Ministerio y Cantabria abren la negociación sobre la legalidad de construir en suelo rústico

La primera reunión tendrá lugar el próximo miércoles, 17 de abril, a través de videoconferencia. Por un lado, el Ministerio de Política Territorial, el encargado de negociar con las comunidades autónomas este tipo de contenciosos y el que hace un mes envió a Peña Herbosa un requerimiento que activó este procedimiento. Por otro, la Consejería de Fomento y los técnicos del Servicio Jurídico del Gobierno de Cantabria, que confían en que sus argumentos convenzan al Ejecutivo central. De lo contrario, será el Tribunal Constitucional el que tenga la última palabra y se pronuncie a través de una sentencia que, en caso de fallar en contra de la posición cántabra, obligaría a cambiar por cuarta vez desde 2022 el régimen de construcción en suelo rústico de la comunidad autónoma. Algo que, a la vez, abriría un escenario de incertidumbre para todas aquellas personas que han comenzado los trámites para construir su casa en terrenos no urbanos haciendo uso de este herramienta excepcional que ya se contemplaba –de forma mucho más limitada y con fecha de caducidad– en la ley que aprobó el exconsejero José Luis Gochicoa (PRC) hace dos años y que la modificación del PP consagró liberalizando aún más el suelo rústico.

«La intención es llegar a un acuerdo. Ese es al menos nuestro interés y no nos ponemos en un supuesto distinto», explicaba ayer el consejero de Fomento Roberto Media. Sin embargo, a día de hoy y ante lo enconadas que están las posiciones, el escenario más probable es el contrario: que el asunto llegue al Constitucional. Ni el Gobierno de Cantabria tiene intención de ceder en sus pretensiones al considerar que la Ley del Suelo es «totalmente legal», ni el Gobierno de España está dispuesto a dar su brazo a torcer.

Todo lo contrario. Madrid está dispuesto a llegar «hasta el final». Mucho más después de que el alto tribunal se pronunciara ya sobre la Ley del Suelo de Andalucía –en este caso el recurso de constitucionalidad no lo inició el Ministerio, sino el Grupo Parlamentario de Podemos– y limitara sensiblemente la intención del Gobierno de Juanma Moreno (PP) de permitir la construcción de viviendas en suelo rústico.

A juicio del Gobierno central, el modelo cántabro, que ya estuvo vigente entre 2012 y 2022 antes del cambio impulsado por Gochicoa, permite determinados usos del suelo rústico «prácticamente equivalentes a los permitidos en suelo urbanizable, incluso cuando el municipio cuente con un plan general o normas subsidiarias». De esta forma, Madrid hace suyos los argumentos de distintos grupos ecologistas y partidos políticos que defendían que tanto la ley actual del PP como la anterior que sacó adelante el bipartito PRC-PSOE permitiendo también construir en suelo rústico, aunque con más limitaciones, no se ajustan a derecho.

El Ministerio insiste en su argumentación subrayando que la normativa cántabra incluye unos criterios «más laxos» que los establecidos en la normativa nacional, que atribuye a los suelos rústicos «un valor ambiental intrínseco a todo el suelo rústico» y mandata a las administraciones públicas a protegerlo. Es decir, permite transformar los terrenos rústicos solo forma excepcional y «evitando la especulación».

En el lado contrario de la mesa, el consejero Media considera que los argumentos legales están de su parte. Afirma que los Servicios Jurídicos, tras analizar la sentencia sobre el caso andaluz, lejos de verla como un precedente negativo, creen que favorece la tesis de Cantabria. Que no se pueden hacer paralelismos, frente a la tesis del PSOE. En Madrid, y también en Cantabria. «La liberalización del suelo rústico de Buruaga en Cantabria es igual de inconstitucional que la que pretendió el PP en Andalucía», defendía ayer Pablo Zuloaga.

«¿No era inconstitucional construir en suelo rústico en Cantabria entre 2012 y 2022 y tampoco de manera transitoria con la ley de Gochicoa y ahora sí lo es?», ironiza el popular. Frente a este argumento, Zuloaga recuerda que el Gobierno central ya se mostró contrario a la ley del exconsejero regionalista, aunque finalmente dio el visto bueno porque solo permitía construir viviendas unifamiliares en rústico de forma transitoria: únicamente durante dos años –hasta septiembre de 2024– en los municipios medianos y grandes y de manera más amplia solo en los que están en riesgo de despoblación.

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