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Nacho González Ucelay
Santander
Sábado, 5 de octubre 2019, 12:07
Josefa Gómez es la vecina de Villanueva de la Peña que el 24 de enero salió de su casa en los brazos de un bombero para caer en los del presidente Revilla dándole a los reporteros gráficos la instantánea que iban buscando para intentar ... explicar sin palabras hasta dónde puede llegar a subir el nivel de devastación de una riada. En su caso, un metro y medio largo. De sobra para arrasar su vivienda, a la que tan sólo ha vuelto a entrar para ver cómo marchan las obras de reconstrucción.
«Llevo ocho meses viviendo en una casa de alquiler», dice la mujer, que paga por ella 500 euros al mes. «En Mazcuerras. A tres kilómetros». Así que cuando quiere acercarse hasta la suya, o la lleva su arrendadora o va andando.
Estas, y otras que ella y sus vecinas enseñan en una mañana de sol, son las cicatrices ocultas de las inundaciones que a primeros de este año anegaron la Cantabria occidental sacando al río Saja de su cárcava para que se llevara por delante todo cuanto encontrara a su paso desbocado por las calles de la localidad y al Ejército de sus cuarteles para que lo trajera de vuelta lo antes posible. Días frenéticos, aquellos de enero, en los que además de 122 litros por metro cuadrado llovieron promesas que aún no se han cumplido.
Hoy, 256 días después de la riada, sobre la mesa del despacho del alcalde, Francisco Javier Camino, reposan 86 solicitudes de ayuda -incluyendo una del propio ayuntamiento- denegadas por el Estado, que no ha considerado ningún expediente porque el área afectada no llegó a ser declarada en su día 'Zona Gravemente Afectada por una Emergencia de Protección Civil', que es como se denomina ahora a lo que antes se conocía llanamente como 'Zona Catastrófica'.
«Si hubiera obtenido esa declaración, nos lo habrían pagado todo», explica el alcalde. «Los desperfectos en viviendas, en fincas, en jardines, en calles, en carreteras...», memoriza el regidor de Mazcuerras, que, por otro lado, todavía no ha visto las ayudas que el Gobierno central anunció a través de un Real Decreto Ley aprobado el 25 de enero que incluía a Cantabria entre los beneficiarios y del que nunca más se ha vuelto a saber.
Rehén de las administraciones, Camino, que tampoco va a ver ni un triste céntimo de los 746 millones en ayudas por catástrofes naturales que el Gobierno de España liberó en otro Real Decreto Ley aprobado el 20 de septiembre y en el que ni siquiera se menciona a Cantabria, ha dejado la suerte de sus vecinos en manos del presidente Revilla, que al ver ninguneada a la región ha puesto el grito en los cielos de La Moncloa.
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«Sánchez le ha dicho a Revilla que se iba a poner a ello y que le diera una semana», asegura el alcalde, que el 24 de enero por la mañana, cuando las primeras luces del día alumbraron el patético escenario al que se había encaramado el barrio, se echó a llorar a las puertas de la casa de 'Pepita'. Así conocen allí a Josefa Gómez. La de la foto famosa.
«Llevo 63 años viviendo aquí», explica la mujer, sobrada de motivos para aborrecer el 23 de enero. «Un 23 de enero perdí a mi marido y un 23 de enero perdí mi vivienda», hoy sometida a un proceso de reconstrucción.
«ElConsorcio de Compensación de Seguros se hizo cargo de todo», dice cuando se le pregunta por la factura que la riada dejó en su casa. «Bueno. De todo lo que puede aducirse a las inundaciones», matiza. «Porque estas grietas que han salido en las paredes no me las paga», se resigna mientras señala los enormes boquetes que la maquinaria pesada que trabaja en la vivienda ha provocado en varios tabiques y que los técnicos municipales tienen vigilados permanentemente.
Lentas, las obras de reconstrucción, que no de remodelación, impiden a 'Pepita' regresar a su casa, de la que tuvo que salir velozmente y como nunca hubiera pensado: montada en una zodiac de Cruz Roja porque en las horas en las que la riada alcanzó su estado de plenitud «el agua superó los dos metros de altura», dice la señora estirando el brazo todo lo que le da de sí.
Sin puertas, ni mobiliario, ni cocina, sin ni siquiera electricidad, Josefa se ha tenido que ir a vivir a una casa de alquiler en Mazcuerras, a unos tres kilómetros de la suya, por la que ya ha pagado a su arrendadora 4.500 euros de su bolsillo que no sabe si le van a devolver. Ni cuándo. Ni cómo. Ni quién.
Una incertidumbre que en cambio no cabe en la casa de su vecina, Camila Gómez, porque ella, a diferencia de Josefina, no tenía contratado ningún seguro.
Lo mismo que 'Pepita' y otros residentes en Villanueva de la Peña, Camila perdió buena parte de sus pertenencias durante las inundaciones. «Electrodomésticos, muebles, colchones, ropa y calzado...». El agua, un océano en el salón de su casa, «se lo llevó absolutamente todo». Hasta la posibilidad de reclamar los destrozos.
«No. No tenía seguro», admite Camila, que para su suerte sí tiene dos hijos albañiles de profesión que se han hecho cargo de las reparaciones cubriendo todos los costes y que no han querido decir a su madre a cuanto ha ascendido la broma. «No sé lo que se han gastado», asegura con pena.
Tampoco sabe si las administraciones la tendrán en cuenta en el reparto de las ayudas, si es que este se produce, claro.
«Aquí vinieron muchos políticos, que si fulano, que si mengano, y nos dijeron y nos prometieron, pero, al final, no han hecho nada. Lo único que han hecho es sacarse una foto para salir en el periódico», reprocha Camila, que excluye al alcalde de una crítica generalizada. «A él ponle bien, ¿eh?», dice 'Pepita'. «Que él no tiene la culpa de que a Cantabria no le hayan dado nada», añade la mujer.
A la conversación se incorpora una tercera vecina, Lorena Martínez, para quien el principal problema derivado de una catástrofe así «no es que venga el agua y se lo lleve todo sino el tiempo que tardas en poder recuperar una vida normal». Afectada por el desbordamiento del río durante aquella madrugada -la que va del 23 al 24 de enero- la chica asegura que vio pasar flotando por delante de su vivienda «gallinas muertas».
«Y también bombonas de butano», afirma Lorena, que no ha tenido ningún problema con el seguro. «Quien diga que el Consorcio no le ha cubierto los gastos ocasionados por aquella inundación, miente», subraya muy segura la muchacha, que aparta el foco del pasado para ponerlo en el futuro.
«Lo peor no es que haya sucedido. Lo peor es que va a volver a suceder. Esto va a volver a suceder y vamos a tener que salir todos en canoa», previene Lorena mirando al río. «Y paso de hablar más».
Pasa de hablar más porque se enciende. Porque, como sus vecinas, no entiende que las administraciones no se ponga de acuerdo y habiliten las ayudas a las que ellos creen que Mazcuerras tiene derecho para acometer la limpieza del Saja, una medida que minimizaría las consecuencias de una lluvia torrencial sobre el municipio.
«Aquí, en cuanto empieza a llover, todos nos ponemos nerviosos», admite muy preocupado el alcalde, que coincide con Josefa, con Camila y con Lorena en que el problema «no es lo que ha venido sino lo que estamos seguros que está por venir». Que por lo visto no son las ayudas que tanto imploran al Gobierno, sino un otoño y un invierno que a poco que descarguen sobre el municipio van a meter a sus vecinos en otro atolladero.
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