El maltrato visto por los expertos

La magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Nº 1 de Santander, María Fernanda Figueroa, que sustituye al titular de la plaza por encontrarse de baja, destaca la importancia que tiene la denuncia de la mujer en los casos de violencia de género. «A veces se paga un precio muy alto, pero algunas mujeres han salvado su vida gracias a que han denunciado. Lo básico y fundamental es que la víctima denuncie porque normalmente no hay otra prueba».

Figueroa, que apunta que no hay un perfil tipo de víctima ni de agresor, señala que, una vez que se ha presentado la denuncia, lo más importante es la declaración de la mujer, «porque a veces puede ser la única prueba de cargo». «Es nuestra piedra angular». El problema que se encuentran, en ocasiones, es que las víctimas se acogen a su derecho a no declarar. Y en ese momento los jueces se ven obligados a sobreseer provisionalmente el caso (si no hay otras pruebas). Otras veces, el juez actúa de oficio. Además, al testimonio de la víctima se suman –en algunos casos– otras pruebas como los partes médicos, si ha habido alguna lesión, aunque a veces el problema que se encuentran en el juzgado es que hay mujeres que no informan al médico de que las heridas se las ha provocado su pareja. «Si lo hacen directamente nos lo comunican al juzgado y llamamos a declarar a la víctima en caso de que no denuncie primero ella».

Sobre los maltratadores o agresores, la magistrada apunta que normalmente «no muestran arrepentimiento». «O no declaran o dicen que no han hecho nada. Suelen venir al juzgado a debatir los hechos. Piensan que no han hecho nada, aunque hayan insultado o agredido a su pareja. Es raro que alguno reconozca los hechos, a veces ni ellos mismos son conscientes del control que ejercen sobre ellas».

Aunque no exista un perfil tipo, Figueroa está detectando que cada vez son más los jóvenes que agreden o maltratan a sus parejas. «Antes eran de mediana edad, entre 40 y 60 años, pero ahora los casos de agresores de 18 a 30 años han crecido exponencialmente. También es verdad que hay muchos delitos a través de las nuevas tecnologías, como casos en los que mandan fotografías íntimas tras cortar una relación». A esto se añade, según comenta la magistrada, una estadística que indica que los jóvenes cada vez creen menos en la violencia de género. «Eso es muy preocupante, algo está fallando».

A pesar de las penas, que considera que son «bastante ajustadas y proporcionadas», señala que hay un grado de reincidencia alto. «Tenemos un montón de quebrantamientos de órdenes. Es decir, que intentan comunicarse con ellas». Sin embargo, cree que el problema «no es la penalidad ni la legislación». «Esto hay que reforzarlo de alguna manera», concluye.

El fiscal de Violencia de Género en Cantabria, José Ignacio Tejido, considera que hay que ofrecer «confianza» a las víctimas y que tienen que saber que serán «atendidas» y «protegidas» una vez que denuncien a su agresor.

Una vez que han dado el paso, el apoyo fundamental que se ofrece a las víctimas es la orden de protección. Según explica Tejido, la orden incluye todas las medidas cautelares necesarias para proteger a la víctima, como las penales (por ejemplo, la prohibición de aproximación y/o comunicación) y las civiles, donde entran la forma en que se ejercerá la patria potestad, acogimiento, tutela, curatela o guarda de hecho, atribución del uso y disfrute de la vivienda familiar. También se puede determinar el régimen de guarda y custodia, suspensión o mantenimiento del régimen de visitas, comunicación y estancia con los menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección, el régimen de prestación de alimentos, así como cualquier disposición que se considere oportuna a fin de apartarles de un peligro o de evitarles perjuicios. Además, hay medidas de asistencia y protección social.

La duración de las medidas penales y asistenciales puede extenderse hasta que se dicte sentencia definitiva y las de tipo civil tienen una duración inicial de treinta días. Además, está en vigor, entre otras, la Ley 1/2021 de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas (asesoramiento jurídico, servicio de acogida…).

