Una nueva redada policial en Raos registra varias empresas de viveros de almeja
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Decenas de efectivos del Seprona han dirigido el amplio operativo que ha mantenido la vigilancia de todas las entradas del polígono durante toda la mañanaLa aparente normalidad de una mañana lluviosa en el polígono de Raos se ha visto interrumpida a primera hora de este jueves por un fuerte dispositivo policial instalado en las tres entradas. Vigilaban, sobre todo, furgonetas y camiones. En el interior del recinto industrial, decenas ... de agentes del Seprona de la Guardia Civil han registrado varias empresas de viveros de marisco. No es la primera vez que sucede. En marzo, un juez portugués dirigió una investigación relacionada con el comercio ilegal por parte de un proveedor luso y la posible falsedad del origen y las guías de las almejas que llegaban a Cantabria. Se saldó con la incautación de diez toneladas de almejas japónicas en la capital cántabra, Huelva, Pontevedra y Guipúzcoa. En esta ocasión, según ha podido saber este periódico de fuentes cercanas a la investigación, también buscaban y cotejaban «los papeles de los bivalvos, principalmente almejas, en una inspección administrativa». Una redada que podría extenderse a otro puntos de la geografía regional y nacional.
Lo que más ha llamado la atención en Raos ha sido el amplio dispositivo, que ha coordinado la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente del Seprona (Ucoma) de la Guardia Civil, que mantiene las pesquisas bajo secreto de sumario. Policías de paisano con vehículos camuflados se mezclaban con efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia (USECIC) de la Guardia Civil, que les han dado apoyo. Paraban y registraban el interior de los vehículos industriales. También han acudido a estas empresas miembros de Inspección Pesquera del Gobierno regional.
La estampa recuerda mucho a la anterior, ya que algunas de los viveros que han registrado han sido las mismos. Miembros del Ucoma, Usecic e Inspección Pesquera portaban papeles y carpetas con documentos que han cotejado con los responsables de los viveros.
Hace nueve meses, el registro en el polígono de Raos fue una de las piezas de la investigación que duró más de dos años y que registró varias intervenciones en todo el territorio nacional. Entonces, la Policía Nacional inmovilizó diez toneladas de almejas japónicas, dos de ellas en Cantabria. El dispositivo de entonces se produjo tras la colaboración de la Policía Marítima de Portugal, Guarda Costas de Galicia, el Servicio Veterinario de la Xunta de Galicia, los servicios de inspección de pesca de Galicia, Cantabria y Huelva, y el Servicio de Vigilancia Aduanera de Guipúzcoa.
Los investigadores localizaron una veintena de viveros de las provincias antes citadas que compraron el marisco irregularmente capturado en territorio luso y distribuido en España con documentación falsificada. La presunta organización criminal compraba las almejas a furtivos portugueses en torno a los tres euros el kilo para después venderlas a los viveros españoles a unos siete euros. Finalmente, el producto llegaba al mercado español alrededor de los doce euros el kilogramo. Las autoridades lusas consiguieron determinar el nombre de los transportistas que se estarían dedicando a la introducción del marisco de forma ilícita, así como algunos de los vehículos industriales utilizados. De este modo se llegó hasta alguna de las empresas que estarían recibiendo la mercancía en España.
Tras exhaustivas pesquisas documentales y sobre el terreno, se identificaron una veintena de viveros de Santander, Huelva, Guipúzcoa y, principalmente, en Pontevedra. Una vez que se pudo acreditar la compra de marisco procedente de esta supuesta organización delictiva portuguesa por parte de los viveros españoles y otros comercios, así como el lugar exacto donde se estarían falsificando los documentos oficiales portugueses, se llevó a cabo una nueva reunión con las autoridades lusas. El resultado fue la ejecución de una comisión rogatoria internacional a los diferentes partidos judiciales donde se había sacado a la luz la ilícita actividad.
Como consecuencia de las actuaciones operativas se realizaron 19 registros y 20 inspecciones administrativas en las provincias, una de ellas en Santander. Un total de 20 personas jurídicas y dos personas físicas fueron investigadas por los delitos de falsedad documental, marisqueo ilegal, fraude fiscal y blanqueo de capitales.
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