Las líneas rojas del PRC a Sánchez

Ese documento, el famoso 'papeluco' que la oposición asegura que no ha servido para nada porque esas actuaciones ya estaban comprometidas, vuelve en este momento a tener total validez. Así lo acordaron el sábado el propio Mazón y la portavoz y número dos del PSOE, Adriana Lastra, en una reunión celebrada en Oviedo. Ambas partes estuvieron conformes con ratificar el acuerdo, pero esto no les vale a los regionalistas. La aritmética parlamentaria obliga a que se produzca al menos la abstención de una formación separatista -con el anterior reparto de fuerzas en el Congreso de los Diputados no era imprescindible- para que triunfe la investidura. Por eso, de forma preventiva, han sumado a sus exigencias que cualquier negociación con partidos independentistas no sobrepase los límites de la ley y la Constitución. Porque a día de hoy, los catalanes de Esquerra Republicana parecen tener la llave.

O lo que es lo mismo, que la licitación de proyectos y la adjudicación de obras son condición necesaria, pero no suficiente para dar el 'sí' a futuro inquilino de La Moncloa. Que no haya «concesiones» a los independentistas, fue lo que pidió Mazón al término del encuentro con Lastra. El diputado dio por hecho que Sánchez no sobrepasará esas líneas rojas al hablar de «buena predisposición» y al mostrarse optimista al ver más posibilidades de que el Gobierno salga adelante que de que naufrague, pero aun así el PRC detalló ayer a este periódico qué considera una concesión y qué no.

Como ya habían adelantado, la posibilidad de que haya un indulto a los políticos catalanes que se encuentran en prisión por el juicio del 'procés' supondría la ruptura de la confianza del PRC en Sánchez. Pero hay más cosas. Por ejemplo, tampoco darán su voto a los socialistas si estos acuerdos con los separatistas conllevan que Cataluña tenga un régimen fiscal diferente al del resto de comunidades autónomas y similar al que ya disfrutan el País Vasco y Navarra. Además, los regionalistas tienen claro que no quieren entrar en un Gobierno nacional -ni se lo plantean en Cantabria, ni se lo han planteado en Madrid-, pero también que no podrían respaldar un Ejecutivo con ministros de algunas de las formaciones que quieren la ruptura con el Estado.

Del mismo modo, no verían con buenos ojos, hasta el punto de considerarlo otra de sus líneas rojas, que el futuro Ejecutivo pactara un referéndum para preguntar a la ciudadanía sobre la independencia de Cataluña. No lo aceptarían en el caso de que se celebrara sólo en esa región, pero tampoco en el caso de que se hiciera entre todos los españoles.

En este punto, su posición no es diferente a la que ha manifestado hasta ahora el PSOE. En Unidas Podemos sí que se han declarado en el pasado partidarios de una consulta. En cualquier caso, el documento acordado por ambos partidos parece apartar definitivamente esa posibilidad. El texto habla de «garantizar la convivencia en Cataluña y normalizar la vida política como una prioridad» e insiste en que se «fomentará el diálogo en Cataluña, buscando fórmulas de entendimiento y encuentro, siempre dentro de la Constitución». Esa coletilla, la de «dentro de la ley y la Constitución», es la que no se cansa de repetir el PRC.

Los regionalistas, con Mazón a la cabeza, también en línea con ese apartado del documento de Sánchez e Iglesias, ven con buenos que los presidentes de España y Cataluña retomen el diálogo, pero con el matiz -de nuevo- de que nunca se supere ese límite de la Carta Magna. Incluso consideran «positivo» una mesa de diálogo de partidos en Cataluña.

¿Y modificar la Constitución para introducir la plurinacionalidad del Estado? Pues el PRC tampoco lo ve necesario porque la actuación deja claro que «España ya es un Estado de regiones y nacionalidades, pero sólo hay una nación, que es España».

En el mismo punto en el que se apostaba por fomentar la convivencia en Cataluña, Sánchez e Iglesias también defendían la necesidad de que el Estado fortalezca «las autonomías para asegurar la prestación adecuada de los derechos y servicios de su competencia» y garantizar la igualdad entre todos los españoles. Esta referencia dirige la mirada directamente a la negociación de la futura financiación autonómica, que determinará cuánto dinero pone cada territorio y cuánto recibe posteriormente. Aunque ahora tienen más peso otros argumentos, parte del independentismo catalán utilizó en el pasado la idea del desequilibrio de su balanza fiscal para tratar de poner de manifiesto el maltrato del Estado. En este sentido, el PRC no permitiría que el nuevo Gobierno pague el apoyo a la investidura con una mejor financiación autonómica a ningún territorio.

«Todas las comunidades tenemos derecho a discutir los saldos entre lo que ingresamos y lo que aportamos al Estado, respetando siempre el principio de solidaridad, que supone que los territorios más ricos deben aportar una parte importante para compensar la situación de otros más pobres. Por lo tanto, la balanza fiscal no debe ser el criterio a la hora de establecer el reparto entre autonomías», concluyen.