La 'lista roja' de Hispania Nostra de patrimonio en riesgo alerta ya en Cantabria sobre 25 lugares «y habrá más»

Entrar en la 'lista roja' significa que el bien en cuestión corre riesgo de perderse y solo se sale de ella si se actúa para mantenerlo. Pero lo cierto es que, según señala el delegado en Cantabria de esta entidad nacional -con extensión en la UE bajo el nombre de Europa Nostra-, el médico Aurelio González-Riancho, en esta región hay pocos que la abandonen en positivo: «Algunos salen porque damos un poco de manga ancha si vemos buenas intenciones para el futuro». Ha ocurrido, por ejemplo, con el Palacio de los Acevedos de Hoznayo, que estuvo abandonadísimo durante años y que ahora se está acondicionando para vivir un futuro como hotel, lo que le ha colocado en la llamada 'lista verde'. Hay una tercera lista, la negra: a esta van los que se consideran irrecuperables y, en Cantabria, de momento son tres.

Actualmente, Hispania Nostra tiene 25 edificios en la 'roja' en este territorio y otros cuatro están a las puertas: los expertos en Madrid aun están estudiando si cumplen los requisitos (en negativo) para engrosar esta sombría relación. Consciente de que figurar en ella «es un estigma y a nadie le hace gracia», González-Riancho solo da pistas: hay uno en Ruesga, otro en Vega de Pas, uno más en el entorno de la bahía... Aproximadamente el 70% de los inmuebles a los que se pone la cruz son de titularidad privada, cada uno con su especifidad, lo que no hace precisamente sencillo enderezar las distintas situaciones. Porque, en ocasiones, el inmueble pertenece a decenas de herederos (cada cual con sus circunstancias) o a instituciones con sedes en otras comunidades a las que este patrimonio «importa tirando a poco».

González-Riancho apunta que los ayuntamientos siempre aseguran que defienden el patrimonio de todos, aunque él lo pone en duda visto lo que ve en sus giras por la región para documentar el estado de aquellos inmuebles que les hacen llegar desde los sitios más variados. También es enormemente crítico con los responsables de Cultura anteriores y no tanto con los actuales porque le consta que la actual directora de Patrimonio, Zoraida Hijosa, «tiene buena voluntad: veo más interés que en otras legislaturas».

A sus ojos, el quid está en la catalogación de los bienes. «Si no están catalogados, mal vamos. Y en Cantabria no se ha hecho una catalogación exhaustiva del patrimonio cultural pese a que hubo un consejero de Cultura que aseguró que se estaba haciendo hace años». Zoraida Hijosa niega la mayor: la directora general cree que en Cantabria casi todas las edificaciones con algún interés acreditado están bajo el paraguas de alguna figura de protección, que son tres: el bien inventariado, el Bien de Interés Cultural (BIC) y los conjuntos históricos -22 en toda la región-. «También tenemos jardines históricos y seguimos trabajando para proteger más áreas y no solo iglesias, palacios o casonas. Hay que mirar hacia el patrimonio industrial porque tenemos ingenios hidráulicos muy interesantes, a arqueología minera y marítima e incluso a la arquitectura ferroviaria...» que la responsable de Patrimonio cree que hay que tener «inventariada y controlada».

Pero al tiempo, Hijosa también llama a ser consciente del papel de la Administración autonómica ya que, ante una propiedad particular, «por muy mal cuidada que esté, solo contamos con el arma coercitiva. Porque la responsabilidad primera de la conservación siempre es del titular de la hacienda, al que se ayuda -por ejemplo, si el bien es un BIC- con exenciones de impuestos». La directora general tiene claro que muchas de las situaciones que se dan por la región se deben a que hay propietarios sin capacidad económica para la deseable rehabilitación de los inmuebles.

Lo constató recientemente en la torre de San Telmo, en Santillana del Mar, a la que un temporal derribó una parte de muro. La torre «se encuentra en la finca de una familia de ganaderos» ante lo cual el Gobierno regional tiene escaso margen de actuación. Además, en la mayoría de los casos, los propietarios no se presentan a las convocatorias de ayudas, «lo que hace difícil que la Administración pueda apoyar por más que veamos situaciones que no nos gustan».