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La exdiputada de Ciudadanos Marta García no entregará su acta y se mantendrá como parlamentaria independiente, según ha anunciado hoy, una semana después de darse de baja del partido, al tiempo que acusa a sus excompañeros Félix Álvarez y Diego Marañón de expulsarla del Grupo Parlamentario y disolverlo ... tras alcanzar un acuerdo con el PRC para mantener sus sueldos.
García, que niega rotundamente ser una tránsfuga, aludió a la existencia de una especie de complot urdido entre Álvarez, Marañón y los regionalistas para defenestrarla, facilitando así al consejero de Ganadería, Guillermo Blanco, ser el sucesor de Revilla. «La traición a las siglas y al proyecto que dicen representar y defender se ha consumado, garantizando a cambio al partido regionalista silenciar parcialmente la voz crítica de esta diputada para ejercer su trabajo de control e impulso al Gobierno en beneficio del sector primario de Cantabria, intentando allanar el tortuoso camino que le espera al señor Guillermo Blanco en su intento a la sucesión de Revilla».
En su explicación, García se remontó hasta 2018 para recordar su labor reivindicativa en defensa del campo –ella misma es propietaria de una explotación ganadera- y reclamando el control de la población de lobos -«Sigo manteniendo lo mismo que dije en 2019, lo mismo que he dicho en 2020, en 2021 y que mantengo en la actualidad»-. De ahí que la pasada semana, tras la abstención de Cs en el Congreso en la votación que proponía sacar al depredador del listado de especies protegidas, el Lespre, decidiera romper su carné, una decisión aplaudida en principio por sus compañeros de bancada en el Parlamento, que también amagaron con seguir sus pasos, como hicieran otros afiliados cántabros.
Contó después cómo, convocados a una reunión de urgencia en Madrid por la dirección nacional para tratar de buscar una salida a la crisis, se llegó a un arreglo acordando presentar un texto a debatir en el Congreso en el que volvía a pedirse la gestión autonómica del control del número de ejemplares de lobo. Fue en esa reunión, según García, cuando adelantó su intención de mantener su baja del partido pero seguir trabajando en el grupo parlamentario, una postura que contó «con el visto bueno de la secretaria general de Ciudadanos, Marina Bravo, y de Félix Álvarez, como el mismo manifestó a los medios de comunicación».
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Según denunció Marta García, la proposición no de ley acordada entonces no ha sido la que finalmente ha presentado Cs, que ya en su inicio «manifiesta la necesidad de la recuperación del lobo ibérico», que la formación liberal califica como «especie vulnerable a proteger».
Todo esto, explicó la diputada, es lo que le ha llevado a tomar la decisión de no entregar su acta. «Las amenazas no tan veladas recibidas, las presiones mediáticas, las medias verdades, las mentiras rotundas, las difamaciones sufridas en los últimos días, la persecución política, no van a torcer mis principios, mis valores, mi lealtad, ni tampoco mi férrea voluntad en la defensa del sector primario de Cantabria». Tal y como ella interpreta la situación, «después de tres años, con 277 intervenciones, con una dedicación parcial y un sueldo también parcial, en defensa del sector primario y de los ideales del Ciudadanos original de 2019 al que yo me afilié, creo legítimamente que el acta me pertenece».
Marta García defendió que no se considera una tránsfuga, a pesar de que así se establece en la carta ética que firmó al presentarse a las elecciones con Cs, un compromiso que le obliga a entregar su acta de diputada al dejar el partido. «El acta deberían dejarla aquellos que mienten y engañan a los votantes, los tránsfugas ideológicos, diciendo una cosa cuando se presentan y haciendo después todo lo contrario». Aseguró, además, que continuará ejerciendo su labor en defensa del campo en el Parlamento cántabro, y que no se irá a ninguna otra formación política, respondiendo así a los rumores que la sitúan cerca de Vox.
Por último, en tono irónico, agradeció la «preocupación» del consejero Guillermo Blanco por su futuro político, que contrasta, subrayó, con «la nula preocupación que ha mostrado por el futuro de los más de 400 ganaderos que han tenido que abandonar su profesión desde 2019, desde que él dirige la Consejería de Ganadería».
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