El movimiento feminista de Cantabria defiende la ley del 'solo sí es sí' y confía en su ajuste

«Yo estoy contenta con que haya salido una ley que unifique lo que antes se consideraban abusos con las agresiones sexuales, pero, por lo tanto, las penas se gradúan porque no son lo mismo unas que otras», explica Ana Bolado, portavoz de la Comisión 8 de Marzo de Cantabria. «Por otro lado, para aclarar el debate, en el movimiento feminista no estamos por la cadena perpetua ni la pena de muerte para estos delincuentes: se trata de castigar el delito en su justa medida, y que eso sirva para que, mientras los penados cumplan su condena, se les eduque en los derechos de las mujeres y en el respeto. Eso es lo que nos interesa, que salgan con otra actitud».

Admite que la ley «parece que tiene un agujero que está beneficiando a algunos condenados», algo achacable al «periodo de adaptación» tras la modificación. «Son cosas que suceden en las revisiones de las leyes: los reos tienen sus derechos y pueden acogerse a esos beneficios aunque sea con carácter retroactivo, pero las víctimas también tienen el derecho a recurrirlo si sienten que se las revictimiza».

Mónica Rodero, candidata de Podemos a la Presidencia regional, culpa de las «injustificadas» rebajas de condena a la interpretación que se hace de la nueva ley, como la que ha devuelto a la calle a un agresor sexual en Cantabria. «Es un caso que me parece inadmisible, que habiendo sido ya condenado por agresión sexual aprovechen la nueva ley para dejar en libertad a una persona con este historial y estos delitos. No tiene justificación posible».

«Es una cuestión de interpretación y de darle vuelta a las cosas que deja bastante indefensa a la víctima, pero por ser retorcido y buscar una aplicación de la nueva ley que favorece al agresor. Creo que cuando sale una ley nueva hay muchos vaivenes, mucha incertidumbre, y con el paso del tiempo y la aplicación de la ley todo se va asentando».

La secretaria de Igualdad de UGT, Pilar Santamaría, es también partidaria de «esperar a que el Supremo unifique la doctrina». «Toda esta polémica que se está formando perjudica a las víctimas más que otra cosa, y lo que tenemos que hacer es dejar que los jueces hagan su trabajo».

«Entendemos que las mujeres que han sido víctimas de estos delitos puedan vivir con tristeza, rabia o indefensión esta situación, y nos solidarizamos y estamos a su lado –dice la directora general de Igualdad y Mujer, Consuelo Gutiérrez–, pero también creemos que cuando el legislador quiso poner en marcha la ley, no era esa su intención. De hecho, la desarrolla con el objeto de que las mujeres se sientan más protegidas».

Gutiérrez, que se confiesa «preocupada» por la polémica, cree también que esta puede desviar la atención sobre todos los avances que supone la Ley de garantía integral de la libertad sexual. «Hay otros aspectos que tienen mucho valor, como el cambio del concepto del consentimiento, con el que antes muchas mujeres no se sentían identificads, pues la falta de consentimiento se traducía por un 'sí' cuando podía deberse a razones como el miedo o la indefensión: la nueva ley cambia lo que muchas mujeres defendíamos, que el rechazo violento, la lucha con el agresor o abusador no fuera un elemento imprescindible para la condena. Esa redefinición del consentimiento es una demanda feminista».

La responsable de la Dirección General de Igualdad y Mujer subraya que la ley recoge además una serie de aspectos que garantizan la protección de las mujeres, como la información, la prevención, la atención integral 24 horas e incluso el apoyo económico para víctimas de agresión que hayan podido ver afectada su actividad laboral. «Hasta el momento, solo se denuncia el 8% de las agresiones y abusos que se producen, por lo tanto creemos que, al margen de esta polémica y una vez se haya estudiado si hace o no falta un cambio de normativa, esta ley va a ayudar a que haya más mujeres que denuncien y soliciten ayudas, y a que ante este tipo de conductas no se sientan indefensas por la forma en que se ha interpretado su comportamiento».

En cuanto a las rebajas de condenas por la modificación de horquillas de las penas, subraya que no es un hecho generalizado. «Si bien es cierto que es muy importante lanzar a la sociedad el mensaje de que este tipo de comportamientos se persiguen y se penan, tampoco hay que olvidar que el tiempo que los condenados están dentro de la prisión debe servir para que los tratamientos penitenciarios se pongan en marcha y las Instituciones Penitenciarias sean capaces de cumplir su objetivo, la reeducación y la reinserción. Por tanto, que en un momento y en un caso concreto pueda rebajarse un año o dos la condena debe analizarse en un contexto muchísimo más amplio, y en ningún caso creo que sea conveniente tener polémicas en ocasiones demasiado crispadas, porque lo que tenemos que transmitir ahora mismo es que estamos poniendo en marcha leyes para proteger cada vez más a las niñas, las mujeres y los niños que sufren agresiones sexuales, cometidas, en la gran mayoría de los casos, por varones».

«Debemos esperar a que la Justicia unifique criterio –aconseja el vicepresidente regional, Pablo Zuloaga–; lo ha hecho ya la Fiscalía, rechazando una revisión generalizada a la baja. Estoy seguro de que el Supremo se va a pronunciar en breve. Ahora debemos ser respetuosos con la labor de los jueces, fiscales, abogados y tribunales. Pronto conoceremos los pronunciamientos de las altas instancias judiciales, que aportarán luz en la interpretación de la norma, y si estos pronunciamientos indican que hay que hacer una reforma, habrá que actuar».

Para Zuloaga, la nueva ley supone dar «un paso de gigante para ofrecer una respuesta integral a la violencia sexual contra las mujeres en España y en Cantabria». «Gobernar exige centrarse en la labor transformadora a través de las leyes, y en materia de igualdad entre mujeres y hombres es clave impulsar leyes pioneras. Leyes que la derecha siempre se ha empeñado en empañar o tratar de frenar para no dejar avanzar, tanto a la sociedad en un modelo igualitario, como en el desarrollo de cada ley con debates viciados de populismo. Lamentablemente, estamos viendo en muchos gobiernos autonómicos al Partido Popular uniéndose al discurso y a las políticas de la extrema derecha para frenar los derechos de las mujeres e incluso el reconocimiento de la violencia machista como tal: en las responsabilidades que ha tenido de gobierno, la derecha nunca ha impulsado ninguna política transformadora en materia de igualdad».

Según el vicepresidente, la nueva ley tiene un objetivo claro: «Ningún hombre que agreda o viole a una mujer o a una niña puede quedar impune, y además debe de recaer la condena máxima señalada y debe de ser cumplida con todas las garantías que la legislación recoja. El poder ejecutivo y legislativo han hecho su trabajo apostando por una ley integral, dotada de recursos y que protege a las víctimas desde el momento en que se produce la agresión y que establece, sobre todo, políticas activas de prevención».