El 'caso Obras Públicas', en punto muerto

Para resolver esta cuestión, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional está elaborando un informe en base a toda la documentación y la información de los ordenadores que requisaron durante los registros que realizaron el pasado 22 de febrero, cuando el caso salió a la palestra.

A ese día hay que retrotraerse para contextualizar una causa que los cántabros conocieron cuando la UDEF y agentes de la Agencia Tributaria irrumpieron a primera hora de la mañana en el domicilio del funcionario, de los cuatro empresarios investigados y de la Consejería de Obras Públicas, que fue lo que alertó a los medios de comunicación. Ese día se saldó con la detención de la familia Diez-Del Río (las hijas se encontraban entonces en Madrid), y los representantes de Rucecan, La Encina, Cannor y Api Movilidad e Imesapi. Estábamos ante la mayor trama de corrupción en Cantabria ligada a la obra pública.

Apenas dos días después, la jueza encargada del caso, Mercedes Compostizo, envió a la cárcel al jefe de Carreteras, mientras que dejó en libertad con cargos al resto de investigados. En el auto en el que acordó el ingreso en prisión provisional de Diez, la magistrada relataba con detalle tanto el funcionamiento de la trama montada entre el funcionario y las cuatro empresas de construcción implicadas, como el contubernio familiar en el que estaban envueltas tanto su mujer (asalariada en una empresa investigada, La Encina, sin desempeñar una función) como sus dos hijas, con las que llegaron a crear una empresa de fotocopias de «carácter presuntamente ficticio».

Fruto de esa confabulación, la instructora sacó a la luz los beneficios y el incremento patrimonial que ha sido detectado al núcleo familiar del investigado, que se enfrenta a «elevadas penas» por hasta cinco delitos: prevaricación, cohecho, fraude en la contratación pública, falsedad documental y blanqueo de capitales.

De entre todas esas cantidades «ingentes» de dinero, hay una que llamó especialmente la atención de la instructora. Y es que el funcionario tuvo en 2022 un rendimiento bruto de trabajo de 69.160 euros (por su cargo en la Consejería de Obras Públicas), pero ese año ingresó en sus cuentas casi tres millones de euros.

La investigación patrimonial a Diez y su familia ha permitido acreditar indiciariamente un incremento de patrimonio que tendría su origen en los presuntos pagos de carácter ilícito realizados por las empresas adjudicatarias de obras públicas licitadas por la comunidad autónoma de Cantabria, licitaciones sobre las que el funcionario «ejercería un cierto control y capacidad de decisión». Según la magistrada, Diez se habría beneficiado presuntamente de fondos con origen en las mercantiles Rucecan, Cannor Obras y La Encina, por un importe conjunto de más de 504.000 euros entre los años 2020 y 2022.

Además, la Agencia Tributaria (AEAT) recoge en uno de sus informes que el funcionario y su familia son propietarios de una veintena de bienes inmuebles y titulares (o cotitulares) de 35 cuentas o productos bancarios (a 1 de enero de 2022 el patrimonio total ascendía a 4,8 millones).

A pesar de toda esta información, basada en informes de la UDEF y la AEAT, el funcionario ha solicitado hasta en dos ocasiones su puesta en libertad, pero ninguna ha sido aceptada, tanto por la instructora como la Audiencia Provincial, que hasta el momento ha respaldado todas las decisiones de Compostizo.

El pasado mes de mayo, la defensa de Diez, entonces dirigida por el decano de los abogados cántabros, Andrés de Diego, avanzó a la jueza que estaba elaborando un informe económico que contradice al que efectuó el Servicio de Vigilancia Aduanera, para justificar el origen del patrimonio del funcionario y su mujer, Beatriz del Río. Un documento «sin conexión alguna con los hechos». El problema que trasladó el exjefe de Carreteras a la jueza fue que estaba teniendo «dificultades» para obtener documentación, entre otras cosas, por su situación de prisión y por la «demora» de las administraciones tenedoras de documentación y declaraciones fiscales en la concesión de citas previas. Tras un cambio de defensa, el nuevo abogado del funcionario, Jesús Urraza, sigue trabajando en ese documento.

Últimas resoluciones

En las últimas semanas se han despejado las incógnitas respecto a los once contratos paralizados por la investigación, que se volverán a licitar, y las empresas encausadas, que no han sido inhabilitadas como pedía el Gobierno regional. Sin embargo, queda todavía un largo recorrido judicial para conocer cómo acabará esta trama.