¿Y qué ocurre con los maltratadores durante el cumplimiento de la pena? El fiscal explica que las penas que se imponen son la prisión o los trabajos en beneficio de la comunidad. La pena de prisión, dependiendo de su duración y de la presencia o ausencia de antecedentes penales, puede ser suspendida y en ese caso, porque así lo dispone el Código Penal, se condiciona tal suspensión a participar en programas formativos de igualdad de trato y no discriminación, resolución pacífica de conflictos, parentalidad positiva y otros similares. Si la pena impuesta fuera la de trabajos en beneficio de la comunidad, esta deberá ser cumplida sin posibilidad de suspensión. Además, con carácter imperativo, se impone a los autores de estos delitos la pena de prohibición de aproximación a la distancia que se fije con la víctima, de su persona, domicilio, lugar de trabajo o lugares frecuentados por ella, así como de comunicarse con la misma por cualquier medio (teléfono, correo electrónico...). «Estas penas se cumplen de manera simultánea con la prisión o los trabajos en beneficio de la comunidad y su incumplimiento puede suponer la comisión de otro delito castigado con pena de prisión. La participación en programas formativos actúa como condición para la suspensión de la condena en los casos en que esto proceda».

La víctima es «una mujer vulnerable, con una carga emocional importante y muchas veces con sentimientos contrapuestos e inseguridad respecto a denunciar a su supuesto agresor». Elena Pérez Mantecón, abogada especializada en violencia de género, reconoce que a muchas mujeres les cuesta tomar la decisión de denunciar. «Muchas veces lo único que quieren es una orden de alejamiento, la garantía de que el maltratador no se puede acercar a ella, ni comunicarse por ningún medio».

Lo difícil, según apunta esta letrada, es hacerles entender que para que el juez dicte la orden de protección hay que denunciar el maltrato y justificar y fundamentar la petición de dicha medida, ya que solo de esa manera será acordada. «En otros casos, la víctima no solo quiere una orden de protección, sino que quiere denunciar y quiere una condena de su agresor».

Pérez Mantecón señala que las víctimas «son mujeres de perfiles variados, de diferentes edades, nivel cultural y situación económica y familiar».

Además, afirma que, por el camino, a veces se hacen «más fuertes» y una vez comprenden cómo se va a desarrollar el procedimiento penal, luchan para que el juez les dé la razón y condenen al maltratador. «En otras ocasiones, aún en el caso de que hayan denunciado, en el juicio no quieren ratificar la denuncia», cuenta la especialista.

En el caso del agresor, apunta que tiene también un perfil variado, «aunque es preocupante que, al igual que la víctima, muchas veces es muy joven y no entiende el motivo de la denuncia, ya que culpabiliza a la víctima de lo que le pasa y normaliza su comportamiento reprochable ética y jurídicamente».

Por otro lado, asegura que la víctima vive todo el proceso con «angustia», no encaja bien que se deniegue la orden de protección ni que el agresor no reconozca los hechos. «A veces recibe presiones de la familia del agresor para que no siga adelante, y, por supuesto, lo peor es que la sentencia sea absolutoria». En este sentido, Pérez Mantecón dice que «no es fácil conseguir una condena, muchas veces el maltrato se produce estrictamente en el ámbito familiar, sin testigos. Y cuando no hay informes médicos de lesiones es difícil acreditarlo». Además, en el caso de los malos tratos psicológicos, afirma que si la mujer nunca ha acudido a pedir ayuda médica y no está en tratamiento psicológico «es muy difícil probarlos y que se condene, porque, aun cuando el testimonio de la víctima tiene eficacia probatoria, el acusado está revestido de la presunción de inocencia». Lo habitual es la aportación de WhatsApp, mensajes o audios con los que se pueden acreditar los hechos denunciados. En caso de lograr una condena, las víctimas sienten «alivio». Si bien es cierto que en muchos casos hay reincidencia.

La división dedicada a la protección de la mujer y el menor en la Benemérita es la Emume. Marta Rodríguez es una de sus responsables en el cuartel de Peñacastillo, en Santander. Allí han comprobado, a lo largo de los últimos años, cómo las víctimas de maltrato denuncian más. «Es el paso necesario para que las distintas administraciones puedan poner en marcha el proceso de protección, en el ámbito policial, asistencial, sanitario y judicial», acredita. En cualquier caso, recuerda que la violencia de género está considerada un problema social y es un delito público, «por lo que la ciudadanía tiene la obligación de denunciar dichos hechos».

