Isabel Urrutia | Consejera de Presidencia, Justicia y Simplificación Administrativa

«El mapa de comarcas puso en pie de guerra a los alcaldes, no será mi prioridad»

–El principal encargo que le hizo la presidenta fue dirigir el proceso de simplificación administrativa. Hasta ahora, la única acción ha sido eliminar la cita previa en las sedes del Gobierno. ¿Qué está por venir?

–Fue un acierto por parte de la presidenta llamar a esta Consejería así porque ha tenido ya un efecto interno muy positivo. Los funcionarios tienen un lugar al que acudir con sus propuestas para la simplificación. Están ilusionados porque ellos mismos ven cómo sus expedientes se eternizan en el tiempo por procedimientos duplicados, procedimientos contradictorios... En la Comisión que hemos creado vamos a estudiar los procedimientos que tiene la Administración, que son más de 1.100, para detectar aquellos que tienen duplicidad de actuaciones, que no son suficientes, que están obsoletos… Hemos pasado el cuestionario a todas las consejerías. Ese trabajo ya está hecho y se ha detectado que el 40% tiene problemas. Ahora los analizaremos para ver cómo solucionarlo. Puede que haya que modificar una ley, un decreto… O igual no podemos hacer nada porque depende del Estado. En ese caso lo comunicaremos a Madrid y diremos por qué se están produciendo retrasos administrativos con efectos prácticos en ciudadanos y empresas.

–Los efectos prácticos más evidentes de la burocracia son los retrasos que sufren empresas que piden licencias y que en ocasiones tienen que esperar meses para obtener respuesta.

–Muchas licencias dependen más de los ayuntamientos que del Gobierno, pero sí hay trámites intermedios que hace esta administración y que se dilatan demasiado. Lo que sí compete a esta Consejería, y que meteremos en la Ley de Acompañamiento del Presupuesto, es la reforma de la Ley de Espectáculos para introducir la figura de la declaración responsable. No obligaremos a los ayuntamientos a que la utilice, pero les daremos la posibilidad, siempre garantizando la seguridad. A día de hoy si un establecimiento quiere organizar un espectáculo tiene que pedirlo con dos meses de antelación y esperar a tener la autorización. Un decreto determinará qué tipo de actividades se pueden hacer con esa declaración. No tiene sentido que siga el mismo procedimiento un concierto de Alejandro Sanz en La Magdalena que una actuación de un mimo en un pueblo.

–También han detectado un problema en los procesos de contratación del propio Gobierno.

–Hay expedientes que superan el año, una barbaridad. En ocasiones cuando se van a resolver hay que cambiarlos porque han quedado viejos. El problema es que cada consejería tiene sus propios pliegos, cuando tendrían que seguir un modelo único. Vamos a crear unos pliegos base y cuando terminemos de hacer las modificaciones la mayoría de contratos tardarán en resolverse entre tres y seis meses.

–Habló en el Parlamento de mala coordinación en los servicios de emergencia, ¿a qué se refería?

–Nos hemos encontrado con algunos problemas que además creo que derivan de aquel cruce que se hizo en el verano de 2022 al llevar al director del 112 al Centro de Estudios de la Administración Regional y viceversa. Entonces no explicaron los motivos reales, pero las cosas al final afloran. Es fundamental que el Semca, que es el que gestiona el 112 y el que además tiene a los bomberos de Cantabria, se coordine con el Servicio de Protección Civil, que es el que detecta la emergencia a la que acuden después los medios. Ahora mismo hay una situación de descoordinación. Había una falta de comunicación entre la Dirección General de Interior que llevaba Jezabel Morán y el Semca con Íñigo Claramunt. Tremenda. En este área vamos a integrar ya a los nuevos 13 bomberos que se incorporan y el año que viene volveremos a sacar nuevas plazas.

–Una vez implementada la solución a este problema, ¿qué más planes tiene en esta materia?

–Otra cosa que hemos encontrado en el Semca y que nos ha preocupado muchísimo es la paralización de todos los expedientes. Hemos tenido que iniciarlo todo y vamos a ver si podemos acelerar la compra de algún vehículo, porque algunos tienen más de 25 años. También hemos comenzado a licitar y hacer pliegos para algunas obras en los parques de bomberos. Algunos están bien, como el de Reinosa, pero hay otros como el de Valdáliga que necesitan una remodelación integral.

–¿Valora la opción de reducir la subvención regional al parque de bomberos de Castro por los problemas de funcionamiento?

–Llevo desde agosto intentando que la alcaldesa me diga los efectivos que tiene, cuántos están por turno, cuántas emergencias tienen... Nosotros les damos 400.000 euros al año para el mantenimiento, cantidad que no está nada mal teniendo en cuenta que Torrelavega tiene 450.000 euros y Santander 725.000 euros. Camargo recibe, según el convenio actual, 150.000 euros aunque tenga una población similar. Con la diferencia de que en Camargo llamas a los bomberos y pueden intervenir y en Castro no porque no hay personal.

–Entonces, plantea recortar la asignación a Castro Urdiales.

–La propuesta de la Consejería es no recortarla. Pero sí espero que la alcaldesa responda. Si el Gobierno da un dinero para que se preste un servicio tengo que saber cuántos efectivos hay y que se justifique para qué se usa. Es el dinero de todos los cántabros. No me planteo recortar ese dinero de momento, pero sí otra forma de gestionar los convenios con los ayuntamientos.

