Ocho de cada diez pisos turísticos del litoral cántabro no están registrados

Pero este no es un caso único: las viviendas turísticas en el litoral cántabro operan, en su mayoría, a la sombra de la legislación y sin pasar por el registro. En concreto, lo hace el 81% de los principales núcleos turísticos de la región: Santander, Suances, Castro Urdiales, Ribamontán al Mar, San Vicente de la Barquera y Noja. Otro ejemplo, el de Santillana del Mar, donde solo aparecen ocho viviendas en los registros del Ejecutivo, según los últimos datos actualizados al mes de noviembre. Pero según el último estudio del Instituto Nacional de Estadística (INE) que analiza las viviendas vacacionales ofertadas, en este municipio hay en realidad 153 viviendas de uso turístico: es decir, un 95% de ellas se encuentra oculta frente a la Administración.

Las que no aparecen están cometiendo una infracción «muy grave» según el Decreto, que comenzó a operar en marzo de 2020, en vista de cómo el fenómeno de los pisos de alquiler vacacional, impulsado por las plataformas colaborativas, crecía de forma exponencial. Sirvan de ejemplo las cifras comparativas entre 2020 y 2022: entre el verano de la pandemia y el último, el número de viviendas publicitadas en estos espacios creció en casi 1.400, un 30%. Este Decreto pretende regular las reglas del juego para no perjudicar al resto de agentes económicos, ya que este tipo de alojamientos vacacionales «hacen competencia directa a la industria hotelera», reconoce el texto.

Y aunque el fenómeno de los pisos turísticos se da en toda España, las cifras de Cantabria son especialmente alarmantes si se comparan con comunidades del entorno. En el País Vasco, principal competidor de la región en materia turística, el 93% de las viviendas con fines vacacionales están registradas legalmente ante el Gobierno Vasco. En Navarra, la proporción es del 87%. Y en toda Cantabria, según las últimas cifras facilitadas por la Consejería de Turismo, solo están inscritas en el registro el 16% de ellas, aunque en verano el porcentaje era aún inferior: el 10%.

Los datos del departamento dirigido por Javier López Marcano a cierre de noviembre revelan que hay 1.003 viviendas registradas legalmente ante la Dirección General de Turismo frente a las 6.281 que aparecen en los portales principales de alquiler vacacional y que han sido desveladas por la estadística del INE, por lo que hay 5.200 pisos turísticos operando a la sombra de la legislación. Al millar ya registrado se añaden otros 689 alojamientos en proceso de tramitación. Más de 200 han sido canceladas desde la entrada en vigor del Decreto.

Las medidas de control de la Consejería de Turismo pasan por la apertura de expedientes y la imposición de multas. Desde que entró en vigor la normativa, en el año 2020, el Ejecutivo regional ha abierto 78 expedientes por no estar registradas las viviendas ante la Administración, según la Ley Ordenación del Turismo de Cantabria, que contempla multas de entre 6.001 y 30.000 euros, el cierre del establecimiento o la imposibilidad de acceder a ayudas públicas convocadas por el Gobierno durante tres años como máximo. Cuestionados por el funcionamiento de la norma, su eficacia y los mecanismos de control impuestos ante un registro que es obligatorio, desde la Consejería de Turismo no han querido hacer declaraciones a este periódico ni analizar la situación actual sobre las viviendas de uso turístico.

Quienes sí lo han hecho han sido los principales afectados por el incumplimiento de esta legislación, el gremio hostelero. Francisco Agudo, presidente de la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria (AEHC), que representa a buena parte de las empresas hoteleras, hostales, albergues y posadas, considera que «la proliferación de viviendas de uso turístico ilegal supone facilitar la competencia desleal, puesto que se habilita una oferta turística sin cumplir requisitos que deben asumir los demás alojamientos». Entre ellos, Agudo cita la licencia de actividad, no exigida, o estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas.

El líder de la AEHC alerta también de que este tipo de actividad económica en la sombra conlleva que haya una «falta de regulación en materia de legislación laboral y de Seguridad Social», al tiempo que añade que estos alojamientos «alteran la convivencia con niveles de ruido que perturban a los vecinos» y provocan «falta de seguridad e incluso de higiene en zonas comunes».

El Decreto de VUT se está modificando para adecuar algunos puntos de la legislación a un uso más útil y que facilite las tareas administrativas. Entre ellos, se encuentra eliminar la obligación de aportar los estatutos o acuerdos adoptados por la comunidad de propietarios para certificar que no prohíben ni establecen restricciones del uso del inmueble al destino de la vivienda de uso turístico. También se tendrá en cuenta que se pueda practicar un cambio de titularidad en la explotación del alojamiento de uso vacacional, entre otros puntos.