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nacho g. ucelay
Domingo, 7 de abril 2019, 15:36
La dramática muerte de María José Carrasco con la ayuda de su marido, Ángel Hernández, no sólo ha causado un enorme impacto emocional en todo el país, conmocionado por las imágenes en las que se observa al matrimonio llevando a cabo el suicidio asistido, ... el deceso de ella y el arresto de él. Además, ha reabierto el debate político circunscrito a la eutanasia, que ha irrumpido con toda su brutalidad en la precampaña electoral para recoger la opinión al respecto de todos los líderes nacionales y también regionales.
Sobrecogido, el secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, que en su libro 'Ser feliz no es caro' ya deja clara su idea sobre la eutanasia, cree que en casos como este, en los que la medicina no puede combatir el sufrimiento extremo, «se debe respetar la decisión de la persona afectada». Es, dice el presidente, una cuestión de humanidad. «De humanidad con el enfermo y con las personas de su alrededor», puntualiza Miguel Ángel Revilla, que se declara un firme defensor «del derecho a una muerte digna» porque «eso está al margen de cualquier consideración».
«El PRC es partidario de una ley que regule estos casos en España. Una ley como la que existe en otros países de nuestro entorno que no son precisamente sospechosos de ser insensibles a este problema», asegura el regionalista, que insiste en el «respeto» que a él le merece «una decisión personal tomada desde la certeza científica de que no hay otra solución posible».
miguel ángel revilla
«Es que es de sentido común», concluye el presidente de Cantabria, para quien el matrimonio ha dado «una maravillosa prueba de amor entre dos seres» que, a su juicio, «no merece castigo».
Fieles a los idearios de sus partidos, PSOE y PP mantienen sobre la eutanasia opiniones opuestas.
El secretario general de los socialistas cántabros, Pablo Zuloaga, recuerda que en mayo del año pasado «el PSOE presentó en el Parlamento la Ley de regulación de la eutanasia», iniciativa parlamentaria «que se han encargado de bloquear el PP y Ciudadanos».
Zuloaga explica que esta norma «contemplaba el final anticipado de la vida con el objetivo de evitar alargar el sufrimiento de las personas que lo están pasando mal» y añade que el caso concreto de María José «pone de nuevo en actualidad la necesidad de esa ley».
pablo zuloaga
«Respetuoso» con las familias que conviven con esta misma situación, el socialista asegura por último que si el PSOE logra una mayoría parlamentaria «volveremos a llevar el derecho a la eutanasia a la Cámara», donde su partido dejará constancia de que su empeño en este sentido «no va a cesar».
En la orilla opuesta del debate, la presidenta de los populares cántabros, María José Sáenz de Buruaga, que se manifiesta «desde el respeto a la situación personal de cada uno», aleja la eutanasia activa y acerca la muerte digna.
m. josé sáenz de buruaga
«Para mí, el gran reto no es la eutanasia activa sino la muerte digna y eso significa desarrollar y universalizar los cuidados paliativos, evitar el encarnizamiento terapéutico y garantizar que se den todas las condiciones para una muerte digna y sin sufrimiento en caso de enfermedades terminales».
Con todo, para Sáenz de Buruaga «es muy importante no enfrentar ni dividir a la sociedad española utilizando como arma arrojadiza ni las convicciones ni los sentimientos personales».
En esa línea, el portavoz autonómico de Ciudadanos, Félix Álvarez, invita al conjunto de la clase política a «hacer un poco de autocrítica y no utilizar este caso de forma partidista y diría que casi obscena para sacar rédito político».
féliz álvarez
Dicho eso, Álvarez recuerda que el líder de su partido, Albert Rivera, «ya se ha comprometido a aprobar una ley que regule la eutanasia buscando un amplio consenso de todas las fuerzas políticas y, además, haciéndolo durante los primeros días de gobierno».
También caminando por senderos contrarios, como PSOE y PP, los líderes de Podemos y de Vox lanzan mensajes diferentes.
En el suyo, Luis del Piñal (Podemos) defiende «el derecho de las personas a decidir sobre el momento en el que quieren dejar de sufrir». Un derecho por el que su partido ha venido trabajando sin mucho éxito en los últimos años.
luis del piñal
«Nosotros presentamos una ley que, según las encuestas, respaldaban la mayoría de los ciudadanos. El 84% de la población, exactamente», dice Del Piñal, que luego explica el fracaso de aquella iniciativa. «Buscábamos un poco de consenso pero, al final, los otros tres partidos se opusieron y ni siquiera permitieron el debate», dice refiriéndose a PP, PSOE y Ciudadanos.
