Los monitores del servicio de refuerzo educativo dejarán de trabajar a final de mes

La empresa Educo, concesionaria hasta ahora de este programa cuya pretensión es mejorar la calidad educativa y aumentar el éxito escolar del alumnado, ha comunicado a sus trabajadores que el próximo 27 de febrero concluirán sus contratos por expiración del servicio. De esta manera, los centros educativos de Cantabria se quedarán hasta final de curso sin los monitores que prestan apoyo a estudiantes más allá de las clases para completar sus deberes, paliar sus deficiencias y estar lo mejor preparados posibles para no perder el ritmo curricular del resto de compañeros.

Los sindicatos STEC, ANPE, UGT y CSIF, todos ellos con representación en la Junta de Personal Docente, criticaron este miércoles de forma conjunta que el servicio «entra en fase de desaparición a mitad de curso», teoría a la que también se apuntó el coordinador autonómico de Ciudadanos, Félix Álvarez, que reprochó que el mismo «quedará suspendido de forma definitiva a partir del día 27». Sin embargo, la directora general de Innovación y Centros Educativos, Isabel Fernández, respondió que son «inciertas» estas acusaciones y, a través de un comunicado, subrayó que la Consejería «está arbitrando otra modalidad de gestión con recursos propios» que se pondrá en marcha tras las vacaciones escolares de principios de marzo, al haber quedado «desierto» el concurso público convocado para cubrir estas tareas a lo largo de los próximos cuatro años.

Esta alternativa consiste en que los profesores de los centros asuman «voluntariamente» la prestación de este servicio a cambio de una «gratificación económica». Así al menos se lo ha explicado esta semana la Administración educativa a los directores de los colegios. Una solución que fue rechazada de inmediato por los sindicatos. «Es un tiempo que los docentes aprovechan para tareas de planificación y coordinación, atender a los padres en las tutorías, evaluar trabajos y exámenes, celebrar los claustros...», explica Jesús Aguayo, representante de STEC, que sólo ve «problemas» en esta medida. «Si no se ofrece ningún voluntario, ¿qué sucede? Pues que los alumnos se quedarían sin esos refuerzos educativos. Y si ofrecen varios, ¿quién los realizaría? Nos dicen que elijan los equipos directivos o que lo echen a suertes. Es una auténtica chapuza. La Consejería no puede hacer esta dejación de funciones», reflexiona en voz alta.

STEC, ANPE, UGT y CSIF mostraron su «más absoluto rechazo» a la manera en la que el departamento dirigido por Francisco Fernández Mañanes ha gestionado este curso un servicio que a lo largo de los últimos años se ha convertido en «una atención indispensable en la vida diaria, tanto para los centros como para el alumnado y sus familias». Critican que la salida de dos centenares de monitores «no solamente produce una grave situación laboral para el personal que dejará de trabajar en el mes de febrero cuando tenían la perspectiva de un curso completo, sino que se provocará un perjuicio muy grave al alumnado que más lo necesita y que verá como disminuye y se deteriora su atención». Y aseguran que las decisiones tomadas «van abiertamente en contra del cacareado objetivo de hacer de la atención a la diversidad el eje fundamental de la política educativa del Gobierno de Cantabria».

Fernández explica por su parte que la nueva Ley de Contratos del sector público provocó un «retraso» en la adjudicación del contrato PROA, que obligó a recurrir a «soluciones temporales y de urgencia». Y que «lo importante» a día de hoy es «trabajar para aportar una solución dentro de un marco de legalidad que garantice la prestación de este servicio de apoyo y que los alumnos con necesidades específicas puedan seguir contando con este refuerzo para no perder el ritmo formativo».

En función de la situación «intolerable» a la que se ha llegado, estas cuatro organizaciones sindicales exigen la dimisión de Isabel Fernández, de cuyo área depende este programa, por su «falta total de previsión» para hacer frente a la nueva legislación en materia de contratos del sector público y su «incompetencia para resolver la situación» que se derivó de la misma. «Ha sido absolutamente incapaz de hacer bien su trabajo», indican. Y si no es así, solicitan que sea cesada «con carácter urgente» por el consejero.

Los representantes de los profesores no sólo critican a la directora general su gestión, sino la falta de explicaciones. «Pese a la petición expresa, verbal y por escrito -mediante un registro oficial- de aclaraciones, no hemos obtenido respuesta alguna», lamenta Rus Trueba, de ANPE. Incluso se ausentó el lunes de la Mesa Sectorial donde se puso esta problemática encima de la mesa. La respuesta de Fernández -a través del mismo comunicado- fue «invitar» a los colectivos sindicales a «aclararles toda la información precisa», recalcando que su puerta «está abierta» y que está dispuesta a reunirse con ellos para aportarles «información fidedigna».

El origen del problema está en la nueva Ley de Contratos del Estado, que provocó un retraso en la adjudicación de este programa PROA y obligó a dilatar su tramitación hasta enero. Ello provocó que a principios del curso escolar se plantearan «graves problemas» para incorporar a los monitores a los centros -comienzan a prestar su servicio en octubre-. La Administración optó entonces por una solución temporal, calificada como «chapucera» por los sindicatos, consistente en que los centros asumiesen directamente la contratación del personal a la empresa que lo gestiona, adelantando de sus propios fondos el dinero, que posteriormente sería reintegrado por la Administración. Todo ello con la promesa de que a comienzos de 2019 se regularizaría la situación.

Así las cosas, hubo colegios que optaron por no contratar a nadie, debido a que no disponían de fondos suficientes; y otros que sí pudieron y así lo hicieron, en buena parte gracias a la aportación económica de las asociaciones de padres. Por su parte, en Secundaria, la mayoría de los institutos se quedaron con un solo monitor cuando hasta el curso pasado contaban con dos o tres.

Pero el problema, tal y como detalla Trueba, no se resolvió con el inicio del nuevo año, lo que provocó que al menos treinta colegios de Infantil y Primaria se quedaran sin los refuerzos educativos tras las vacaciones de Navidad, entre los muchos que habían adelantado el dinero solamente hasta enero y los que no pudieron pero esperaban que se arreglase la carencia en el plazo prometido por la Consejería. Y ahora, el capítulo final, cuando los monitores que sí están trabajando -sufragados por los propios colegios- tendrán que abandonar sus puestos antes de que termine febrero al no poder regularizarse su situación, mientras el concurso convocado para sustituirles ha quedado desierto.