200 propietarios de viviendas con sentencia de derribo han muerto sin lograr una solución

Lo peor, sin duda, es el alto precio que han tenido que pagar los afectados. Desde que se constituyeron como organización, en abril de 2005, han fallecido 189 de los integrantes de AMA. Un dato que ya podría rondar los dos centenares, puesto que en 2020 –15 años después de su creación– decidieron dejar de contabilizar los decesos. «Nos hacía un daño psicológico tremendo, era insoportable. Se fueron sin ver todo solventado», cuentan desde el colectivo. El resto han ido envejeciendo a la par que el problema se cronificaba. «Es que nos hemos hecho mayores. Yo, que soy de los más jóvenes, ya tengo 63», apunta Vilela. La media actual de los propietarios se sitúa entre los 70 y los 80 años. Sólo en los últimos seis meses han fallecido cuatro miembros de la Ejecutiva. Otro dato demoledor.

Hay que remontarse más de tres décadas para encontrar el origen del problema. Los primeros casos surgieron en Escalante. Luego le siguieron Arnuero, Argoños, Piélagos, Miengo...

Más allá del buen tino o los errores propios de la gestión de los diferentes gobiernos en este tiempo, se entiende que los gobernantes no hacen el mal adrede a sus gobernados. Pero en AMA hace ya años que lo dudan. «Que a nadie se le olvide que el Gobierno regional y los diferentes ayuntamientos son los únicos condenados por la Justicia en todas las sentencias de derribo», afirma con rotundidad el presidente de AMA. «Y ahora ni siquiera son capaces de aprobar los Planes Generales, como nos habían prometido», subraya.

Actualmente son cuatro municipios los que acumulan las 472 sentencias de derribo que están pendientes de resolverse. El que más expedientes acumula, con mucha diferencia, es el de Argoños: 255. Hasta 16 sentencias diferentes han condenado a las distintas administraciones. Según AMA, 244 de esas viviendas podrían salvarse de la piqueta con el aval del nuevo Plan General de Ordenación Urbana. Hay 11 que no lo lograrán y deberán ser reducidas a escombros. Son la mitad de las construidas por ATC en la urbanización Las Llamas II.

Piélagos tiene otras 83 viviendas repartidas entre las urbanizaciones Entrelindes, Cerrias I, Cerrias II y la Unidad L-05. 41 de ellas podrían ser regularizadas con el PGOU –se encuentra sin aprobar provisionalmente– y las 42 de Cerrias aún están en fase de estudio.

Arnuero concentra 144 expedientes, todos ellos en la urbanización El Encinar. 42 viviendas ya fueron derribadas. Ahora hay 102 propietarios a la espera de que el Gobierno regional inicie las obras –el año pasado ya se hablaba de que podría ser en 2022– de los inmuebles de sustitución o que realice el pago de las indemnizaciones para empezar los derribos.

Las últimas casas afectadas se encuentran en Escalante, en el edificio Las Torres. Son 32 que deberán ser derruidas. Según AMA, la mitad de los propietarios se habrían acogido a la opción de que les construyan otra de sustitución.

Desde que comenzó el problema se han echado abajo un total de 258 construcciones en Cantabria. La primera fue el famoso Chiringuito de Mingo, el 29 de abril de 2009, en Ajo (Bareyo). Un año después de su demolición, se aprobó una nueva Ley de Costas que hubiese permitido su continuidad. Siguieron el mismo camino otra casa en la zona de Pepín Cano en Argoños, las 42 citadas de Arnuero y 214 sin habitar en el Alto del Cuco, en Mompía (Piélagos), en 2016.

El caso de Argoños es el que ha precipitado los acontecimientos esta misma semana. José Luis Gochicoa (PRC), consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, comunicó el lunes, tras reunirse con la agrupación que preside Vilela, que el PGOU del municipio no se podía llevar, por ahora, a la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Crotu) para su aprobación definitiva porque cuenta con un informe desfavorable de la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Cantabria. Es la quinta vez que esto ocurre.

Gochicoa considera que este obstáculo es «subsanable» porque tiene que ver con el catálogo de edificios del municipio con algún tipo de protección y con la consideración del Camino de Santiago a su paso por Argoños. Aunque apostilló que para lograrlo «quizá habría que aconsejar al Ayuntamiento –gobernado por el PP– que contrate a un equipo de expertos».

El encuentro entre ambas partes se produjo cinco días después de que AMA anunciase a través de un comunicado que rompería las relaciones con el Gobierno y los Ayuntamientos si no se producían «avances sustanciales» en los derribos. Sólo hizo una excepción. El consistorio de Arnuero «porque tiene aprobado su PGOU y el Plan Parcial para la construcción de las viviendas de sustitución». También puso una fecha tope para el ultimátum. «Tienen el mes de febrero para darnos una solución. Hasta aquí hemos llegado», sentenció Vilela en una entrevista en estas mismas páginas el pasado domingo. Si no es así, aseguró, «seguiremos nuevos caminos». Y dejó alguna pista: «Nos gustaría que la Fiscalía averiguara por qué hay planes urbanísticos que están parados desde hace veinte años».

