Y la opinión de los expertos dice...

Así, el ahorro bruto será positivo en 158 millones de euros, una cantidad desconocida desde el año 2009. Se alcanzará un ligero superávit no financiero de 1,1 millones. También habrá superávit primario, por valor de 61 millones. Algo que no sucedía, en ambos casos, desde 2005, antes de la crisis.

Habrá un déficit presupuestario de 16,3 millones, frente a los 176 millones del ejercicio 2016, por no hablar de los cerca de 500 millones de 2010 y 2012.

Se incrementará la deuda en un porcentaje reducido ya que no llegará al 0,5%, frente al crecimiento del 7% en el 2016, del 50% en el 2010 y del 57% del 2012. Con el crecimiento del PIB previsto, la deuda en relación con el PIB se reducirá.

Las previsiones de cierre para el presente ejercicio indican que la región va a cumplir el objetivo de déficit. Cantabria ha entrado en la senda correcta de la consolidación presupuestaria. Una buena noticia para el fortalecimiento del estado del bienestar.

No todo son alegrías. El proyecto de presupuesto prevé un gasto de 475 millones de euros para la financiación de la deuda (amortizaciones más intereses), la cifra más alta jamás alcanzada y que contrasta con los apenas 80 millones en los años del inicio de la crisis.

La financiación de la deuda es 1,7 veces superior al capítulo de inversiones previsto. Significa que 1 de cada 5 euros de los ingresos no financieros se utilizan para pagar la deuda y no para programas de inversión. He ahí un lastre que limita la capacidad del presupuesto para impulsar y modernizar la economía regional.

Ya se conoce el proyecto de Presupuesto de Cantabria que nace acompañado de buenas intenciones. Y llega mientras el Presupuesto del Estado de 2018 no entrará en vigor el 1 de enero y será sustituido por la prórroga de las cuentas de 2017, lo que afectará a las infraestructuras pendientes, empleados públicos o entregas a cuenta. Así, nuestra autonomía no sabe si ingresará lo que le correspondería percibir y eso repercute hasta en la falta de nuevas medidas para crear empleo.

La cifra de salida (2.729 millones) es inferior a una gran losa: 3.045 millones de deuda regional acumulada. Se estima un crecimiento del 3,1% en gasto no financiero atisbándose así el reparto de la ‘tarta’ entre consejerías y su impacto sobre el binomio gasto social-inversiones. Dicho cálculo se sitúa por encima de las previsiones más optimistas de crecimiento del PIB. Pero recordemos que el presupuesto es sólo un plan a corto plazo. Eso significa que son notables las diferencias entre lo que se presenta y lo que realmente se gasta en un año. Es decir, hay que evitar ese espejismo y fijarse en el grado actual de ejecución (porcentaje del presupuesto que se ha gastado). Y es que en 2017 diversos factores explican que se gaste e invierta menos de lo que se anunció hace meses: menores importes en entregas a cuenta, ayudas estatales, venta de inmuebles... Para el examen individual queda si los incumplimientos son culpa de Cantabria o del Estado. Mientras tanto, diariamente se acude al recurso de la deuda, al retraso en el pago a proveedores o a afrontar con recursos propios vencimientos de crédito.

La previsión de ingresos es muy optimista y más aún si en el trámite parlamentario se retoca una elevada presión fiscal que sólo se explica desde nuestra posición VIP en un modelo de financiación autonómica que será reformado próximamente y dónde Cantabria no debe renunciar a nada.

La ‘ilusión’ de los presupuestos supone que no van a ser definitivos pues créditos extraordinarios, ampliaciones o transferencias harán que muchas partidas acaben en papel mojado y otras crezcan como la espuma. Empieza el baile.

Como todos los años por estas fechas, la presentación del Proyecto de Presupuestos en el Parlamento regional es motivo de debate, con los consabidos apoyos por parte de los partidos que sustentan al Gobierno y las correspondientes críticas de los que están en la oposición. Lo verdaderamente llamativo no es que esto sea así, sino que se preste más atención, mucha más atención, al proyecto que a su ejecución. Lo que importa de un presupuesto, más que su proyecto, que también, es cuánto se ejecuta y cómo se ejecuta. Y aquí, lamentablemente, el debate brilla por su ausencia.

