La mina de zinc del Besaya se enfría

Diez meses después de la primera perforación en Queveda, la empresa ha realizado seis sondeos en total en ese mismo área. Y hace unos días las máquinas se han trasladado a Yuso para comenzar la primera de las dos prospecciones previstas allí. El problema es que en marzo se cumplirán los trece meses que duraba el permiso del Gobierno para hacer esos 'agujeros' en el terreno. Y ni se han hecho los 150 pinchazos que en su día explicaron desde la empresa ni los resultados obtenidos han sido los mejores.

Como demuestra el informe del laboratorio sevillano al que Emerita Resources envió las primeras muestras del mineral, el zinc se encuentra en el subsuelo en porcentajes similares a los que ya se detallaban los estudios anteriores. En torno a un 7-9% de zinc en cada tonelada. Pero no solo se trata de encontrar un porcentaje que haga económicamente viable la apertura de una mina, sino de que el mineral esté concentrado en una zona y no desperdigado entre Torrelavega y Hinojedo. Según ha podido saber este periódico, no se ha encontrado aún esa bolsa homogénea que dispare los ánimos.

Todo apunta a que la empresa deberá prorrogar su permiso de investigación que caduca en tres meses y, por tanto, necesitará más dinero de lo esperado para esta fase del proyecto. Sus responsables cifraron en 17 millones de euros y 40 trabajadores los medios necesarios para un año de sondeos, por lo que deberá acudir a una ampliación de capital y esperar que sus socios inversores den el visto bueno.

Puede ayudar a poner dinero sobre la mesa el reciente éxito de Emerita Resources en los tribunales, donde ha recuperado el permiso para extraer zinc en Huelva después de que la Junta de Andalucía denunciara el concurso de adjudicación. Una noticia que ha tenido eco en los medios que cubren la bolsa canadiense, según fuentes cercanas a la firma.

Por si acaso, el Gobierno cántabro ha optado por rebajar su entusiasmo. Tanto el presidente regional, Miguel Ángel Revilla, como el consejero de Industria, Francisco Martín, elevaron el proyecto a icono industrial de la legislatura. Pero ahora sus menciones se han reducido a la mínima expresión o, directamente, han desaparecido de los discursos oficiales. La orden ahora mismo en Peña Herbosa es darle toda la prioridad y los medios al polígono de La Pasiega, un proyecto en el que el Gobierno sí tiene margen de gestión y no depende de una compañía privada, aunque sí de la financiación del Estado, lo que muchas veces no se sabe si es peor o mejor.

El líder del PRC ni siquiera nombró la mina cuando hizo su balance de 100 días de Gobierno. Y Martín le dedicó tres segundos, literalmente, en su intervención parlamentaria para explicar los presupuestos de su consejería. Un escenario muy distinto al de hace solo cuatro o cinco meses, cuando Revilla se mostraba «convencido» de su éxito y ponía sobre sus espaldas «la recuperación de Torrelavega como motor industrial de Cantabria».

Pero ahora, con el éxito de la mina menos claro que hace dos años, el Gobierno prefiere cubrirse por si este proyecto privado –que ha contado con todo el apoyo público desde el primer minuto– no sale como se esperaba. Sobre todo cuando el calendario que manejaba la Consejería de Industria ya se ha venido abajo. Martín dijo el pasado mes de agosto que a finales de año ya habría resultados definitivos de los sondeos y a comienzos de 2020 sabríamos si la región «tendrá una o más minas». Ninguna de esas fechas se cumplirá.

En la propia empresa son conscientes que el Gobierno ha pisado el freno en su apoyo público. «Han bajado el tono muchísimo y tampoco llaman para preguntar por el proyecto. En seis meses ha pasado de ser un proyecto icónico de la legislatura a no mencionarse», señalan fuentes del entorno de la compañía.