–Históricamente se ha hablado de la posibilidad de trasladar algunas sedes del Gobierno a Torrelavega. ¿Qué piensa?

–Tenemos el Estatuto de Autonomía que dice clarísimamente que los órganos de autogobierno de la comunidad autónoma están en la capital. Sí que es verdad que se pueden descentraliza departamentos, como pueden ser las oficinas comarcales. Pero yo no veo la sede de una consejería entera en Torrelavega y tampoco creo que fuera práctico llevar solo una dirección general. En el pasado otros gobiernos lo estudiaron y finalmente no lo hicieron.

–El PP criticó en la oposición que PRC-PSOE usara la ley de acompañamiento para cambiar muchas normas. ¿Harán lo mismo?

–No lo haremos como norma general, pero creo que es imperioso en determinados casos, como cuando hay plazos que se agotan. Ahí meteremos asuntos relacionados con la simplificación administrativa. También ha dicho Fomento que llevará la reforma de la Ley del Suelo.

–¿Irá también la modificación de la Ley de Memoria Histórica?

–No lo sé, depende de Cultura.

–El ministro Bolaños ha dicho que el cambio de la norma cántabra supone un «golpe a las víctimas de la dictadura»

–No estoy de acuerdo con eso. Lo que se ha decidido respeta a las víctimas. Lo que defendemos es que ni las leyes ni la ideología sirvan para enfrentar, que es lo que consiguió la Ley de Memoria Histórica del bipartito. ¿Es necesaria una Comisión de la Verdad para que nos cuente la historia? ¿En este país necesitamos que alguien nos diga lo que tenemos que pensar? Yo creo que no.

–El PSOE creó una Dirección General de Memoria Histórica y ustedes la eliminan y crean una de Víctimas del Terrorismo. Parece que ambas decisiones tienen un punto de intención política

–Hay un mandato parlamentario a través de una ley que se aprobó con consenso. Había una serie de exigencias que hay que poner en marcha derivadas de esa ley. Cumpliendo ese mandato lo que hemos hecho es que la Dirección General de Justicia añada el apellido de 'y de Víctimas del Terrorismo'. No tiene nada que ver con lo que hizo el bipartito, cuando Zuloaga se creó una consejería a medida y tuvo que dibujar varias direcciones generales. La de Memoria Histórica tenía a su cargo solo tres funcionarios, esta tiene más de mil funcionarios de Justicia. Se va a ver cómo en el Presupuesto de 2024 habrá un programa presupuestario para crear las ayudas para cumplir el mandato de la Ley de Víctimas del Terrorismo de Cantabria, que por cierto fue una de las últimas autonomías en tenerla.

–¿Va a seguir adelante con la iniciativa de su antecesora de crear una Ley de Comarcas?

–El asunto de las comarcas suena muy bien sobre el papel, pero es polémico. Y la pasada legislatura creo que no se llevó a cabo porque era polémico, muy polémico. Los alcaldes se pusieron en pie de guerra. Hay que revisar todo ese proyecto y desde luego no vamos a hacer nada que vaya en contra de los alcaldes. Y puedo asegurar que había muchísimos alcaldes que no se sentían cómodos con la comarca en la que se les había metido.

–Entonces, ¿lo dejarán pasar y el proyecto quedará en el cajón?

–No digo que lo dejemos pasar, pero no es mi prioridad.

–¿Está en los planes del Gobierno la fusión de municipios?

–Soy una defensora de las entidades locales menores. De las que funcionan. Claro, eso parece incompatible con fusionar municipios. Pero soy defensora también de mancomunar servicios. Los servicios tienen que estar cerca del ciudadano. El único proyecto de fusión que se ha planteado últimamente es el de Extremadura y ya vemos cómo ha salido. Si se hace tiene que salir de los municipios, no del Gobierno regional.

–¿La Estrategia contra la Despoblación que lleva en marcha dos años ha sido efectiva?

–Dados los resultados… Estamos pendientes de nombrar el Consejo Asesor sobre Despoblación. Estábamos esperando a que echara a andar la nueva Federación de Municipios. Cuando vuelva a estar en marcha tendremos que reunirlos, ver qué medidas se han puesto en marcha y cuáles han servido.

–Con los datos que tiene, ¿lo que está en marcha ha servido?

–Pues es que yo creo que se ha puesto muy poco en marcha. Porque más allá de poner enchufes eléctricos en los pueblos… Hay que revisarlo y hay que desarrollar nuevas medidas. Creo que la reforma fiscal que plantea el Gobierno tiene muchas medidas en materia de despoblación que van a venir muy bien, como la eliminación del canon de saneamiento en estas zonas. También hay otros beneficios fiscales para los vecinos de zonas despobladas.

–¿Beneficiar a alguien fiscalmente por el lugar donde viva no rompe el principio de igualdad entre los cántabros?

–No creo que eso rompa el principio de igualdad. El tren ahora es gratis. ¿Estás rompiendo ese principio de igualdad porque se beneficie quien va en tren frente al que va en autobús o en coche? Son medidas de discriminación positiva que sirven para atraer o fijar población.