Los letrados de Justicia protestan de nuevo en Las Salesas

Esta movilización, que ha empezado a las 12.00 horas y ha durado treinta minutos, ha sido convocada, por segunda semana consecutiva, por el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ), la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia y la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia.

Al inicio de la concentración, el delegado provincial del CNLAJ, Julio Antolín, ha leído un comunicado con las reivindicaciones que el cuerpo de letrados ha presentado a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y ha afirmado que la continuidad de las acciones de protesta «depende mucho de su postura». Antolín ha asegurado que Delgado «sabe lo que hay y sabe cuáles son las reivindicaciones», por lo que está en su mano «llamar» a las asociaciones convocantes y «seguir negociando».

Además de la «demanda urgente» de una adecuación salarial que reconozca las nuevas funciones y responsabilidades atribuidas a los letrados de la Administración de Justicia con la reforma procesal de 2009, solicitan una «modernización» de la Administración de Justicia o la elaboración de un nuevo reglamento orgánico.

En cuanto a la retribución salarial, Antolín ha destacado que estos letrados constituyen un cuerpo jurídico superior y que para acceder a su puesto de trabajo deben superar la misma oposición que jueces, magistrados y fiscales. «Y cuando se incorporan a su puesto de trabajo tienen un carácter de autoridad, dirigen un juzgado y cobran un sueldo mensual de 1.400 euros», ha subrayado el delegado provincial, para quien esto supone «una disfunción importante» respecto a otros funcionarios de la misma categoría de otras administraciones del Estado.

Las asociaciones han defendido que desde la reforma procesal de 2009 los letrados de la Administración de Justicia han asumido el 80% del trabajo procesal que hasta entonces correspondía a jueces y magistrados, sin que ese mayor trabajo haya supuesto un aumento salarial.

Antolín ha insistido también en la necesidad de que se modernice la Administración de Justicia para «dar a los ciudadanos una respuesta ágil, eficaz y de calidad», para lo que sería preciso, a su juicio, la implantación del expediente digital y la creación de un registro civil público y gratuito a cargo del colectivo.