Apunta que la protección de la mujer es instantánea, que nadie debe tener miedo a represalias por parte de su agresor. «En el momento en que se interpone la denuncia, la Guardia Civil procede a realizar el alta del caso y se valora el riesgo de la persona. Se establecen diferentes grados de medidas de seguridad que serán de aplicación inmediata y que entran dentro de lo que se conoce como Plan de Seguridad Personalizado (PSP). Existe un servicio de WhatsApp las 24 horas del día para atender estas necesidades (600 000 016), y en el caso de menores de edad que teman que se está produciendo una agresión de esta naturaleza, está operativo el número de teléfono (900 202 010).

Conviene estar siempre alerta en casos donde ha habido este tipo de violencia. «De las actuaciones realizadas durante el año 2020, en un 18% de ellos hubo reincidencia por parte del autor hacia la misma víctima. En relación a los autores, cerca del 13% tenía antecedentes con esa u otras víctimas», explica Rodríguez.

Por eso la protección siempre es indispensable, y ese es un ámbito en el que la Guardia Civil tiene la responsabilidad. El PSP puede llegar a incluir a un agente que siga las 24 horas del día a la víctima. Los hay que acompañan a la mujer a todas las labores de su vida, desde el camino del colegio, cuando van a dejar a los niños; hasta el trabajo o a hacer la compra al supermercado. Es en los casos más críticos donde el peligro de agresión es muy alto. El agente mantiene siempre una distancia prudencial, vestido de paisano. Lo importante es que su presencia le pase inadvertida a todo el mundo;pero la protección continúa existiendo. Si se produce un quebrantamiento de una orden de alejamiento, la detención del sujeto es automática.

«Por eso una de las cosas que hacemos siempre es informar a la víctima cada vez que su agresor sale de un centro penitenciario tras cumplir la pena. Si existen medidas judiciales en vigor, se continúa siempre con la vigilancia, lógicamente, para velar por su cumplimiento».

La Unidad de la Familia y la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional tiene dos objetivos fundamentales: de un lado, el asesoramiento a las víctimas y la investigación de los casos de violencia en el ámbito familiar. Segundo, la labor educativa en favor de la necesidad de formalizar la denuncia para iniciar el proceso judicial que derive en la protección de la mujer. «La formación de estos agentes los convierte en profesionales especialmente cualificados y sensibilizados para la atención y asesoramiento de las víctimas más vulnerables, incluidos los menores», explica Yolanda Martín, inspectora de la UFAM. Desde este cuerpo se insiste también en la necesidad de formalizar la denuncia.

Algo harto complicado para muchas mujeres, que se ven ahogadas por las repercusiones que tendrá cualquier tipo de medida de esa naturaleza. Muchas agresiones y abusos, mantenidos en el tiempo en las relaciones de pareja, quedan tapadas por estos temores. Miedo a desestabilizar las familias, a que sufran los hijos o al qué dirán en el entorno más cercano. «Por eso suelen ser casos que pueden pasar desapercibidos para familiares y amigos. Es importante, por tanto, que toda la sociedad reconozca estas conductas y cualquiera pueda identificar y reconocerlas».

Por eso es fundamental que la víctima sepa que contará con protección y acompañamiento en todo el proceso. «Una labor que se extiende también al acompañamiento a los juzgados y otras instituciones donde las víctimas tienen que acudir». También se controla al agresor para que cumpla con las medidas o penas impuestas por el juzgado competente».

Yla protección no finaliza con el mero cese de las medidas o penas judiciales. De hecho, en algunas ocasiones, hay víctimas que precisan poder hablar con alguien, tener un referente de confianza con quien poder compartir sus inquietudes en torno a esta situación tan complicada para muchas madres que además deben hacerse cargo por sí solas de los hijos.

«En todo lo que se refiere a esto, las actuaciones policiales se vieron reforzadas con la entrada en vigor de la Instrucción 5/2021 del llamado 'Protocolo cero', por la que se establece el procedimiento de primer contacto policial con las víctimas y cuyo objetivo es minimizar el riesgo de estas mujeres en situación de desprotección. Concretamente en aquellas que han manifestado su deseo de no denunciar estas agresiones que pueden ser constitutivas de un delito en el marco de la violencia de género», explica Martín.

«Gracias a este protocolo, aunque la víctima insista en no denunciar, se iniciará la correspondiente investigación por parte de la unidad especializada del Cuerpo Nacional de Policía», remarca la inspectora de la UFAM.

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