Miembros del Consejo Escolar piden a Educación que asuma la defensa del IES Cantabria frente a la gasolinera

Los firmantes -cinco sindicatos (UGT, CCOO, ANPE, STEC y TU), la Universidad de Cantabria y la Federación de Asociaciones de Padres (FAPA)- se remiten a legislación española -desde la Constitución al Estatuto de Autonomía de Cantabria, pasando por la Ley de Educación de Cantabria o la última Ley de Educación, la LOMLOE-, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a la Declaración de Derechos de la Infancia y a la Agenda 2030 para justificar «la inmediata paralización de las obras».

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Tras desgranar los diferentes artículos, proponen a la Consejería de Educación, «por razones de salud, seguridad y de prevención de riesgos», que «defienda los legítimos y razonables intereses de la comunidad educativa del IES Cantabria y de otros centros que pudieran verse inmersos en situaciones similares», y que «promueva ante el resto de las administraciones (otras consejerías, ayuntamientos o Gobierno central) las medidas de colaboración necesarias para que se resuelvan estos problemas».

«Si hasta ahora se han hecho mal las cosas y hay que indemnizar a la empresa, habrá que indemnizar. Hay muchos precedentes. El perjuicio por seguir adelante sería mucho mayor», han sostenido los firmantes en un comunicado.

Uno de los argumentos que esgrimen y que a su parecer es «definitivo» está recogido en la LOMLOE, que dice que «los poderes públicos prestarán una atención prioritaria al conjunto de factores que favorecen la calidad de la enseñanza y, en especial... a las condiciones ambientales y de salud del centro escolar y su entorno».

Los miembros del Consejo Escolar recuerdan al respecto que la LOMLOE «es una Ley Orgánica y debe cumplirse». Y defienden que, en caso de conflicto con otras normativas, «los tribunales deberían decantarse por defender a la parte más vulnerable (las niñas, niños, profesorado, otros profesionales, familias) frente a una empresa de gasolinera automatizada (no crea ningún empleo nuevo)».