Libertad provisional para el acusado de violar a una menor tutelada que no compareció en el juicio

Al no asistir a la vista, esta se suspendió y se dictó orden de búsqueda, captura y personación, solicitando la acusación particular, que ejerce el Gobierno regional, prisión provisional para el procesado, natural de República Dominicana, y el fiscal y la defensa el mantenimiento de las medidas cautelares ya adoptadas contra él.

Según informa Europa Press, en un auto posterior, la Sección Primera de la Audiencia acuerda la libertad provisional para el acusado manteniendo las medidas de prohibición de salida del territorio nacional, retirada del pasaporte y obligación de comparecer semanalmente, así como de comunicar los cambios de domicilio, y advierte que, de no cumplirlas, puede suponer su prisión provisional.

Según expone en el auto, estas medidas «se consideran ahora suficientes, no pareciendo como necesaria en la actualidad la prisión provisional», ya que el riesgo de fuga del acusado «se encuentra ciertamente mermado por la posterior solicitud voluntaria de comparecencia» de este, «poniéndose a disposición de la Sala».

Al respecto, incide en que la prisión provisional es una «medida cautelar excepcional y subisdiaria» que se adopta cuando no existan otras «menos gravosas» para el derecho a la libertad, a través de las cuales puedan alcanzarse los mismos fines, como en este caso.

La Fiscalía pide para el acusado cinco años de prisión por un delito de abuso sexual con acceso vía anal y vaginal, así como seis más de alejamiento y prohibición de comunicación con la joven, y diez de inhabilitación para trabajar con menores.

Según el escrito de la Fiscalía, acusado y víctima intercambiaron conversaciones a través de Instagram y quedaron para conocerse. El hombre la llevó a un local abandonado, donde le instó a que le hiciera una felación, le quitó la ropa y la penetró anal y vaginalmente, pese a la oposición de la chica. Después, dieron un paseo y sucedió lo mismo en un lugar cercano.

Por su parte, el Ejecutivo solicita 13 años y cinco meses de cárcel por un delito continuado de agresión sexual, además de seis años de alejamiento y prohibición de comunicación con la joven y diez de inhabilitación para actividad que conlleve contacto con menores, así como una indemnización de 6.000 euros. Por su parte, el Gobierno explica en su escrito que la menor presentaba una situación de vulnerabilidad que la convirtieron en «la víctima perfecta». Indica además que el acusado «ha sido denunciado en distintos momentos por otras dos menores, que también se encontraban bajo la guarda o tutela de la administración, por agresiones de la misma naturaleza».