El Obispado de Santander anima a denunciar los abusos ante la justicia, pero rechaza una investigación «politizada»

«Tiene que ser una investigación no politizada, fuera del ámbito político» y vinculada a procedimientos «judiciales», indica el delegado de medios de comunicación en la Diócesis de Santander, Antonio Arribas, sobre la fórmula que se acabe dilucidando. Por tanto, una comisión ligada al Congreso «ni es el lugar ni es el cauce». El proceso «tiene que ser con respeto a la persona y nunca un arma política», insiste Arribas, que señala que tampoco ha de ser «homogeneizador».

La Diócesis de Santander se aleja así del planteamiento al que aspiran muchas víctimas y el Gobierno respaldado por varios grupos parlamentarios. El Obispado destaca las vías judiciales y «anima a poner en conocimiento de la Fiscalía» casos o denuncias, así como a comunicarlos en la delegación de acompañamiento a las víctimas y protección del menor que opera desde hace tres años en la institución. La Fiscalía es «una herramienta jurídica directa», añade Arribas, que subraya que las víctimas han de estar «acompañadas y protegidas» en el proceso.

Además de la delegación ya mencionada, la Diócesis destaca otras herramientas activadas, como el protocolo de prevención y actuación frente a los abusos sexuales, que data de 2019, y que busca «favorecer entornos seguros». En la misma línea, destaca el trabajo realizado por organismos como ANAR.

Por lo pronto, y según adelantó El Diario Montañés, la Fiscalía en Cantabria no está tramitando ningún caso en la actualidad y tampoco tiene constancia de ninguno en los últimos años. De esta manera, se deduce que desde la comunidad autónoma no se aportará documentación para engrosar el informe que prepara la Fiscalía General del Estado con el fin de esclarecer y radiografiar la situación de abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica española desde hace varias décadas.

Por otro lado, y según el informe de 385 páginas que el diario 'El País' entregó al papa Francisco y a la Conferencia Episcopal Española el pasado diciembre, nueve de los más de 250 casos que se señalan en esa investigación se ubican en Cantabria, casi todos ocurridos en las décadas de 1950 y 1960.

A esto se sumarían los recogidos en el 'Informe anual 2020. Verdad, justicia y sanación' de los Legionarios de Cristo donde se reconocía que seis de sus sacerdotes cometieron abusos y se señalaba al seminario menor de Ontaneda (Corvera de Toranzo).

España se asoma al inicio de su mayor proceso de investigación de casos de abusos en la Iglesia. El paso es inédito en el país. Otros, como Alemania o Francia, llevan años afrontándolos a iniciativa de sus propias instituciones eclesiales.

La apertura del proceso ha encontrado diferentes respuestas en las diócesis y estamentos de la Iglesia española. Mientras la Conferencia Episcopal Española se mantiene más en segundo plano, la Archidiócesis de Madrid, al frente de la cual está el cántabro Carlos Osoro, ha sido contundente. En un vídeo sobre «falsas creencias sobre los abusos y sus consecuencias», la Archidiócesis defiende la transparencia, apoya las denuncias y rechaza que estas dañen a la institución, «sino que ayudan a afrontar y prevenir» estas situaciones. La Archidiócesis es clara: «Los casos del pasado son casos del presente».

Arribas señala que el planteamiento de Osoro es el que quieren «poner en práctica» las diócesis españolas. «Queremos que se aclaren los casos y que se responda por lo que se ha hecho; queremos hacer todo lo posible por solucionarlo».