha: este próximo viernes, a partir de las 10.30 horas. «Hemos convocado al comité de huelga para este viernes para seguir acercando posturas. Tenemos que bajar el tono y hacer un ejercicio de prudencia, un ejercicio de respeto a la otra parte de la negociación», aseguró ayer el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Manuel Olmedo, en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press.

Según precisó el comité de huelga en un comunicado, la reunión tendrá lugar desde las 10.30 horas y hasta las 12.00 horas en la sede del Ministerio que dirige Pilar Llop. «Confiamos plenamente que esta próxima reunión abra las puertas a la pronta resolución a las dificultades para el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en abril de 2022», trasladaron los letrados, que no alcanzaron ningún acuerdo en su primer encuentro, celebrado el pasado jueves.

La huelga indefinida llega a su jornada número 21 a raíz del conflicto que tiene su origen en «la falta de adecuación salarial a las mayores funciones y responsabilidades atribuidas por la Ley 13/2009, descargadas a los jueces, e incrementadas en sucesivas reformas», en especial la de 2015, lo que –denuncian– ha provocado un «insoportable desequilibrio».

Los convocantes señalan como «detonante» del conflicto el acuerdo que Justicia firmó en diciembre de 2021 con los sindicatos de los cuerpos generales «sin desarrollar debidamente la adecuación salarial a las últimas reformas procesales prevista en el segundo párrafo de la Disposición Adicional 157 de la Ley 11/2020 de Presupuestos Generales del Estado para 2021».

El secretario de Estado de Justicia ha dicho en reiteradas ocasiones que se trata de una huelga «política» que está fuera de lugar. Tras la primera reunión con el comité de huelga, recordó que no son trabajadores «que quieren llegar a fin de mes» sino que son «personas privilegiadas» que cobran entre 40.000 y 60.000 euros. También recordó que tuvieron este año un incremento del salario del 14%.