Martín, «confiado» en que los sondeos en la mina de zinc se harán pese a los «francotiradores»

Con la misma tranquilidad se ha expresado el presidente regional, Miguel Ángel Revilla, quien ha confiado en que el recurso de Ecologistas en Acción contra el permiso de investigación para explotar el zinc no tenga incidencia en el proyecto ni cause retrasos ya que, según ha dicho, «se han hecho las cosas con todo el rigor».

«La gente está en su derecho de reclamar todo lo que quiera, para eso está el Estado de Derecho, pero yo espero que no (prospere) porque se han hecho las cosas con todo el rigor», ha subrayado Revilla en declaraciones a los periodistas en Castro Urdiales.

El presidente ha insistido en que tanto él como el Gobierno tienen «una ilusión enorme» en el proyecto. «Creo que puede haber un antes y un después de la explotación de esas minas, donde hay unos recursos mineros importantísimos y donde se van a generar muchos puestos de trabajo y una inversión que estamos hablando de 600 millones», ha agregado.

«Cuando las cosas se hacen administrativamente bien, uno tiene la garantía de que los proyectos salen adelante», ha dicho Martín este martes al ser cuestionado por la decisión de Ecologistas en Acción de recurrir el permiso de investigación Salia, concedido por el Gobierno regional a Cantábrica de Zinc SL, que forma una 'joint venture' con Global Amidala SL y la minera canadiense Emerita Resources para este proyecto minero, informa Europa Press.

Aunque el consejero ha mostrado su «respeto absoluto» por la decisión de Ecologistas en Acción de recurrir, ha vuelto a lamentar estos «palos en las ruedas». El consejero ha señalado que en este proyecto en concreeto «ya están acostumbrados» a este tipo de «trabas», las cuales -ha señalado- se han ido «solventando».

«Grandes proyectos, oye, grandes palos en las ruedas», ha afirmado Martín, quien ha señalado que ahora hay que esperar a ver qué dice el juez pero ha asegurado que este recurso no va a suponer un retraso en este proyecto y ha señalado que «en muy pocas fechas» comenzarán los trabajos de exploración.

Martín ha recordado que, por ahora, el permiso concedido es para realizar sondeos de investigación y exploración que determinen qué recursos hay en esta mina de zinc y no se trata de trabajos de exploración.

«Fijaros que todas estas trabas son para los proyectos de investigación, ni siquiera se ha hablado todavía de abrir una mina, solamente estamos hablando de proyectos de investigación», ha subrayado el consejero ante los periodistas.

La noticia de que Ecologistas en Acción Cantabria había acordado iniciar un contencioso administrativo contra el otorgamiento del permiso de investigación Salia se conoció el lunes.

Dicho permiso afecta a seis ayuntamientos de la zona costera y central de Cantabria: Santillana, Suances, Cartes, Puente San Miguel, Torrelavega y Mazcuerras, donde según Ecologistas en Acción, Cantábrica del Zinc pretende realizar en 13 meses unos 145 sondeos, la mayoría de los cuales superan los 500 metros de profundidad, en localidades como Queveda, Yuso, Mercadal, Mijares, Ganzo o Puente San Miguel.

Entre los motivos del recurso, el colectivo ecologista alega en primer lugar, la «ilegalidad manifiesta» de la modificación de la Ley del Suelo de Cantabria en mayo de 2017, que facilitó la actividad minera en todo tipo de suelo rústico y que considera «una norma ad hoc, para esquivar cualquier obstáculo».

En segundo lugar, EA considera que «no se ha evaluado la compatibilidad de la actividad minera con el desarrollo social sostenible y la economía local».

Martín ha realizado estas declaraciones, a preguntas de la prensa, antes de participar este martes en la presentación del Plan Estratégico de I+D+i de los medianos y pequeños astilleros, con horizonte 2030.

El consejero también ha sido preguntado acerca de su opinión sobre las críticas que desde la Dirección del PSOE hacia actuaciones del Gobierno de Cantabria, principalmente a las que se refieren a las consejerías dirigidas por el PRC.

En este sentido, Martín ha considerado «cuando menos curioso» que desde un partido que es «socio de Gobierno» se critiquen, precisamente las decisiones del Ejecutivo PRC-PSOE. «Es para pensárselo dos veces», ha dicho el consejero, que, sin embargo, ha achacado este tipo de comentarios a la época electoral actual.

«Estamos en campaña y casi todo, hasta lo menos sensato, es entendible. Vamos a ver estas cosas y muchas más en las semanas que vienen por delante», ha opinado.

También ha sido cuestionado por sus propias críticas, en los últimos meses, hacia la Consejería que realiza los trámites ambientales de proyectos industriales en Cantabria, que es la dirigida por la vicepresidenta Eva Díaz Tezanos (PSOE), por la tardanza en la tramitación.

De hecho, en una entrevista en El Diario Montañés el pasado diciembre afirmó que en Medio Ambiente había «francotiradores que disparan» contra los proyectos de su departamento.

«Acusar, no acuso a nadie, Lo que digo es que en otras comunidades los trámites ambientales se producen con mayor agilidad», ha precisado el consejero, que se ha referido al caso del proyecto de ampliación de la empresa Santander Coated Solutions en el Puerto de Santander.

Martín ha insistido en que es una «lástima» que empresas como Santander Coated Solutions no puedan llevar a cabo su ampliación en Cantabria «porque falta un papel».

«Sigo pensando lo mismo, no ha cambiado mi opinión. Desde determinados sectores trabajamos mucho, mucho, mucho para convencer a las empresas que deben crecer en Cantabria, que Cantabria es un sitio adecuado para su implementación e instalación y a veces pues te das de bruces contra cosas que igual no contabas al principio, como que un papel no llega o que alguien presenta un recurso. Estas cosas son muy de Cantabria», ha aseverado.

Martín ha tenido estas palabras un día después de que Díaz Tezanos, en una interpelación del PP en el Parlamento regional sobre el proyecto de ampliciación de Santander Coated Solutions y el estado de la tramitación ambiental del mismo ante el Gobierno, negara que el Ejecutivo o desde su Consejería en concreto se hubiera «impedido» o «bloqueado» el proyecto.

La consejera negó retrasos en la tramitación por parte del Gobierno y achacó la tardanza en lo complejo del procedimiento. Aseguró que «seguirá tramitando» el expediente y dijo que la empresa «tendrá su Autorización Ambiental Integrada cuando finalice la declaración de impacto ambiental«, aunque no avanzó plazos.