López del Moral, a los políticos: «La situación de la Justicia cántabra es muy grave, tenemos un gran retraso»

«La situación de la Justicia en Cantabria como consecuencia de las huelgas y de la crisis sanitaria no es preocupantes, es extremadamente preocupante, muy grave. Y los mecanismos para reponer esta situación a los momentos anteriores a estos dos acontecimientos son escasos». Así de claro se ha mostrado este martes el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), José Luis López del Moral, durante su comparecencia en el Parlamento de Cantabria, en la Comisión de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa para dar cuenta de la Memoria Judicial correspondiente al año 2022.

«Tenemos un gran retraso tanto en las tramitaciones como en las propias entradas y oficinas de reparto del Decanato, como en la práctica diligencias, notificaciones... todo lo que afecta a servicios comunes», afirmó.

¿Cómo están intentando hacer frente a este atasco? «Mediante refuerzos». Por ello, el presidente del TSJC ha anunciado que, a principios del pasado mes de septiembre, se entrevistó con la consejera de Justicia y el director general del área para «aligerar estos atascos» mediante la incorporación de personal.

Pero esta no es la única necesidad de la Justicia cántabra. López del Moral aprovechó su comparecencia para solicitar la creación de un nuevo juzgado de primera instancia para el partido judicial de Santander, un segundo juzgado de primera instancia e instrucción para el de San Vicente de la Barquera y dos plazas de magistrado para la Audiencia Provincial: una destinada a las secciones civiles y otra, a las penales.

Además, reiteró la necesidad de que las sedes judiciales de Santander y Torrelavega cuenten con una sala Gesell, esto es, una dotación para los órganos de la jurisdicción penal que permita recabar testimonios de víctimas menores de edad en un ambiente adecuado y lo menos invasivo posible.

Otra de las necesidades del TSJC es la renovación de los profesionales, ya que Cantabria tiene una plantilla «envejecida» con casi un 20% de personal que ha cumplido los 60 años y las consecuentes jubilaciones.

En relación a las necesidades del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Cantabria (IMLCF), López del Moral puso de manifiesto que la plantilla de 15 forenses se mantiene invariable desde el año 2005, mientras que la planta judicial en Cantabria desde entonces se ha incrementado en diez órganos jurisdiccionales. Asimismo, y dentro del ámbito del IMLCF, destacó la necesidad de una mejor dotación de la Unidad de Valoración Forense Integral, que actualmente da cobertura a toda la comunidad y que solamente cuenta con dos profesionales. La propia Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como ley del 'solo sí es sí', prevé que estas unidades sean reforzadas, recordó el presidente del TSJC, que reconoció que esta norma ha sido polémica y ha supuesto una «sobrecarga» de trabajo porque ha implicado la revisión de sentencias de casos de abusos sexuales pero también «tiene cosas buenas», como la mayor atención a las víctimas.

Precisamente, uno de los asuntos que más preocupan en el seno del TSJC es el aumento de las denuncias por violencia de género, que creció un 17% en 2022, y sigue en aumento. «Hemos subido un 5% respecto al resto de España», apuntó el presidente del TSJC. Además, "casi la mitad de los procedimientos termina en sobreseimiento" porque se retiran las denuncias o las víctimas no quieren declarar.

En este periodo se enjuició a 60 personas por este motivo y la mayoría de los delitos corresponden a "violencia de baja intensidad", pero para López del Moral son "tan relevante" como los de gran intensidad porque "normalmente es un inicio".

El presidente del TSJC ha señalado que puede que este tipo de delitos crezcan tanto porque "afloran las denuncias" que antes no ponían las víctimas, pero "no se conforma" con ese dato. Además, ha remarcado que ha habido casi 500 quebrantamientos de las condenas de prohibición de acercamiento.

También ha destacado que la Oficina de Asistencia a las Víctimas, ubicada en Santander, atiende a muchas personas que no residen en la capital y "no puede haber una justicia a dos velocidades", por lo que ha apostado por ampliar su sede a otros partidos judiciales grandes como el de Torrelavega o por formar a los funcionarios para que las usuarias reciban "la misma atención" en los juzgados repartidos por la región.

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