Al día siguiente, AMA dinamitó el plazo concedido a las administraciones al salir de la reunión con el consejero. La noticia de Gochicoa sobre el PGOU de Argoños terminó con su paciencia. Así que confirmaron la advertencia lanzada la semana anterior y se reafirmaron en la ruptura con el Gobierno regional y los Ayuntamientos implicados.

Lo que no acaban de entender los integrantes de AMA es por qué varias décadas después todo sigue prácticamente igual. «Lo que sí sabemos es la gran diferencia que existe entre ellos y nosotros. Los políticos tienen la ventaja de que se renuevan cada cuatro años. Cogen aire. Nosotros, no. Seguimos siendo los de siempre. Los mimos que hicimos las cosas bien y, aún así, seguimos sufriendo sus decisiones», concluye Vilela.

«Reconozco que me metí de lleno en esto para continuar con el legado de mi padre», cuenta Enrique Martín Puebla. La muerte de Enrique Martín Cotero, el 22 de marzo de 2011, impulsó a su hijo a tomar el relevo. «Él murió peleando con AMA por solventar un problema que aún no se ha resuelto», relata.

Enrique tenía 14 años cuando la peor de las noticias surgió por sorpresa. El chalé en el que residía junto a sus padres, en la urbanización de Cerrias, en Liencres, estaba afectado por una sentencia de derribo. «Lo que sí puedo afirmar con rotundidad es que todo esto le causó un enorme desgaste físico y emocional», explica. «Eso es algo que ahora mismo estamos viviendo nosotros. Se hace todo muy pesado, sobre todo por los matices que rodean nuestro caso. La casa puede ser derribada para después, es lo alucinante, que el terreno sea de nuevo edificable. Es como de ciencia ficción», subraya.

«Tampoco miento si digo que la situación le causó también mucho dolor. Es que dedicó gran parte de su vida a intentar salvar la casa. Once años después de que muriera, nos encontramos en el mismo punto en el que nos dejó», lamenta.

En aquella época, el bonito chalé junto a la coqueta playa que da nombre a esta urbanización del municipio de Piélagos, era su vivienda habitual. «Luego nos fuimos. Se nos quedó grande. No nos sentíamos cómodos», reconoce. A sus 35 años, Enrique va a ser padre. «Voy a tener una hija y lógicamente me planteo si podré verla disfrutar en la vivienda que con tanto ahínco defendió su abuelo. Ahora me pongo en su piel y entiendo la preocupación que para un padre de familia es no saber si te van a tirar la casa donde viven los tuyos», admite.

Enrique Martín Cotero murió de un infarto. Era muy joven, tenía 51 años. «¿Que si fue el detonante?», reflexiona. «Pues no lo sé, la verdad. Lo que es rotundamente cierto es que el estrés no aporta paz ni tranquilidad», añade. «Pero el problema es que no sólo ha sido un caso aislado. Mira todos los que se han ido durante estos años sin alcanzar a ver cómo queda resuelto todo esto. Claro, si es que finalmente nos aportan una solución», concluye.

Su voz al otro lado del teléfono suena con entereza. A pesar de que su marido falleció hace apenas un mes –el 4 de enero–, María Teresa Ugarte contesta a las preguntas con serenidad, aunque también con contundencia. «Siempre fue un luchador. Pasó por quimioterapia, por diálisis, fue trasplantado de riñón... y hasta que no pudo más acudió a todas las reuniones de AMA», relata. José Luis Palacios Saiz fue uno de los miembros activos de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) que, como muchos otros, falleció sin ver resuelto el problema que afectaba a su vivienda en forma de sentencia de derribo.

«Una de las frases que más recuerdo oírle decir es 'qué va ser de nuestro hijos con esta casa si nosotros faltamos'», relata Maite. Ella y José Luis vivían en Bilbao, en el barrio de Santutxu. Compraron en Argoños el número 28 de la urbanización El Pueblo del Mar I donde hay otras 77 edificaciones afectadas. «Nadie nos ha regalado nada, ni la primera ni la segunda vivienda. Las hemos comprado a base de trabajo y sacrificio», añade.

El problema para ellos surgió hace 21 años. Cuando firmaron las escrituras, nada les hacía presagiar los negros nubarrones que rondarían poco después sobre sus cabezas. «Al principio lo llevó muy mal, lógicamente. Los primeros años fueron terribles», explica. «Luego, con el paso del tiempo, llegó el aburrimiento y la desesperanza. Es que son tantos años los que han ido pasando que te das cuenta de que la única opción viable que te queda es adaptarte. No te queda otra», recalca. Para entonces, a José Luis le empezó a fallar la salud. Eso le permitió, aunque suene incongruente, desconectar. «El hombre tenía problemas mucho mayores con los que lidiar. Aun así, estuvo implicado en todo lo relativo a la casa», subraya Maite.

Lo que no acababa de entender «es por qué nadie ha hecho nada para resolver de una vez por todas el problema». Cada vez está más convencida de la afirmación que les hizo a los compañeros de AMA durante una reunión en la que le pidieron que hablara: «A este paso, la única casa realmente segura que vamos a tener es la del cementerio».