La oposición culpa al «sectarismo» del PSOE de los conflictos con Padre Menni y en las ambulancias

El apoyo del PRC a su socio de Gobierno permitió que no salieran adelante ninguna de las dos proposiciones no de ley que se debatieron. La primera, impulsada por Cs, reclamaba la actualización del convenio con Padre Menni para evitar que la institución tenga que poner de su bolsillo los cerca de dos millones de euros al año que les cuesta la asistencia sanitaria a los cerca de 360 usuarios con plaza concertada. Lo que pedía la iniciativa que defendió Félix Álvarez era que Sanidad dote a Padre Menni de 28 médicos y 28 enfermeros para cubrir sus necesidades o que pague el dinero que le supone al centro asumir estos servicios.

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Daniel Martínez

El debate se produjo después del preacuerdo al que llegaron el viernes, después de semanas de choque, las dos partes implicadas. Un preacuerdo que implica introducir ya algunas mejoras y renegociar por completo el convenio de colaboración antes de febrero. Para Álvarez, lo que ha hecho la Consejería es «dar una patada hacia adelante». Y anticipa que llegará la fecha marcada y no se habrá avanzado nada. Desde el PSOE, Paz de la Cuesta reconoció que «las circunstancias han puesto de manifiesto que las condiciones del convenio actual –data de hace una década– no eran las más adecuadas». Por eso felicitó a Sanidad por comprometerse a no prorrogar más este convenio y crear uno nuevo.

«No ha habido un acuerdo, ha habido un principio de acuerdo», respondió César Pascual (PP), que lamenta que el pacto no concreta nada y se ha alcanzado después de «un largo camino de coacciones y amenazas» por parte de Sanidad contra la institución. Más sorprendente fue la postura regionalista. Apoyó los argumentos de la oposición, pero votó en contra porque entendía que el acuerdo definitivo no se podía cerrar en menos de un mes. Cuando Cs retiró esa exigencia temporal para conseguir el voto del PRC, estos siguieron sin respaldarlo.

En cuanto al contrato de ambulancias, lo que pedía el PP era sacar ya el nuevo pliego, como había anunciado el exconsejero Miguel Rodríguez, y descartar la idea de asumir la gestión pública del servicio. Para la diputada Isabel Urrutia la decisión de «nacionalizarlo al estilo Venezuela» ya está tomada y el informe elaborado por la Consejería que dice que la gestión pública sería más barata que la privada está manipulado y «solo sirve para vestir una decisión».