Mucho más cercano al de los populares que al de los podemitas, el mensaje de Vox, que muestra en su programa el rechazo al derecho de las personas a decidir sobre su propia muerte, se concentra en el refuerzo de los cuidados paliativos.
Fernando Martín, presidente de la Asociación Cántabra de Enfermos de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), y Alejandro González-Castro, médico de Valdecilla y experto en Bioética, parten de posiciones aparentemente enfrentadas. El primero es partidario de una normativa que regule de forma clara el derecho a una muerte digna para las personas que viven cada día con el dolor extremo y cuya enfermedad es irreversible y degenerativa. El segundo, como muchos profesionales sanitarios, considera que una ley de eutanasia puede abrir la puerta a «consecuencias inciertas» y se muestra favorable a actuar previamente en la mejora de los cuidados paliativos. A pesar de ello, se encuentran en un punto:creen que la sociedad ha fracasado cuando una persona se ve obligada a ayudar a morir a su pareja en la intimidad del hogar y además tiene que soportar las implicaciones legales que situaciones como la ocurrida esta semana en Madrid generan.
«El enfermo que está sufriendo tiene muy claro que quiere vivir, pero no así», apunta Martín, convencido de que deben ser los hospitales los encargados de proporcionar a los pacientes en estas circunstancias una muerte digna. «No se puede consentir que sea un familiar el que compre un medicamento clandestinamente, se la dé y que no sepa si le va a aliviar en ese trance o todo lo contrario. En los hospitales hay profesionales que saben cómo tratar a un paciente para sedarlo sin que sufra», insiste. Apuesta por la muerte digna, pero antes que eso pide una vida digna. Desde la entidad recuerdan que son enfermedades muy costosas, que provocan una pérdida de calidad emocional y económica muy elevadas para los afectados. El enfermo no puede trabajar, su cuidador tiene que estar las 24 horas del día y eso lleva a un empobrecimiento de la familia . «No sólo hay que pensar en el momento final, que también, antes hay que acordarse del proceso degenerativo. Si no se ha hecho ya algo es porque el verdadero problema de la muerte digna es que es muy cara», insiste el presidente, quien pone el acento en que las ayudas públicas son escasas y la burocracia para que sea reconocida una discapacidad es muy lenta.
Desde la organización tienen claro que la última palabra debe ser la del paciente. Y sólo entienden que pueda intervenir un comité de expertos cuando la persona afectada no es consciente de su situación. Para Martín, si la falta de regulación es la cruz, en Cantabria la cara es la calidad de los cuidados paliativos: «Tienen una humanidad brutal y los afectados muchas veces agradecen más una sonrisa que el mejor médico». Calidad, pero no cantidad. El número de profesionales es limitado y a las dos de la tarde acaba el servicio.
Buscar qué falló
González-Castro prefiere diferenciar el derecho a la muerte digna de la legalización de la eutanasia. En su opinión, lo que demuestra el caso de María José es que fallaron los cuidados paliativos y ese es el punto sobre el que hay que trabajar. Si hubieran funcionado, entiende que el marido no habría tenido que verse en esa situación. «Antes de preguntarnos si es lícito matar a alguien, por mucho sufrimiento que tenga, tenemos que preguntarnos por qué no hay un profesional dándole la medicación terminal adecuada a estas personas para evitar procesos de agonía como este», defiende.
Cree que convertir la decisión sobre la vida en un derecho de la persona y legislar al respecto puede abrir puertas peligrosas. Y pone como ejemplo situaciones que se han dado en los países donde sí está permitida esta práctica, donde se está recurriendo a la 'eutanasia involuntaria', que implica que el médico puede asumir que el paciente tiene tanto miedo a pedirla que no lo hace aunque quiera y se le da al profesional la facultad de decidir.
Aun así, reconoce que no sabe si está a favor o en contra de la eutanasia. Por ejemplo, cuando hay un sufrimiento dramático y estos cuidados no son suficientes. «Ahí habrá que tratarlos individualmente, ¿pero hay que legalizarla para toda la sociedad por un caso puntual? Cuando superemos el primer debate, podemos hablar. Antes de ponerte a correr, tienes que saber andar», concluye.
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