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CONSUELO DE LA PEÑA
Domingo, 1 de septiembre 2019, 08:05
Casi dos meses después de la toma de posesión de los nueve consejeros del Ejecutivo regional, el Gobierno ha completado prácticamente el diseño de su organigrama, aunque la estructura no estará definitivamente cerrada hasta que se resuelvan los concursos convocados para designar a los directores ... generales de seis empresas públicas de gran peso en la política regional: Sodercán (sociedad de desarrollo regional), Sicán (sociedad que gestiona el suelo industrial), MARE (la empresa pública encargada del Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía), Gesvicán (gestión de viviendas públicas), la Sociedad Regional de Educación y Cultura y Cantur.
A falta de culminar este proceso, todas las consejerías, excepto Empleo y Políticas y Sociales, con tres vacantes, e Industria, a la espera de designar al responsable de la Dirección General de Comercio y Consumo, que será una mujer para cumplir la Ley de Igualdad, han concluido los nombramientos y están a pleno rendimiento para encarar el curso político que comienza en septiembre.
El Gobierno de esta novena legislatura ha ganado grasa, un sobrepeso que costará a todos los cántabros medio millón de euros anuales más, aunque no se ha producido ninguna revolución. Una novena consejería -la de Empleo y Políticas Sociales-, seis direcciones generales nuevas y diez subdirecciones más engordan una estructura que contará con un total de 81 altos cargos, 16 más que en el mandato anterior del bipartito PRC-PSOE, y que ha obligado a modificar parcialmente la estructura orgánica básica de las consejerías para adaptarla al nuevo reparto de competencias establecido en el pacto de legislatura suscrito en junio por regionalistas y socialistas.
Si algo caracteriza la nueva configuración es la continuidad y experiencia de los equipos técnicos que asesorarán a los cargos políticos durante los próximos cuatro años, lo que ha facilitado los nombramientos. De hecho, la única Consejería rezagada, la de Empleo y Políticas Sociales, es de nueva creación, lo que ha dificultado la designación de altos cargos y personal de confianza.
Cinco de los nueve secretarios generales de las consejerías, un rango de la Administración regional que se cubre con funcionarios del Cuerpo Superior de Administradores y por lo tanto con perfiles de carácter técnico, repiten en el cargo. Sólo se estrenan los de Educación, Economía y Hacienda, Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte y Empleo y Políticas Sociales.
Pero para continuidad y experiencia la de los consejeros regionalistas y sus equipos. Paula Fernández, titular de Presidencia y Justicia, fue jefa de Gabinete de Rafael de la Sierra en la anterior legislatura, por lo que conoce perfectamente los entresijos de este departamento, en el que mantiene a buena parte del organigrama (Ángel Ruiz, en Tecnología; Bernardo Colsa, en Servicios y Atención a la Ciudadanía, aunque acabará en la dirección de Cantur cuando se resuelva el concurso; y Pablo Ortiz, en Justicia). Se incorporan la exdiputada Rosa Valdés a la Dirección General de Administración Local, Isabel Barragán a Función Pública, Jezabel Morán a Interior y Ana García Barredo al Servicio Jurídico.
El consejero de Innovación, Industria, Transporte y Comercio, Francisco Martín, también encadena equipos. Renuevan todos: Felipe Piña (Transporte y Comunicaciones), Raúl Pelayo (Industria, Energía y Minas) y Jorge Muyo (Innovación y Desarrollo Tecnológico), a falta de designar al responsable de Comercio y Consumo, que será una mujer.
José Luis Gochicoa, que se mantiene como heredero de José María Mazón en Obras Públicas, una de las consejerías que más crece al absorber obras hidráulicas, evaluación ambiental y el ciclo integral del agua, refuerza a Manuel del Jesús como director general de Obras Públicas, y saca a Francisco Javier Gómez Blanco de Vivienda para colocarlo al frente de la Urbanismo y Ordenación del Territorio con el reto de dar luz verde a los planes de urbanismo.
La gran novedad en el organigrama se produce al frente de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, donde se encuentra el que fuera mano derecha de Revilla durante 20 años. Guillermo Blanco mantiene y refuerza a Antonio Lucio en Medio Rural al asumir también el área de Medio Ambiente, órgano decisivo para la aprobación de la nueva Ley del Suelo y el Plan de Protección de Ordenación del Territorio (PROT), y el desarrollo eólico. Continúa también la responsable de Pesca, Marta López. Además rescata a la exdirectora del Centro de Investigación y Formación Agrarias (CIFA) María Luisa Pascual Mínguez para la Dirección General de Desarrollo Rural, y a Beatriz Fernández para Ganadería, donde ya estuvo en la anterior legislatura.
Marina Lombó, nueva al frente de Educación, con el apéndice del Turismo, ha renovado todos los cargos, excepto a Eva Bartolomé que seguirá al frente de Turismo. Lombó incorpora al exconsejero Jesús Oria como director de Centros Educativos; al exconcejal de Laredo Ricardo Lombera en Formación Profesional; a Francisco Javier Gutiérrez en Personal Docente y Ordenación Académica y a Mercedes García, en Innovación e Inspección Educativa.
La mayor renovación se produce en los departamentos socialistas, donde Pablo Zuloaga ha hecho una 'limpia' sin concesiones para que no queden dudas de que está al mando del nuevo PSOE. En su consejería, Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, solo repite Eva Ranea en Cultura, e incorpora a la exdiputada Silvia Abascal a Cooperación y Desarrollo y a Irene Lanuza a Juventud, que con sus 26 años se convierte el alto cargo más joven del Ejecutivo.
El consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, ha puesto caras nuevas en todas las direcciones generales, y lo mismo ha hecho Ana Belén Álvarez en Empleo y Política Social, donde ha recuperado a la exlíder del PSOE en Santander Eugenia Gómez de Diego para Vivienda. En Economía, María Sánchez sólo mantiene al interventor general, Pedro Pérez Eslava.
A falta de cubrir las vacantes, en el organigrama sigue habiendo más hombres (35) que mujeres (31).
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