El Ministerio de Justicia y los letrados mantienen el pulso por las mejoras salariales

Al cierre de esta edición y tras cinco horas de reunión, que comenzó a primera hora de la tarde de ayer, los dos representantes del Ministerio -el secretario de Estado Antonio 'Tontxu' Rodríguez y el secretario general Manuel Olmedo- no habían accedido de momento a la dos pretensiones de los huelguistas: el establecimiento de una cláusula de enganche que vincule las retribuciones del sector a la Carrera Judicial (jueces y magistrados) y la reducción de los grupos de población que suponga poner fin a la «discriminación salarial» que sufre este cuerpo de 4.300 funcionarios en pequeños partidos judiciales.

Del mismo modo, el comité de huelga requirió expresamente al Ministerio de Justicia que esté presente en la negociación un responsable del Ministerio de Hacienda y Función Pública con «capacidad decisoria», ya que lo consideran imprescindible «para el éxito» de la negociación, según fuentes del comité de huelga representado por las tres principales asociaciones profesionales de este Cuerpo Superior Jurídico.

Con esta presencia se viene a reconocer que la llave de la caja la tiene la ministra María Jesús Montero y que Justicia solo puede esperar acontecimientos.

No obstante, la cita de ayer no empezó con buen pie, ya que los letrados se quejaban de que el departamento dirigido por Pilar Llop no les remitió un orden del día ni les hizo llegar la identidad de las personas presentes en la reunión. Un gesto que denotaba el «desinterés» con el que llegaba el Ministerio a la cita, que ya venía precedido por mensajes poco conciliadores del número dos de Justicia y críticas a la «politización» del paro.

Al cierre de esta edición, Belén Alonso, portavoz cántabra de la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), desconocía los términos en los que se estaba desarrollando el encuentro, aunque sus sensaciones eran «buenas», teniendo en cuenta que el hecho de que la reunión se estuviese prolongando durante tanto tiempo «por lo menos indica que se está hablando, que es lo que queríamos». A la espera de noticias, Alonso confesaba que el deseo de los letrados judiciales es que la huelga no se prolongue ni un día más, «porque no solo hablamos del perjuicio económico que nos causa el acogernos a la huelga, sino de que todo el trabajo que se está acumulando lo vamos a tener que recuperar después».

Esta histórica movilización ya ha supuesto la suspensión (a fecha del miércoles) de 152.000 vistas y juicios, la retención de 560 millones de euros en la cuenta vinculada a procedimientos judiciales, la paralización del registro de unas 120.000 demandas o los dos millones de notificaciones telemáticas pendientes de verificarse. Tareas que dependen en buena medida de los letrados judiciales, quienes desde una reforma de 2009 han asumido hasta «300» tareas más en los juzgados y tribunales que antes recaían en los jueces.

En Cantabria, desde el pasado 24 de enero la huelga deja ya más de 800 actos judiciales suspendidos (juicios, comparecencias...); 4.578 escritos no admitidos, que se suman a los 13.082 que estaban pendientes de proveer hasta la fecha; y, en el caso de los Juzgados de Santander, son ya 1.882 demandas y denuncias pendientes de reparto, además de 21 bodas suspendidas.

El contexto de la huelga es el incumplimiento del Ministerio de los acuerdos alcanzados en abril, según denuncian. Pero en Justicia defiende que la adecuación de los Presupuestos Generales de 2021 ya supuso una «subida sin parangón» de 195 euros mensuales (2.430 euros al año, un 5% más), que fue cerrada con los sindicatos generalistas, no con los corporativos. Según el colectivo, un letrado de tercera categoría con siete días de guardia incluidos cobra poco más de 1.800 euros mensuales; los de nueva incorporación, unos 1.500, aunque la media es de cerca de 47.000 euros brutos al año. Sin embargo, esto supone el 65% de lo que cobra un juez, unos 74.000 euros, y la exigencia ahora es que aumente al 85%.