Yendo, en todo caso, al Proyecto de Presupuesto para 2018, mi impresión es que se ajusta bastante bien a lo que se puede hacer. Desde el lado del gasto, un incremento del 3,1% del gasto no financiero parece razonable, como también lo parece que se promueva la inversión real en detrimento, parcial, del gasto corriente, y que se prime el gasto social. Del lado de los ingresos, como en torno al 80% viene del sistema de financiación autonómica no hay mucho que rascar; además, los cambios introducidos en los impuestos de Sucesiones y Patrimonio aportarán menos del 1% del Presupuesto, por lo que considerarlos como una reforma tributaria y discutir sobre ello me parece un poco exagerado.

¿Dónde se encuentran, entonces los puntos débiles del presupuesto? Pues, desde mi perspectiva y básicamente, en cuatro ámbitos. Por un lado, en la previsión de crecimiento del PIB para el próximo año: estimarla en un 2,8%, cuando a nivel nacional se están produciendo revisiones a la baja, me parece un poco optimista; de no alcanzarse esta cifra, el presupuesto de ingresos se verá algo mermado. Por otro lado, en que el gasto en inversión, aunque fortalecido, es muy pequeño. Por otro, en que el pago de la deuda se lleva un pellizco muy grande del presupuesto; por volumen de gasto se le podría considerar como la ‘tercera consejería’, después de Sanidad y Educación. Y, por último, en que, por ausencia de un presupuesto nacional, existen algunas incógnitas acerca de la cuantía de ciertas transferencias finalistas.

Como cada año, asistimos a la presentación pública del proyecto de Presupuestos de nuestra región y les confieso que temo tanto las certezas como los interrogantes que suscita. Una de las certezas es que se pretende aumentar el gasto y la pregunta es de dónde saldrá el incremento de ingresos suficiente para hacerles frente, puesto que, de no ser así, será necesario suscribir más deuda, tal y como ha ocurrido en los últimos ejercicios presupuestarios (otra certeza).

Según parece, el aumento previsto en los ingresos (demasiado optimista a mi juicio) se fía a la subida de la recaudación por la mejora de la situación económica y a un retoque al alza, entre otros, de las tasas, el impuesto sobre el patrimonio, los impuestos sobre herencias, algunas donaciones y transmisiones de bienes entre particulares (automóvil o vivienda, por ejemplo) que, tal y como el Gobierno estima, arroja la nada baladí cifra de 20 millones de euros.

El problema es que la renta per cápita media de Cantabria ha disminuido de 24.500 euros en 2008 a 21.500 euros en 2016. Esto significa que cada cántabro, en media, ha perdido 3.000 euros de poder adquisitivo durante la crisis. En este contexto, no parece que se deban subir impuestos que incidan sobre las clases medias que, desde 2016, ya soportan, de hecho, el cuarto IRPF más gravoso de España. Quizás sea más razonable dejar ese dinero en manos de los contribuyentes cántabros que lo gastarán y/o ahorrarán y, por ello, volverán a pagar impuestos que revierten de nuevo en la administración.

Además, se pretende terminar con el bajo gravamen que soportan las herencias, única ventaja comparativa impositiva de Cantabria, una comunidad autónoma con una tasa de envejecimiento superior a la media y vecina de los fiscalmente competitivos territorios forales.

En todo caso y al margen de las cifras y medidas fiscales que finalmente se aprueben en el Parlamento, Cantabria debe racionalizar el gasto y reducir la abultada deuda que lastra las cuentas públicas tanto presentes como futuras.

El Gobierno de Cantabria plantea sus presupuestos para 2018 y los cántabros palpan sus bolsillos preguntándose ¿Cuánto nos costarán este año?.

Desde 2015, cada año, nos amenazan con subidas de impuestos. En 2016, y mientras que el Estado bajaba el IRPF, el Gobierno de Cantabria lo subía poniéndonos, junto con Cataluña, Asturias, Andalucía y Valencia, en el grupo de comunidades autónomas que pagan un mayor tipo impositivo. Incluso, en 2017 y a punto de acabar el año, nos sorprenden con un incremento, casi póstumo, del Impuesto de Patrimonio.

