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Los maestros de los colegios de Infantil y Primaria de Cantabria están llamados a la huelga los días 14 y 20 de junio para protestar contra el posible aumento con horas lectivas de la jornada reducida de principio y final de curso anunciado ... por la Consejería de Educación para el próximo ejercicio. Los paros, de carácter parcial, serían de 09.00 a 12.30 horas, coincidiendo con el horario escolar de junio, de modo que los alumnos no tendrían clase esos días. Así se decidió ayer en la asamblea convocada por la Junta de Personal Docente (de la que forman parte los sindicatos STEC, ANPE, CC OO y UGT) en el colegio Cisneros de Santander, a la que asistieron más de 150 profesores procedentes de distintos puntos de Cantabria, que mostraron su «indignación generalizada» con la postura tomada por el departamento dirigido por Francisco Fernández Mañanes.
Según detalla Jesús Aguayo, representante de STEC, entre las medidas de protesta también se ha previsto una concentración el 7 de junio ante la sede del Gobierno de Cantabria y se ha planteado que los maestros no realicen ninguna actividad extraescolar más allá de las 14.00 horas, lo que imposibilitaría por ejemplo la organización de excursiones, convivencias, visitas culturales... «Ni un minuto más». La amenaza de huelga también se extendería al 10 de septiembre, con lo que el curso no se iniciaría como está previsto, aunque este punto se debatirá más adelante a la espera de acontecimientos. Ahora la pelota está en el tejado de la Administración, obligada a mover ficha. «Ellos tienen la solución. Si rectifican, evitarían llevar el conflicto hasta la huelga», expresa Aguayo.
Horas antes de la asamblea, la Junta de Personal Docente había trasladado a la Consejería de Educación una última oferta: mantener la jornada escolar reducida en Infantil y Primaria durante el próximo septiembre para evitar que el conflicto ahora abierto afecte al inicio del curso 2018/19 y negociar posteriormente, con «más tranquilidad» en el ambiente, soluciones «legales» para el mes de junio que tengan además cabida en los Presupuestos de Cantabria de 2019.
En definitiva, los sindicatos plantean una «moratoria» ante una situación «enquistada» debido a las posiciones alejadas que mantienen en torno al problema la Consejería y la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (FAPA), por un lado, y la Junta de Personal Docente, por otro, que no quieren renunciar a sus respectivos planteamientos.
La Administración educativa y FAPA defienden que la extensión de jornada en septiembre y junio desde las doce y media hasta las dos de la tarde debe hacerse a través de horas lectivas impartidas por los maestros, mientras que los sindicatos docentes apuestan que sea a través de actividades extracurriculares tuteladas por monitores y sólo para aquellos alumnos que lo soliciten, que fue además la solución planteada por el Consejo Escolar en el estudio realizado sobre el calendario, que fue aprobado por unanimidad por toda la comunidad educativa.
El consejero Mañanes y los directores generales María Jesús Reimat y César de Cos, presentes en la reunión, señalaron a los sindicatos que estudiarán su propuesta y se comprometieron a dar una respuesta en los próximos días. «Si no se atienden nuestras reivindicaciones de forma definitiva o, al menos, la moratoria que hemos planteado, seguiremos adelante con las protestas», advierte Aguayo.
Los sindicatos presentaron además a Mañanes un informe jurídico donde «se evidencia la cobertura legal» que tiene la jornada lectiva reducida al principio y final del curso, vigente en otras 13 comunidades autónomas además de Cantabria. La pasada semana, el consejero alegó, a través de otro informe jurídico, la decisión de que la ampliación de la jornada en junio y septiembre se tiene que llevar a cabo con horas lectivas para cumplir con el total que se deben impartir al cabo del curso, tal y como, en su opinión, marca la legislación. Una postura que suponía un giro respecto a la primera idea que había defendido Educación, que era buscar soluciones en torno a la propuesta del Consejo Escolar.
Pero la Junta de Personal defiende que la legalidad de la jornada reducida se recoge en una normativa de 2010 que cuenta con el visto bueno de los servicios jurídicos de Educación y del Gobierno de Cantabria. Y que las modificaciones que ha sufrido a lo largo de los años, incluidas algunas ya con la Lomce vigente, no introducen ningún cambio al respecto.
La Junta de Personal Docente asegura que la jornada reducida de septiembre y junio tiene «cobertura legal». Así lo recoge el informe jurídico entregado a Mañanes, donde se recuerda que el horario lectivo de tres horas diarias en junio y septiembre figura en la orden de instrucciones de organización y funcionamiento de colegios de Educación Infantil y Primaria de la Consejería de Educación de 2010. Una orden que fue modificada un año más tarde para establecer una jornada continua de «tres horas o de tres horas y media, en función del horario que tengan aprobado por la Consejería».
La norma ha sufrido otras tres modificaciones más, dos de ellas ya en la Lomce, pero ninguna hace referencia al horario reducido, lo que hace entender a los sindicatos docentes que si se estuviera vulnerando algún precepto de esta ley educativa, vigente desde 2013, no se habrían hecho estas dos últimas modificaciones «sin atender a la necesidad de respetar un número de horas determinado de clases en junio y septiembre».
La Junta recurre a la regulación del calendario escolar en la Lomce, que establece que será fijado anualmente por las administraciones educativas y que «comprenderá un mínimo de 175 días lectivos para las enseñanzas obligatorias», pero que en ningún caso establece «un número de horas lectivas al año». «El cálculo de multiplicar 175 por 5 horas lectivas cada día para fijar un mínimo de horas que hay que cumplir puede ser la consecuencia de tener que buscar como sea un argumento supuestamente legal para fundamentar la decisión de la Consejería», sostienen los sindicatos. «Pero en ningún caso se fundamenta en la norma, ni se sostiene de ninguna manera, ya que los días se cumplen en todo caso. Tampoco la normativa de desarrollo estatal (reales decretos) fija un número de horas anuales», aseguran.
De esta manera, la Junta de Personal Docente enfatiza que lo que hay que «respetar» es el mínimo de 175 días lectivos -exactamente los fijados en el calendario escolar de Cantabria-, pero «el resto es competencia de la Consejería, que no puede escudarse en preceptos de rango superior cuya formulación no es como ellos dicen (un número de horas) para ocultar que la decisión que han adoptado ahora es suya, no una obligación determinada por una normativa de rango superior».
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