Este enfriamiento de las expectativas ha coincidido con la aparición de otros obstáculos ajenos a la empresa y al Gobierno que pueden desestabilizar el proyecto. Esta misma semana llegaban a Bruselas voces críticas contra la mina. El dirigente de Izquierda Unida en Cantabria, Israel Ruiz, solicitó a la Comisión de Peticiones de la Unión Europea que investigue si el Ejecutivo regional «ha actuado de conformidad con la legislación» al aprobar el proyecto de prospección de zinc en la comarca del Besaya.

«La región no tiene un plan de ordenación del territorio y las cifras de creación de puestos de trabajo de las que se habla son insostenibles, además de los riesgos sobre el patrimonio cultural en una tierra rica en estos recursos», subrayó Ruiz ante ese organismo europeo.

Una reclamación reforzada por la denuncia ante los tribunales de Ecologistas en Acción por la modificación de la Ley del Suelo de Cantabria. El concurso para adjudicar los permisos de investigación de la mina –no solo a Emerita, sino a otras cinco empresas más– requirió un cambio exprés de esa normativa regional que fue refrendado en el Parlamento. Los conservacionistas consideran que existe una «ilegalidad manifiesta» en el proceso que se siguió para cambiar la ley.

También Podemos y Ciudadanos se han sumado estos últimos días a las críticas al proyecto. De hecho, este periódico ha podido saber que existe cierta inquietud en Emerita Resources por ese posible Gobierno de coalición PSOE-Podemos y el nombramiento de ministros tanto de Podemos como de IU, con poder o influencia directa para bloquear la mina. Por su lado, el diputado de Ciudadanos Diego Marañón ha registrado en el Parlamento de Cantabria una pregunta al Gobierno sobre la situación en la que se encuentran las prospecciones, ya que cree que «lleva camino de convertirse en otro proyecto fantasma», como en su día lo fue la fallida Ciudad del Cine.

Los retrasos de la mina no son nuevos. Han sido una piedra en el camino desde que los directivos de Emerita Resources pisaron la región en diciembre de 2017 para anunciar el proyecto. La delegación canadiense, encabezada por el director de la compañía, David Gower, llegó avalada por el fondo de inversiones Forbes & Manhattan y comprometió una inversión de 600 millones de euros y 2.000 puestos de trabajo en la construcción de la mina. «No tenemos que encontrar el mineral, ya está ahí, ya lo hemos visto, existe. Ahora sólo tenemos que definirlo bien». Pero desde aquel momento se encontraron con más problemas que buenas noticias.

Durante todo 2018 no se movió ni una sola máquina a pesar de que estaba previsto que comenzaran los sondeos. La culpable fue la guerra interna entre Medio Ambiente –gestionada por el PSOE en aquel momento– e Industria (PRC), que atrasó todos los permisos necesarios. Por eso Francisco Martín dijo aquello de los «francotiradores que disparan contra nuestros proyectos».

Después de un año en blanco, la empresa no disimuló su enfado con el Gobierno. «Se están retrasando sin ninguna explicación y nos están haciendo perder dinero». «Estamos preocupados porque no sabemos lo que pasa, nadie nos ha llamado durante estos meses», dijo por aquel entonces el presidente de la firma, Joaquín Merino.

Las prisas de Emerita Resources son lógicas en una empresa que trabaja en un mercado dependiente de las fluctuaciones del valor del zinc en bolsa. Hace dos años, cuando todo se puso en marcha, la tonelada de mineral se pagaba a 3.500 dólares. La pasada semana sólo a 2.312 dólares.

Los márgenes de rentabilidad se estrechan mientras los plazos en el Besaya no dejan de aumentar. «El valor del zinc en el mercado es fundamental porque somos un capital de riesgo. Cuando el mercado está en alza hay que hacer las exploraciones rápido para no perder dinero, y eso no está pasando aquí», explicó en su momento el responsable de la compañía, preocupado porque «cada día que pasa es un día menos de rentabilidad».

También es cierto que todo esto puede cambiar si esa máquina que ahora agujerea fincas en Yuso da con una bolsa contundente de zinc. Habrá que ver si es antes o después de que se agote la paciencia de los inversores.