El Ministerio avisa de que la vía que plantea Cantabria para seguir matando lobos es ilegal

La nueva norma impide a la comunidad autónoma aplicar el Plan de Gestión del Lobo que venía desarrollándose «con normalidad» y que para la presente campaña contemplaba abatir hasta 34 ejemplares. Con este nuevo escenario, la intención de la Consejería de Medio Rural era abrirse paso a través de un resquicio legal que contempla la norma. Una excepción a la prohibición de cazar en aquellos casos en los que esté plenamente justificado desde el punto de vista técnico que es necesaria la extracción de ejemplares por el elevado impacto sobre el territorio. El clavo al que se agarra Cantabria para tratar de volver a la situación previa a septiembre del pasado año.

El departamento que dirige Guillermo Blanco (PRC) ya se ha puesto manos a la obra para recopilar toda la documentación, pero el pasado lunes en este periódico también reconocía que, más allá de su total predisposición a autorizar las batidas de lobos, la última palabra sobre la legalidad de estas actuaciones la tiene el Gobierno central. Que si los argumentos no convencen en Madrid no tendrán el amparo de la norma. En cualquier caso, hasta ahora, Blanco ha venido asegurando a los ganaderos que harán todos los equilibrios que sean necesarios para mantener el Plan de Gestión -no la figura como tal, pero sí su filosofía- y a la vez cumplir la norma. Algo que el Estado considera jurídicamente imposible.

Desde la Vicepresidencia tercera del Gobierno de España -Teresa Ribera tiene encomendadas las competencias en esta materia- avanzan un 'no' contundente. No hay una vía posible para lo que pretende el consejero. Y lo dice esgrimiendo distintos motivos. Aunque en el equipo de Ribera sí reconocen que la norma recoge un «resquicio mínimo» por el que se permiten determinadas extracciones de «ejemplares concretos que hayan causado daños perfectamente documentados», también recuerdan que esas extracciones tienen que hacerse en vivo. Con técnicas que no causen la muerte al animal siempre que sea posible. Ese es el único punto, el de las extracciones en vivo, donde el Estado abre tímidamente la puerta a medidas de control.

Para que se active este mecanismo excepcional se requieren, a juicio del Ministerio para la Transición Ecológica, condiciones mucho más exigentes que las que pretendía alegar la comunidad autónoma. Por ejemplo, que se pueda justificar que esos daños se han producido a pesar de haber adoptado el ganadero todas las medidas preventivas posibles y cuando no quede otra solución. Sí cumpliría en cambio otra de los requisitos, que la petición de las batidas se realice a instancias de los ayuntamientos afectados directamente por los ataques.

Para que haya extracciones, además, se ha de contar con el aval de funcionarios técnicos del Gobierno de España, por lo que la última palabra siempre estará en la boca de Transición Ecológica, que desde la llegada de Ribera al Ministerio se ha alineado muy claramente con las tesis de los colectivos proteccionistas y con las directrices que marca la Comisión Europea, que también van en este sentido. En ambos casos en contra de lo que defiende el Ejecutivo cántabro, que insiste en que la población del lobo está lejos de estar en retroceso como en épocas pasadas. Y que lejos de eso, el censo de animales es el más elevado en mucho tiempo por las políticas de protección.

En cualquier caso, las posibles excepciones que contempla la norma tras la introducción del lobo en el Lespre no se pueden desarrollar todavía. Hay que esperar a que toda la estrategia nacional se regule a través de un reglamento que se aprobará «próximamente». Es decir, que en ningún caso la Consejería de Medio Rural puede autorizar cacerías «en los próximos días», como era su intención.

De los 34 ejemplares susceptibles de ser sacrificados esta temporada 2021/2022, antes de la entrada en vigor de la nueva norma se abatieron ya cuatro animales con arreglo al Plan de Gestión del Lobo de Cantabria. Un plan que se aplica desde abril de 2019 y que buscaba hacer compatible la convivencia de esta especie y la ganadería extensiva. Para ello establecía un conjunto de medidas que van desde la compensación de los perjuicios causados en las explotaciones ganaderas, la aplicación de medidas preventivas de los daños, el reconocimiento de los servicios ambientales que presta la ganadería extensiva y el fomento de un cambio en la percepción del lobo por parte del conjunto de la ciudadanía que minimice el «conflicto social y elimine la crispación del escenario». Distintas sentencias han demostrado que ese plan era perfectamente legal hasta el pasado septiembre.

La última la dio a conocer ayer la Consejería. Era del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y desestima el recurso del colectivo Ascel contra el cupo de extracción de ejemplares de lobo de la campaña 2020/2021, por lo que queda avalado que la extracción de ejemplares se realizó conforme a la normativa comunitaria.