Los consejeros se esfuerzan en contarnos lo mucho que va a crecer el gasto en 2018 y lo bien que lo van a repartir por consejerías pero, apenas explican de dónde van a salir esos recursos.

Gran parte de ellos vendrán del Estado a través de la financiación autonómica que, en 2018, le dará a Cantabria 80 millones de euros más que en 2017, un 4,6% más.

Aun así, el Gobierno de Cantabria plantea una reforma fiscal. Suben un 20%, con efecto desde 2017, los tipos impositivos del Impuesto sobre Patrimonio. Con ello, acompañaremos a Galicia y Andalucía como comunidades con tipos más altos.

Elevan la tributación de los familiares más cercanos en el Impuesto sobre Sucesiones. Es decir, los cónyuges e hijos que hereden en 2018, volverán a pagar un impuesto que hoy no pagan. Curiosamente, reducen la tributación de las donaciones y la de los herederos con parentesco más lejano.

Incrementan un 25% el impuesto que pagamos cuando compramos viviendas de segunda mano. Justo cuando el mercado de la vivienda empieza a despegar el Gobierno de Cantabria decide llevarse un 10% del precio en lugar del 8% actual. Con Valencia, Cataluña y Galicia pasaremos a tener el tipo impositivo más alto. Y también duplican el impuesto que pagamos al adquirir vehículos usados, que en concreto pasa del 4% al 8%. A la vez, proponen rebajar el tipo impositivo del Impuesto de Matriculación a los vehículos más contaminantes y a las embarcaciones de recreo.

En resumen, con esta «equitativa reforma» sacarán de los bolsillos de los cántabros 24,5 millones de euros más durante 2018, lo que supone unos 43 euros por ciudadano. ¿Estamos dispuestos a pagar este precio?

El Gobierno cántabro propone gastar 128 millones más: 48 de ellos para amortizar deuda con los bancos, 23 para nóminas de funcionarios y 7 para gastos en suministros. Es decir, un 61% de la subida neta simplemente se destina a la supervivencia de la maquinaria autonómica.

El otro 39% tiene como destinos principales la inversión real (24 millones), las ayudas a la inversión ajena (7 millones) y las subvenciones corrientes (17 millones). El alza en subvenciones corrientes, trascendente en un año preelectoral, brilla en los departamentos socialistas: suman 5,4 millones el ICASS y 5,3 el Servicio Cántabro de Salud, además de un plus de 2,5 millones en la vicepresidencia.

El aumento del gasto, pues, se concentra en lo ya existente y en la pedrea de las subvenciones: todo ello representa 95 de los 128 millones adicionales. Tres cuartas partes.

Aunque, en la cuarta restante, un global de 184 millones para inversiones reales suena estimulante, en verdad ese es el capítulo que menos se suele ejecutar, porque la inversión requiere mucha tramitación. A 31 de octubre pasado, Cantabria tenía aún sin ejecutar casi 100 millones de 160.

En términos de correlación de fuerzas, singularidad cántabra: los cuatro consejeros socialistas gestionarán 2.000 millones, mientras que los cuatro regionalistas no llegarán a 380 millones. Un 84% frente a un 16%. El socio júnior, con cinco escaños, maneja cinco veces más dinero que el sénior con doce. Y sube 65 millones, por 22 del partido presidencial.

Estadísticas: Cantabria está en la cola del crecimiento económico y en la cabeza de la destrucción anual de empleo. Apenas se aprecia en el proyecto de 2018 corrección de la filosofía económica con que ha transcurrido esta legislatura. Ofrece sencillamente «más madera». El presupuesto mira más a las elecciones que a las soluciones. El disgusto de los agentes económicos y sociales ha sido público. Cantabria necesita acelerar la recuperación y eso difícilmente se logrará sólo con efusiones de gasto corriente. Por otro lado, elevar la cifra de inversión sin proyectos realizables sobre la mesa puede acabar teniendo efecto bumerán, por las expectativas insatisfechas.