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El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (Tacrc) decidió en junio paralizar cautelarmente el procedimiento puesto en marcha por la Consejería de Sanidad para la ... redacción de la obra del búnker que acogerá la terapia de protones en los sótanos de Valdecilla. Cuatro semanas después, este mismo órgano, encargado de velar por la limpieza de los concursos públicos, levanta la prohibición y permite al Gobierno continuar con el proceso. Lo que ha hecho el Tribunal es desestimar el recurso presentado por el Colegio de Arquitectos Técnicos de Cantabria contra el pliego del Ejecutivo regional por considerar que algunas partes no se ajustaban a la normativa, las que impedían la participación de los profesionales a los que representan. Tras entrar al fondo del asunto, el Tacrc entiende que todo se ha hecho de manera correcta.
En cualquier caso, el recurso de los aparejadores ha sido un contratiempo más en el largo camino de piedras en que se está convirtiendo la terapia de protones, una moderna técnica de lucha contra el cáncer que ofrece una mayor efectividad frente a determinados tumores con menos efectos secundarios. El Servicio Cántabro de Salud tenía ya sobre la mesa desde el pasado 13 de junio las ofertas presentas y no ha podido proceder a la adjudicación por esta paralización temporal decretada por el Tribunal.
En este tiempo, por ejemplo, el Ministerio de Sanidad ha dado luz verde a la licitación de los otros 10 equipos similares que se instalarán por otros tantos hospitales públicos de España. Todos ellos donados por la Fundación Amancio Ortega, a diferencia del de Cantabria, que se pagará con fondos europeos que la región tenía asignados. En cualquier caso, el Gobierno regional mantiene que Valdecilla seguirá siendo el primer centro público del país en contar con esa tecnología en el horizonte de 2025.
El pliego en cuestión no era el de la adquisición de la máquina, que va por otro camino y ya ha sido adjudicado a la empresa Varian –aún no se ha formalizado la firma, a falta de algunas comprobaciones técnicas–, sino la redacción de la obra que se ejecutará en el espacio físico donde irá la terapia. Ni siquiera de la actuación como tal, sino de las labores de ingeniería previos para el diseño de los trabajos.
El motivo de la presentación del recurso de los aparejadores fue que se licitó a la vez el proyecto constructivo, la dirección de obra y la supervisión del proyecto. En su opinión, tenía que haberse hecho por separado «para favorecer la competencia entre empresas y profesionales». Según el Colegio profesional, este era un caso prototípico de un contrato que se condensa en un único lote y tendría que haberse separado en tres «para que pueda presentarse desde un pequeño autónomo hasta una gran multinacional».
Lo que responde al respecto el Tribunal en su resolución, firmada el 1 de julio, es que «la división en lotes (en los que están y no más) se halla perfectamente motivada en el pliego y absolutamente justificada, con arreglo a Derecho y los antecedentes del caso». Además, entiende que la exigencia de que en el equipo que se haga con los trabajos haya un ingeniero industrial –los arquitectos técnicos lo rechazaban– «es absolutamente imprescindible».
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Ana del Castillo
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